Sánchez salva la votación gracias a una enmienda que en teoría 'blinda' la amnistía

Doce horas de «montaña rusa» parlamentaria en la que el Gobierno pasó por todos los estados anímicos que existen: de la esperanza al temor, de los nervios al «abismo», del funeral a la euforia. Y un giro de guion inesperado: la abstención de Junts a participar en la votación, que salvó a Pedro Sánchez de una triple derrota parlamentaria en la que el marcador quedó en un 2 a 1. Pedro Sánchez logró sacar adelante su escudo social, la rebaja del IVA a los alimentos básicos, la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, pero también su llamado decreto ómnibus, que incluye la polémica cuestión prejudicial que afecta a la ley de amnistía. Paradójicamente, la negativa de los de Puigdemont a participar en la votación permitió la aprobación del cuestionado real decreto, pero a cambio Junts obtuvo garantías de que se blindará la aplicación de la ley de amnistía. 

Minutos antes de que se produjera la segunda votación en el Senado, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, compareció ante los medios para exhibir el botín obtenido a cambio de salvar al Gobierno, entre los que destacó el «blindaje de la amnistía» a través de la «anulación del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil». Una cuestión que el Ejecutivo siempre ha alegado que «no se podía eliminar porque se trata de la transposición de una directiva europea». Pero, aunque no es la única, esta es la pieza de caza mayor que se cobraron los postconvergentes en la recta final de la negociación para no tumbar medidas clave del Gobierno de Sánchez. 

Una enmienda a la amnistía «la semana que viene»

Las fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que «hay un compromiso político para eliminar el 43 bis de la Lecrim». Esto se haría a través de «una iniciativa parlamentaria» que se pretende aprobar antes de la ley de amnistía en el mes de abril para garantizar su cumplimiento. En contra de sus propias palabras hace pocas horas, el Gobierno entiende ahora que «hay una opinión jurídica contradictoria entre distintos actores. Están los que piensan que no afecta a la amnistía, como ERC, y lo que piensan que sí afecta a la amnistía, como Junts, y lo que hace el Gobierno es eliminarlo para resolver esa discrepancia». 

Fuentes de Junts consultadas por este diario aclaran que esa iniciativa se materializará «la semana que viene en una enmienda a la ley de amnistía que votarán todos los socios». El compromiso del Ejecutivo es que se apruebe «cuanto antes» para aclarar el efectividad de la medida de gracia concedida por el PSOE. Una noticia que ha pillado con el pie cambiado a su competidor en Cataluña, ERC, en la medida en que los republicanos descontaban que «no habrá enmiendas si no hay consenso y no parece que vaya a haberlo».

Sin embargo, la iniciativa podría ser un brindis al sol porque fuentes jurídicas consultadas por este periódico sostienen que «no tendrá ningún efecto» porque es una regulación «perfectamente prescindible, que no hace más que repetir lo que ya dispone el Derecho de la UE». Como defendió el propio Gobierno hasta ahora, juristas de primer nivel sostienen que «la cuestión prejudicial siempre suspende la aplicación de la ley interna cuestionada y eso España no lo puede cambiar».

Sánchez tapa los acuerdos con Junts

En cualquier caso, estamos en nuevo giro de 180 grados del Gobierno respecto a los postulados que defendió el ministro proponente del decreto, el titular de Justicia, Félix Bolaños, quien se lamentó en diciembre del «malentendido» con Junts y aseguró que el decreto aprobado este miércoles es «un compromiso adquirido por España con la Unión Europea para desembolsar 10.000 millones de euros». De igual forma, la semana pasada, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, rechazó cambiar esta cuestión en su reunión el secretario general de Junts, Jordi Turull, el pasado martes en Barcelona. Fuentes socialistas aseguraron que lo que le transmitió en privado Turull a Cerdán es que «comprendía que no se podía hacer nada» sobre la transposición de una directiva europea y que «no se puede evitar». 

Por este motivo, el PSOE no quiso poner negro sobre blanco los acuerdos que se alcanzaron con sus socios de Carles Puigdemont y evitó mencionar ni una sola de las cesiones a Junts en el comunicado que hizo público el partido socialista. En su lugar, cuatro párrafos para arremeter contra el PP que «ha demostrado que es un partido de estado crispado». Tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso hacer referencia alguna a los pactos con Junts o al blindaje de la amnistía y se limitó a felicitarse porque «bien está lo que bien acaba». Sánchez cargó duramente contra los populares porque «no son capaces de ver más allá de su obligo y anteponer sus intereses partidistas a los de la mayoría».

El último as bajo la manga

Según las fuentes consultadas, este fue el último as bajo la manga que se guardó el Gobierno hasta el final de la negociación con Junts, que lideraron los ministros negociadores María Jesús Montero y Félix Bolaños. La negociación se extendió durante la noche y se prolongó de manera incesante durante toda la mañana del miércoles hasta las 15.00 horas. Fue entonces cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó todas las cuestiones que reclamaba Junts, entre las que se encontraba el blindaje a la amnistía y la polémica reforma de la Ley de Sociedades para incentivar fiscalmente a las empresas que retornen a Cataluña, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. 

Junts dio su conformidad en torno a las 15.00 horas, pero «no comunicó en ningún momento al Gobierno la forma», es decir, que no participaría en la votación. Dicho de otra forma: el Gobierno se enteró «durante la votación» de que sus socios no le dejarían caer. Precisamente por este motivo el Gobierno cambió radicalmente: el funeral de los pasillos se tornó en sonrisas incrédulas primero y en carcajadas con júbilo después. Y por ello, el presidente Sánchez dio plantón al Senado en la primera votación, en contra de lo anunciado por Moncloa, que había confirmado previamente asistencia, y decidió asistir a la segunda, cuando el Gobierno ya había confirmado que salían adelante dos de sus tres decretos. Tensión máxima y contenida durante doce horas que Moncloa admite que podría haber acabado en desastre: «Si no se hubieran aprobado los decretos, la legislatura no habría muerto pero habría quedado seriamente tocada».