Una asociación de víctimas se querella contra Otegi por ayudar a ETA en un asesinato
Dignidad y Justicia solicita a la Audiencia Nacional que reabra el caso archivado por el asesinato de Luis María Hergueta
Arnaldo Otegi. | Alejandra Svriz
La asociación Dignidad y Justicia, compuesta por víctimas de ETA, se ha querellado contra Arnaldo Otegi por colaboración con la banda terrorista ETA. Concretamente, por su participación en el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria Luis María Hergueta Guinea. Un hecho por el que nunca fue condenado, pero sobre el cual la Guardia Civil recabó pruebas recientemente. Por ello, la asociación que preside Daniel Portero solicita al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional la reapertura de la causa.
En el escrito presentado ante la Audiencia, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se recuerda cómo en la mañana del 25 de junio de 1980 Luis Hergueta Guinea caminaba por Vitoria cuando «tres hombres jóvenes sin identificar» lo abordaron «y uno de ellos le disparó en dos ocasiones en la cabeza, falleciendo en el trayecto hasta el puesto de socorro». ETA-pm reivindicó la autoría del suceso el día siguiente: «ETA, organización armada para la revolución vasca, asume la responsabilidad de la ejecución de Luis Hergueta Guinea, organizador de los servicios de seguridad interior y máximo responsable de la represión contra los trabajadores de la empresa Michelin en Gasteiz [Vitoria en euskera]».
En este punto, la asociación querellante recuerda que «al tiempo del asesinato de D. Luis Hergueta Guinea, Arnaldo Otegui Mondragón, El Gordo, era miembro del Estado Mayor de Intervención de la organización terrorista ETApm, al menos desde 1979, órgano que cumplía las funciones del aparato militar y encargado de las acciones terroristas (ekintzas), siguiendo las órdenes del Comité Ejecutivo» de la banda. Su responsable era José Aliesta Urrutia, al que también se dirige la querella.
«Una vez conseguida la información relativa, entre otros, a D. Luis Hergueta Guinea, que fue extraída a D. Luis Abaitua Palacios durante su cautiverio, en el que participó materialmente el querellado Arnaldo Otegi Mondragón, habría sido transmitida con posterioridad a su responsable y del aparato militar y miembro del Comité Ejecutivo de ETA, José Aulestia Urrutia, siéndole válida y eficaz dicha información para ordenar la comisión del asesinato terrorista de D. Luis Hergueta Guinea, el cual se llevó a cabo el 25 de junio de 1980, en Vitoria», expone el escrito.
Delito de asesinato
Por lo expuesto, Dignidad y Justicia solicita que los hechos sean calificados como constitutivos de un delito de asesinato terrorista, y piden a la Audiencia Nacional que se tome en consideración «la necesidad de dotar materialmente de contenido el derecho a la verdad legalmente reconocido a toda víctima de terrorismo, como víctima de vulneración de derechos humanos que es, teniendo en cuenta el altísimo porcentaje de asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA que, hoy día, están sin resolver, siendo el que nos ocupa uno de ellos».
Como indica la querella, el esclarecimiento del asesinato del directivo de Michelin en Vitoria sigue pendiente. La Audiencia Nacional no averiguó en su día quiénes fueron los otros terroristas que acabaron con la vida de Herguetani ni la participación de otros miembros de la banda armada en el asesinato. Sin embargo, el último hallazgo de la Guardia Civil sitúa al actual socio de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi, como colaborador necesario para llevar a cabo el atentado, motivo por el cual la asociación Dignidad y Justicia ha considerado pertinente reabrir el caso.
Los crímenes de Otegi
Los hechos nos remontan al 19 de febrero de 1979. Otegi, alias el Gordo, y otro terrorista llamado Luis María Alkorta Maguregi, alias el Bigotes, «dando cumplimiento a las consignas y órdenes recibidas de la cúpula de ETA-pm», cogieron a Luis Abaitua, director de la planta de Michelin en Vitoria, le obligaron a introducirse en un coche robado, le taparon los ojos con «algodones y gafas oscuras» y le condujeron por diversas calles de la ciudad, «efectuando paradas y cambios de automóvil», hasta llevarlo «a un monte en las proximidades de Elgóibar», en Guipúzcoa.
Otegi y los otros terroristas «tenían preparado un agujero o zulo, excavado en la tierra, y que consistía en un habitáculo de 2,50 metros de largo por 1,50 de ancho y 1,80 de altura, con entrada disimulada por arbustos y ramajes». Allí, el propio Otegi le sometió a un interrogatorio. Permaneció cautivo durante nueve días, hasta el 28 de febrero.
Por ese secuestro no exigieron dinero, pero obtuvieron información y solicitaron que la empresa negociase un nuevo convenio con los trabajadores. La Audiencia Nacional condenó a Otegi y al Bigotes a seis años de cárcel y a indemnizar a Luis Abaitua «por daños físicos y morales». Pero lo que ahora han averiguado los agentes de la Benemérita es que Otegi proporcionó a ETA-pm la información que obtuvo en el interrogatorio de Luis Abaitua mientras estuvo secuestrado. Esos datos fueron claves para que la banda matara al directivo Luis Hergueta un año más tarde.
El Gobierno intercedió
Sin embargo, este hallazgo no fue reflejado en el informe policial entregado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigaba estos hechos en unas diligencias reservadas. Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno ordenó al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), Valentín Díaz, que eliminara las referencias a Arnaldo Otegi en un informe en el que se vinculaba al líder de EH Bildu con un atentado de ETA.
Los investigadores llevaban trabajando desde 2020 en unas diligencias reservadas en la Audiencia Nacional. A mediados de 2023, concretamente en junio, los agentes debían entregar un informe definitivo con el nuevo hallazgo que vincula a Otegi con el asesinato de Luis María Hergueta. En la Fiscalía esperaban dicho dossier para presentar una querella y poder judicializar la causa.
Pero, un mes antes de las elecciones generales, el Gobierno ordenó al general Valentín Díaz eliminar las referencias a Otegi en la investigación. El fiscal general del Estado, Álvaro García, era conocedor de esta investigación secreta, ya que cada vez que cualquier fiscal solicita la prórroga de unas diligencias está obligado a informarle.
Pasaron las elecciones del 23-J, Sánchez conformó Gobierno el 16 de noviembre con el apoyo de los separatistas catalanes y vascos –entre ellos Bildu– y el informe seguía retenido. En diciembre, el fiscal se vio obligado a solicitar una prórroga de la investigación porque no había podido aún presentar su querella puesto que estaba a la espera del dossier policial. Y, finalmente, la Guardia Civil entregó un nuevo informe en el que borraron las referencia a Otegi, pero adjuntaron los anexos con las pruebas que vinculaban al líder de EH Bildu con el asesinato.
