El CGPJ pacta ampliar la lista de candidatos a la presidencia para desbloquear el acuerdo
Los vocales volverán a reunirse este martes por la mañana para desbloquear la situación
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Los vocales del CGPJ José Eduardo Martínez, José María Fernández Seijo e Isabel Revuelta. | Sergio Pérez (EFE)
Un paso adelante. Ese es el resumen que hacen los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la reunión de este lunes. Un cónclave más, y van cuatro, la elección del presidente ha quedado en el tintero. Todo, cuando apenas faltan tres días para la apertura del año judicial, a la que asistirá Felipe VI. En esta ocasión, los miembros del sector conservador han propuesto incluir nuevos candidatos a la relación de siete nombres que pactaron en la sesión constitutiva. Los progresistas han aceptado esa fórmula, que rechazaban hasta ahora porque la normativa impedía añadir nuevos nombres a los acordados inicialmente.
Los bloques del CGPJ han mantenido reuniones constantes en los últimos días para alcanzar un acuerdo. En previsión de que en este cónclave tampoco hubiese acuerdo, los 10 vocales elegidos a propuesta del PP plantearon a sus colegas que se busquen nuevos candidatos de consenso. Los progresistas, hasta ahora contrarios a esa medida, la han aceptado en un pleno que ha transcurrido de forma «fluida y cordial», aseguran a THE OBJECTIVE fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Los vocales han acordado volver a reunirse este martes a partir de las 10.00 horas para continuar con la negociación.
Todos los candidatos propuestos hasta ahora para presidir el CGPJ y el Supremo (cargos inseparables) son magistrados del alto tribunal. Entre ellos hay cinco mujeres (Esperanza Córdoba, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela y Pilar Teso) y dos hombres (Antonio del Moral y Pablo Lucas). En las tres reuniones previas, Teso y Lucas concitaron 10 votos. En esta ocasión, han sido Ferrer y Lamela las que han alcanzado esos apoyos. Ninguno ha obtenido los tres quintos necesarios, lo que supondría el respaldo de 12 vocales.
Desbloquear el CGPJ
Se trata de uno de los requisitos que incluyeron PSOE y PP en su pacto de finales de junio para desbloquear la renovación del CGPJ tras cinco años con el mandato caducado. El órgano de gobierno de los jueces celebró el pasado 25 de julio el pleno constitutivo de su octavo mandato, después de que los nuevos vocales juraran o prometieran sus cargos ante el Rey. Los vocales propusieron durante la sesión a siete magistrados del Supremo, dos hombres y cinco mujeres.
En esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores, PP y PSOE no pactaron al nuevo presidente del CGPJ. Durante las negociaciones para renovar a sus vocales bajo supervisión de la Comisión Europea, el Gobierno manifestó su preferencia porque fuese una mujer progresista quien presidiera el órgano de gobierno de los jueces. Los populares aceptaron esa fórmula, aunque ahora se desligan de las posiciones de los vocales que propusieron.
Los progresistas quieren que el puesto recaiga en una mujer por primera vez en la historia. Para convencer a sus compañeros tiran de datos. Aseguran que en los ocho mandatos anteriores, el CGPJ ha tenido 10 presidentes varones (los dos últimos interinos), pero ninguna fémina. Además, destacan que las mujeres representan el 57% de la carrera judicial y elegir a una supondría «una legitimación democrática».
Las favoritas son Teso y Ferrer, pero los conservadores descartan cualquier «discriminación positiva» y afirman que Lucas reúne más méritos que el resto de aspirantes. La imposibilidad de llegar a un acuerdo llevó a algunos vocales a sondear la posibilidad de elegir a alguien que no esté entre los siete seleccionados.
El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que puede ser elegido presidente del CGPJ un miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado en el Supremo o, en su defecto, «un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión». La elección de la presidencia apremia para nombrar al centenar de puestos vacantes en la cúpula judicial.