El 20% de los secretarios judiciales sigue siendo interino un año después de la huelga
Los sindicatos denuncian que la tasa de temporalidad es «excesiva» y que las convocatorias de plazas son «insuficientes»
Sofía Puente y Félix Bolaños con los representantes sindicales a finales de abril. | Raúl Salgado (Moncloa)
El 20% de los letrados de la Administración de Justicia continúa siendo interino. Una situación que no cambió la huelga de dos meses a principios del año pasado. Los antiguos secretarios judiciales arrancaron al Gobierno un aumento salarial de 450 euros al mes en marzo, aunque quedó aplazado por las elecciones generales. Los profesionales amenazaron con retomar las protestas y llevar el asunto a los tribunales. El compromiso comenzó a aplicarse el pasado octubre. Los sindicatos denuncian ahora que la tasa de temporalidad sigue siendo «excesiva» y reclaman más plazas porque las convocatorias actuales son «insuficientes».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró el año pasado en 3.449 los letrados de la Administración de Justicia que ejercen como titulares y 640 los sustitutos. La plantilla está estimada en 4.462 empleados públicos, por lo que existirían 621 vacantes. Sin embargo, los últimos datos aportados por el Gobierno revelan que existen 871 secretarios judiciales en régimen de interinidad.
Los datos aparecen en una respuesta parlamentaria fechada el pasado 22 de febrero a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El PP preguntó al Gobierno el número de letrados de la Administración de Justicia sustitutos que en esos momentos estaban realizando sus funciones. La mayoría del personal interino se concentra en Cataluña, donde existen 234 profesionales en esa situación.
871 interinos
En este particular ranking le sigue Andalucía, donde hay 133 secretarios judiciales interinos. Las cifras también son alarmantes en Valencia (90); Galicia (61), Castilla-La Mancha (53) y País Vasco (49). Al otro lado de la moneda aparecen Navarra (6), La Rioja (7) y Cantabria (9).
«La tasa de temporalidad en estos momentos es claramente excesiva», admite Juan José Yáñez, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Su sindicato lleva años reivindicando una mayor regularidad en las convocatorias de oposiciones, ya que se ha pasado de hacerlo de forma anual a demorarlas durante dos o tres años.
La semana pasada se incorporaron 184 integrantes de una nueva promoción, existe un proceso en curso de 144 plazas y todavía está pendiente la convocatoria del año pasado, con 254 plazas. Aún así, la cifra es «insuficiente». Un estudio reciente elaborado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) revela que es necesario convocar 1.704 plazas en los próximos años, lo que supondría 340 al año. Solo de esa forma, advierten, se evitará la «desertización del Cuerpo».
El documento concluye que el Ministerio de Justicia «debe abordar una política decidida de convocatoria regular, continuada y en cifras elevadas» en el próximo lustro para reponer a los profesionales. El número de bajas aumenta porque muchos hacen uso de la jubilación anticipada. Tanto que en los próximos años, según el informe, podrían abandonar siete de cada 10 letrados de la Administración de Justicia de la franja de edad de 60 a 65 años.
Servicio de calidad
«Es necesario que el ministerio planifique adecuadamente la reposición del personal con la convocatoria de suficientes plazas para garantizar un servicio público profesional de calidad. También es necesario que las convocatorias sean regulares y respeten un cronograma fijo para que los jóvenes graduados en Derecho que decidan preparar nuestra oposición sepan a qué atenerse y a cuantas convocatorias se podrán presentar en su ciclo opositor», insiste Yáñez.
El portavoz de UPSJ reconoce que no es una tarea sencilla, ya que desde hace más de una década está activa la tasa de reposición, que limita el número de plazas que se convocan. Ese es el motivo por el que no se abordó el tema en marzo del año pasado, cuando sindicatos y Gobierno cerraron un acuerdo para finalizar la huelga de dos meses que puso en jaque la justicia, obligando a interrumpir más de 400.000 juicios y vistas y a demorar más de 500.000 de demandas.
Además del aumento salarial, se acordó la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados. Entre otras cuestiones, debe servir para «eliminar la cuarta categoría», establecer el régimen de los encargados del Registro civil, regular el régimen de libranzas y garantizar la efectividad de la audiencia a las asociaciones. «No se reclamó acabar con la interinidad, pero se dejó constancia de que el sistema maltrata a los opositores porque no salen plazas con regularidad», insiste Yáñez.
El Gobierno tomó nota de la situación y parece decidida a enmendarla. El pasado 25 de abril, los sindicatos se reunieron con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. Las asociaciones profesionales lo califican como «un encuentro cordial» que sirvió para repasar cuestiones pendiente de los profesionales del Cuerpo. Pidieron convocar más plazas y un calendario regular de oposiciones.
«Plazas insuficientes»
«El ministro se mostró sensible con el tema de la interinidad. Se resuelve un poco con la entrada de 184 compañeros de la nueva promoción, pero son aún insuficientes. Nos ha explicado que quieren convocar más plazas en los próximos años», revela Yáñez. El departamento que dirige Bolaños también está pensando en aumentar el número de becas para opositores a letrados de la Administración de Justicia.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) coincidió con el ministro en «la necesaria» renovación del CGPJ, ya que «el retraso está empezando a afectar el funcionamiento de la Justicia». Yáñez reconoce que en la reunión de hace dos semanas, también se trataron los proyectos de modernización del ministerio, como el proyecto de Ley Orgánica de medidas para la eficiencia del servicio público de Justicia.
