Una juez oculta cinco meses un informe del fiscal e impide que tres niños vean a su padre
El documento defendía que el progenitor pudiera encontrarse con los menores sin supervisión de la Administración
Un padre pasea con sus hijos por el campo. | Juliane Liebermann (Unsplash)
Cinco meses. Ese es el tiempo que se ha prorrogado la condena de un padre divorciado, que solo puede ver a sus tres hijos en un punto de encuentro y con la intervención de un mediador. Y eso, a pesar de que los técnicos y la Fiscalía lo creen innecesario. Una magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Valladolid lleva cinco meses guardando en un cajón el informe de la fiscal que recomienda que el desarrollo de las visitas se realice «fuera de las dependencias» de la Asociación para la Protección del Menor (Aprome). Se trata del mismo juzgado investigado por manipular la declaración de uno de los niños.
El perjudicado ha realizado más de 400 visitas a Aprome desde que un juzgado impusiera este sistema. Dos años y medio realizando el mismo modus operandi: acudir a las dependencias y sentarse con sus tres hijos alrededor de una mesa con la mirada omnipresente de un mediador. El pasado 26 de febrero el punto de encuentro remitió un informe al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer para cambiar esa situación.
«Debido a que a partir del 25 de marzo de 2024 habrán transcurrido dos años desde el inicio de la intervención, se propone la finalización efectiva de la intervención», señala un informe de Aprome al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El documento, de apenas tres páginas, recomendaba que la conclusión de esta fórmula no debía implicar la suspensión ni la interrupción en la relación paterno-filial establecida entre el padre y sus hijos.
La postura de la fiscal
El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer trasladó el informe a las partes y al Ministerio Público, a los que concedió cinco días para que alegaran. La madre, como cabía esperar, se opuso a que su exmarido viese a los niños sin supervisión de la Administración. La fiscal reflejó su postura en un escrito fechado el 18 de marzo y, aunque defendía que la recogida y entrega de los menores se realizara en el centro de Aprome, instaba a que el desarrollo de los encuentros se realizara fuera de las dependencias y sin intervención de los técnicos.
En estos dos años y medio solo ha ocurrido en una ocasión. Sucedió el pasado mayo con motivo de la comunión de una de las niñas y tras autorizarlo el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valladolid. Ese domingo, el padre de los tres menores pudo acudir a la iglesia vallisoletana donde se celebraba el acontecimiento en virtud de un acuerdo al que llegó con la madre de sus hijos.
La fiscal ya advirtió en su informe de «la disfunción que crea el hecho de la constante presencia física de un técnico en las visitas presenciales frente a la existencia de comunicaciones telefónicas y telemáticas». Después de eso, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer impuso el silencio. Aprome le envío nuevos informes en abril y mayo solicitando el fin de la intervención. En el texto aludía al daño ocasionado a los menores y a la relación paterno-filial, pero hubo ningún movimiento al respecto.
Ante semejante escenario, el padre de los menores denunció ante la Consejería de Familia de Castilla y León «el abandono institucional» en el que se encontraban sus hijos, de 13, 11 y ocho años respectivamente. También resalta la desprotección que sufren por la falta de idoneidad de la madre, algo que el juzgado se niega a valorar. Pero el progenitor no está solo en esa batalla. Aprome también denunció la situación ante la Consejería. Además, alertó del daño que estaba haciendo a los pequeños.
Juzgado investigado
El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer convocó a las partes tras el último informe del punto de encuentro, fechado el pasado 27 de julio. La defensa del progenitor asegura que lo hizo ocultando el informe que remitió la fiscal en marzo. Mediante un auto, y en contra de todos los pronósticos, la magistrada acordó restringir y reducir el número de visitas en contra del criterio de Aprome y sin ningún informe que avalara esa decisión.
El padre se plantó y, «ante la gravedad de los hechos y las irregularidades reiteradas» que se vienen cometiendo, presentó una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el texto alertaba que se trataba del mismo juzgado que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid por la presunta manipulación de un audio en un juicio en el que debió declarar uno de los hijos de la pareja.
Uno de los investigados en el caso es Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia y subordinado de Sofía Puente en el Ministerio de Justicia. Se da la circunstancia de que su marido, el fiscal Manuel Javato, coordinó inicialmente el caso de divorcio entre los padres de los menores, aunque el matrimonio acabó siendo declarado nulo por el Tribunal Eclesiástico de Valladolid.
Los hechos investigados se remontan al 17 de marzo de 2023, cuando uno de los tres hijos de la pareja fue citado para una exploración por parte del Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid. El contenido de la grabación con la declaración del hijo del denunciante, que sería clave en el pleito por la custodia del menor, se hizo en presencia de un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos.
Audio manipulado
Según el informe pericial, el testimonio del niño en sede judicial fue alterado de forma externa, por lo que nunca se ha podido escuchar. El progenitor alega que «es totalmente trascendente para la integridad» del menor «que su declaración pueda ser valorada por terceras personas». Desde que fue solicitada al juzgado por el padre, según la denuncia, la grabación con el testimonio del menor «es del todo inaudible, siendo absolutamente imposible entender sus palabras».
El padre del niño señala que los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en 630 salas judiciales de distintos puntos del territorio nacional (entre ellas las de los juzgados de Castilla y León) se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.
«Es únicamente allí donde la grabación puede ser manipulada por las personas que tengan acceso a la misma, como esta acusación particular demostrará en la instrucción al margen de las diligencias que solicite la Guardia Civil en esta causa», insiste el progenitor y denunciante.
