El juez del 'caso Koldo' acepta que Hacienda acceda a los datos para determinar el fraude
Ismael Moreno rechaza citar a la funcionaria designada para realizar el informe, tal y como pedía la Fiscalía
Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. | Ilustración de Alejandra Svriz.
La investigación del caso Koldo puede añadir un nuevo delito a sus imputados: el de fraude fiscal. El juez que instruye la causa ha aceptado este martes que se aporten «todos los datos necesarios» a Hacienda sin necesidad de que la inspectora designada tome posesión en la Audiencia Nacional, como pretendía la Fiscalía. Su labor será determinar el dinero defraudado por Soluciones de Gestión y el empresario Víctor de Aldama en 2020, tras el pelotazo por la venta de las mascarillas al inicio de la pandemia. El magistrado ha encontrado por el momento indicios de cuatro delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez que instruye el caso Koldo pide que se le proporcione a la funcionaria designada los datos necesarios, así como «cuanta información de interés a tal fin le sea facilitada por la Unidad Policial actuante». El magistrado Ismael Moreno también exime a la inspectora de comparecer ante el juzgado, ya que la tarea no se asigna a una persona, sino que se «solicita a la Agencia Tributaria su colaboración a través de ciertas actuaciones».
El juez requirió un auxilio judicial el pasado 30 de septiembre para determinar las cantidades que pudieron haber defraudado a la Hacienda pública en 2020 tanto Soluciones de Gestión como Aldama, que se encuentra en prisión provisional por el fraude de los hidrocarburos. El 9 de octubre, la Dirección General de la Agencia Tributaria remitió un oficio comunicando a la persona designada para la tarea.
El soplo de Koldo
La Fiscalía Anticorrupción pidió entonces que se citara a la funcionaria para que tomara posesión y fuese habilitada, algo que ha descartado ahora Moreno al considerarlo innecesario. El magistrado admite en su última providencia que no se ha designado funcionario concreto, sino que se ha solicitado colaboración a la Agencia Tributaria y esta puede encargar la tarea a los funcionarios que considere conveniente y «puede decidir el cambio de funcionario que actúa en auxilio».
Aldama fue detenido en febrero por el caso Koldo, aunque quedó en libertad con cargos dos días después. La querella de la Fiscalía subraya que el empresario recurrió a Koldo García para «agilizar trámites de la contratación de la pandemia». El asesor del exministro José Luis Ábalos también habría sido la persona que le advirtió de las necesidades de comprar mascarillas que tenía Transportes.
Soluciones de Gestión recibió más de 53 millones en contratos públicos, mientras que el comisionista obtuvo 6,7 millones en beneficios que trató de ocultar. El empresario reconoció a la Agencia Tributaria que cobró 2,7 millones de euros por mediar entre la compañía y la Administración. Esa es la cantidad que, asegura, ingresó Deluxe Fortune, de la que era administrador único, por los contratos suscritos. La empresa zaragozana se hizo con una docena de contratos de distintos ministerios y comunidades autónomas controladas por el PSOE.
Aldama explicó a Hacienda el 4 de febrero de 2022 que su empresa Deluxe Fortune recibió algo más de 2,7 millones de euros por la prestación de servicios con Soluciones de Gestión. En el escrito con el que respondió al requerimiento de la Agencia Tributaria, el empresario asegura que el cálculo de la remuneración aparece establecido en el contrato suscrito el 22 de marzo de 2020 con el proveedor favorito de Ábalos.
Transferencias a Portugal
La Guardia Civil sospecha que Aldama es la piedra angular de la trama Koldo. El empresario habría recibido al inicio de la pandemia la noticia de que el Ministerio de Transportes iba a adquirir mascarillas por parte del asesor de Ábalos. Consciente de que no disponía de los medios necesarios para realizar la operación, contactó con otro empresario, Juan Carlos Cueto, también imputado. Durante su comparecencia ante el juez el pasado febrero aseguró que las comisiones que recibieron eran «habituales» y que el beneficio fue «de entre un 10 y un 13%».
Un escenario que reconoció el propio Aldama en su respuesta a Hacienda, a quien aseguró que tuvo conocimiento de que Transportes «necesitaba adquirir EPIs para sus entes dependientes y que dicha contratación se iba a realizar por el trámite de emergencia». Tal y como informó este diario, el empresario llegó a crear siete firmas en Portugal para ocultar a la Agencia Tributaria los beneficios como comisionista.
Moreno subrayó en un auto que Aldama transfirió 1,1 millones de euros al banco luso Millenium Banco Comercial entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2020. De esa forma «estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional». Una tarea en la que habría sido auxiliado por sus socios Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, a los que el juez acaba de citar como imputados.
