El juez del 'caso Koldo' cita a declarar al socio de Aldama que contactaba con el ministro Torres
La UCO desveló en un informe que Ignacio Díaz Tapia se mensajeaba con el expresidente de las Islas Canarias
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha señalado hasta cuatro fechas de citaciones para interrogar a cinco investigados –algunos de los que formaban el grupo de Whatsapp de ‘los cuatro mosqueteros’– y a ocho testigos, que son los agentes que aparecen en los informes elaborados en el marco de la causa por la Unidad Central Operativa (UCO). Entre ellos, destaca Ignacio Díaz Tapia, del que la UCO desveló que se intercambiaba mensajes con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante la pandemia relativos a las PCR que la trama comercializaba.
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado acuerda así esta diligencia que fue solicitada previamente por el fiscal del caso, Luis Pastor.
En concreto, cita para el 25 de noviembre a los investigados Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano y César Moreno; y para el 26 de noviembre a Javier Serrano y María Piedad Losada. Ya el 2 y 3 de diciembre tomará declaración los agentes.
En su informe, al que también tuvo acceso Europa Press, el fiscal explicaba que de la investigación se desprende que Díaz Tapia, Escolano Marín, Moreno García, Serrano Costumero y Losada Romo —detenidos por la Guardia Civil en un primer momento— podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales y estarían todas ellos «especialmente vinculadas con Víctor de Aldama» –el conseguidor de la trama–.
Apuntaba además que a los cinco se les podría imputar el delito de integración en organización criminal e, incluso, «por su participación en los pagos realizados a otros investigados que desempeñaban funciones públicas, bien de forma directa o por medio de terceros, también se les ha de imputar a Díaz Tapia, Escolano Marín y Serrano Costumero un delito de cohecho».
Cabe recordar que el último informe de la UCO fue determinante para que el Tribunal Supremo acordara abrir causa contra el exministro José Luis Ábalos por su posible responsabilidad en esta trama que habría buscado lucrarse ilícitamente a raíz de la obtención de contratos públicos para suministrar mascarillas en pandemia.
