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El Tribunal Supremo tumba el dentista municipal de Ada Colau, uno de sus proyectos estrella

El tribunal argumenta que el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias para dar servicios de odontología

El Tribunal Supremo tumba el dentista municipal de Ada Colau, uno de sus proyectos estrella

Ada Colau. | Archivo

El Tribunal Supremo ha rechazado de forma definitiva el plan anunciado en 2019 por el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona, que buscaba implementar un servicio de odontología pública. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña llevó el caso a los tribunales, argumentando una serie de irregularidades legales. Entre los principales puntos de conflicto, se destacó que el Ayuntamiento de Barcelona no poseía la competencia necesaria para ofrecer servicios de odontología, lo que representaba un claro fraude de ley y una duplicidad de funciones ya asignadas a la Generalitat de Cataluña.

En una resolución emitida este miércoles, la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya había desestimado este proyecto impulsado por los Comuns. La sentencia del Tribunal Supremo subraya que la competencia para la prestación y promoción de la salud bucodental corresponde exclusivamente al Servicio Catalán de Salud, dentro del marco de la administración sanitaria de la Generalitat. El fallo recalca que duplicar este tipo de servicios entre dos administraciones públicas no solo es innecesario, sino también ilegal.

El Supremo ha enfatizado que el Ayuntamiento de Barcelona carece de las competencias necesarias para llevar a cabo esta iniciativa, pues estas pertenecen a la Generalitat como autoridad sanitaria. La decisión del Tribunal Supremo es definitiva y no admite más recursos, cerrando así el debate sobre la posibilidad de que el consistorio barcelonés ofrezca directamente servicios de odontología pública. Este veredicto subraya la importancia de respetar las competencias establecidas en materia de salud y la estructura administrativa existente en Cataluña para evitar redundancias y conflictos legales.

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