El Gobierno protege con la Abogacía a un alto cargo acusado de manipular un audio
Aitor Cubo declarará el 1 de octubre en la causa que investiga si se adulteró la grabación de un niño de 12 años
Aitor Cubo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Abogacía del Estado defenderá al alto cargo del Ministerio de Justicia acusado de manipular el audio de un menor. El director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, tendrá que declarar el próximo 1 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid como imputado. La causa investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta adulteración de la grabación de un niño de 12 años que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores que se celebró en marzo de 2022.
En una diligencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez acuerda la personación de la Abogacía del Estado para defender al alto cargo. Cubo es subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. La magistrada otorga a las partes tres días desde la recepción del escrito para que formulen alegaciones a través de un recurso de reposición.
El padre del menor, que ejerce la acusación particular, ha solicitado suspender el plazo para interponer cualquier recurso contra la diligencia hasta que reciba el escrito de la Abogacía del Estado porque no le ha sido posible examinar y valorar su conformidad a Derecho. Este órgano, que depende de Justicia, tiene la función de prestar asistencia jurídica a la Administración General del Estado, tanto en cuestiones de asesoramiento y recomendaciones como de representación y defensa.
Justicia en la diana
Los expertos consultados explican que la Abogacía del Estado debe argumentar los motivos por los que se persona en una causa judicial a favor de un alto cargo del Gobierno o de cualquier funcionario público. Insisten en que el órgano dependiente del departamento que lidera Félix Bolaños debe justificar si esa persona está siendo investigada por cuestiones relacionadas por su cargo o bien por motivos personales. Hace apenas unas semanas, el juez del caso Koldo rechazó que defendiera al exsubsecretario de Transportes porque no se había aportado «la autorización de la Dirección General de lo Contencioso habilitante».
En la causa se investiga la posible manipulación de la declaración de un menor en un procedimiento de divorcio en el que participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato, también cuñado del ministro de Transportes. Los hechos se remontan al 18 de marzo de 2022, cuando el hijo mayor del matrimonio, que fue declarado nulo por las autoridades eclesiásticas, compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega.
El juez solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala para no coartar al menor. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces tenía 12 años. El magistrado le preguntó, supuestamente, si prefería vivir con la madre o con el padre.
El audio del niño había sido alterado presuntamente de forma artificial mediante lo que se conoce como «ruido rosa». Al percatarse de que era inaudible e irrecuperable, el padre denunció lo sucedido ante la Guardia Civil en Madrid, donde se ubica la Dirección General de Transformación Digital. Lo hizo al entender que «es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación».
Identifican un «ruido rosa»
«La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial externo realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE), un centro de reconocido prestigio. El documento fue entregado a la Guardia Civil y al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
El progenitor alega que «es totalmente trascendente para la integridad» del menor «que su declaración pueda ser valorada por terceras personas». Los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en las 630 salas judiciales repartidas por el territorio nacional se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.
La primera denuncia por la manipulación del audio se registró en Valladolid, aunque el juez Vega la archivó. Incluso llegó a denunciar al padre del menor por injurias, ya que defendía que el audio no sufrió alteraciones. Más tarde intentó quedarse con la causa al conocer que un juzgado de Madrid había abierto diligencias. La magistrada Susana Trujillano entendió que el delito se había cometido en Madrid, que sería el único lugar donde se habría podido adulterar el contenido de la grabación.
Cubo es responsable del «diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad operativa y que dé soporte al desarrollo y a la explotación de los servicios digitales de implantación por la Secretaría General, que permitan la interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas dentro del ámbito jurídico». La Fiscalía solicitó inicialmente que fuese citado como investigado, pero el 17 de abril cambió de criterio para que lo hiciera como testigo. La juez desestimó la petición.
