La hija del abogado de confianza de Rubiales sigue 'enchufada' en la Federación de Fútbol
Patricia González ejerce como delegada de Protección de la Infancia y la Adolescencia en la federación
Patricia González, Luis Rubiales y Tomás González Cueto. | Ilustración de Alejandra Svriz
Se marchó Luis Rubiales, pero el rubialismo siguió instalado en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El dirigente granadino dimitió en septiembre, tras ser suspendido por la FIFA por el polémico beso a Jenni Hermoso. Sin embargo, su hombre de confianza continuó «moviendo los hilos», tal y como reconocen varios empleados de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Durante poco tiempo, eso sí, porque en marzo, tras su detención por la Guardia Civil, el ente federativo rescindió el contrato con su despacho, GC Legal. Su sombra es alargada, ya que su hija, Patricia González, continúa «enchufada» como delegada de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Rubiales se convirtió en presidente de la RFEF en mayo de 2018. El prestigioso abogado desembarcó poco después como asesor jurídico externo de la mano del secretario general del ente, Andreu Camps, fulminado tras la dimisión del dirigente granadino. González Cueto le habría conocido mientras formaba parte de la comisión de arbitraje del Comité Olímpico Español (COE), donde se fraguó la amistad.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que González Cueto se convirtió en el hombre de confianza de Rubiales. Todo pasaba por sus manos. Entre otras cosas, los contratos para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí, ahora bajo sospecha. Pero el abogado no llegó solo. La RFEF fichó a su hija en 2020 con un contrato indefinido a pesar de que su bagaje se limitaba a diferentes periodos de práctica.
Los contratos de Rubiales
La hija de González Cueto llegó a la federación para reforzar el departamento jurídico que, en teoría, dirigía Pedro González Segura, otro de los investigados en la Operación Brody. Cuando apenas llevaba un año trabajando para la RFEF, logró hacerse con otra considerable fuente de ingresos al convertirse en delegada de partidos oficiales de competiciones de la UEFA, como adelantó El Confidencial. Para entonces, Rubiales ya ejercía como vicepresidente del organismo que rige el fútbol europeo.
«No sabemos cómo lo hizo, pero sí que solo lo consiguen los elegidos», reconocen algunos trabajadores de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Patricia González también formó parte del equipo de la RFEF que negoció la puesta en marcha de la Liga Femenina. Este meteórico ascenso se completa con su designación como delegada de Protección de la Infancia y la Adolescencia. La RFEF aprobó el 31 de marzo del año pasado su primer protocolo para prevenir riesgos y formar a los profesionales del fútbol que están en contacto con menores.
La misión de Patricia González es asesorar a los profesionales de la RFEF y liderar la estrategia de protección, lo que le ha llevado a impartir numerosas conferencias, organizar actividades formativas y a reunirse con los responsables de las federaciones territoriales, ya que se encuentra en «la cúspide de esa pirámide», según indicó en enero Felipe Sánchez-Pedreño, director del Departamento de Integridad y Protección de la Infancia en la federación.
La UEFA creó este programa en 2015 con la misión de encontrar fórmulas para utilizar el fútbol y su poder social para apoyar y defender a los más pequeños. Fuentes de la RFEF confirman a THE OBJECTIVE que la hija de González Cueto continúa trabajando para el ente federativo, aunque descartan hacer comentarios sobre el personal.
Comisiones externas
Este diario no ha conseguido obtener información sobre los emolumentos de Patricia González, ya que los salarios son confidenciales. Algunos empleados admiten sus reticencias con que siga en la RFEF, ya que podría disponer de «información privilegiada» ahora que su padre está investigado en una causa judicial. El abogado llegó a la federación como arquitecto jurídico de Rubiales y principal ariete en la encarnizada guerra con LaLiga y su presidente, Javier Tebas.
La federación creó a mediados de 2019 una serie de organismos autónomos para controlar la gestión del ente federativo en los que el abogado tuvo un papel esencial. En esos mecanismos destaca el Comisionado de Control Externo, que tenía la misión de supervisar y emitir un dictamen previo preceptivo «sobre todos los contratos que impliquen un ingreso o un gasto superior a 30.000 euros anuales».
Juan Rubiales, tío y ex jefe de gabinete del antiguo presidente de la RFEF, explicó a la Guardia Civil el papel «preponderante» que adquirió González Cueto con un cargo que, a su juicio, había sido creado ad hoc. En contraprestación, el abogado recibiría una remuneración cercana a los 300.000 euros anuales. De hecho, los beneficios de su despacho se multiplicaron tras su desembarco en el ente federativo. GC legal cerró el ejercicio 2017, el año anterior a que Rubiales se hiciera con la presidencia de la federación, contaba con ocho empleados y una facturación total de 696.000 euros.
Durante el mandato del dirigente granadino, el bufete de González Cueto recibió 4,2 millones. Los investigadores del caso Brody subrayan que los ingresos de GC Legal provenientes de la RFEF pasaron de ser el 18% del total de las operaciones en 2018 a una media en torno al 50% entre 2019 y 2021. El propio expresidente de la federación llegó a afirmar en una de las conversaciones telefónicas intervenidas que el despacho del abogado había crecido gracias a él: «Facturaba 500.000 euros y ahora 3 millones».
Pagos a González Cueto
Los investigadores sospechan que González Cueto fue el cerebro de Rubiales en la firma de los contratos que están bajo sospecha: los de la Supercopa en Arabia Saudí y la reforma del Estadio de La Cartuja en Sevilla. Una de las empresas agraciadas, Gruconsa, habría efectuado pagos a una empresa de un socio del expresidente de la RFEF. De esa cantidad, unos 88.300 euros podrían haber acabado en las cuentas del abogado.
El informe policial al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE asegura que González Cueto recibió dos pagos por valor de 88.300 euros «cuya justificación se desconoce». Los investigadores afirman que ambos reintegros coinciden en cuantía y tiempo con dos transferencias realizadas por la constructora Gruconsa a la empresa del socio de Rubiales. El primer abono, de 42.350 euros, tuvo lugar el 8 de julio de 2021. El segundo, realizado el 4 de agosto, el montante ascendió a 45.980 euros.
Gonzalez Cueto fue uno de los detenidos el pasado 20 de marzo. Solo un día después la RFEF rescindió el contrato con su despacho, GC Legal. Una decisión que casi le cuesta la inhabilitación a Pedro Rocha, proclamado presidente interino este viernes y la persona que deberá decidir el futuro de Patricia González en la federación.
Entretanto, el abogado ha pedido al juez que declare nulas las actuaciones de la Guardia Civil en su contra: desde los seguimientos e intervenciones telefónicas, pasando por la documentación incautada en las entradas y registros hasta su detención. González Cueto sostiene que las diligencias realizadas vulneran el secreto profesional, ya que en ellas existen conversaciones con su cliente, Luis Rubiales.
