Un colegio rechaza indemnizar a una menor porque la ley no le exige prevenir el 'bullying'
El padre de una antigua alumna solicita una reparación de 35.500 euros por el presunto acoso que sufrió su hija
El British Council School de Pozuelo de Alarcón.
Los docentes del British Council School de Pozuelo de Alarcón (Madrid) se plantan. En un escrito remitido al juzgado rechazan indemnizar a la menor que les denunció por bullying. Su padre reclama una reparación de 35.500 euros por la acuciante pérdida de peso que sufrió su hija tras un presunto acoso en este colegio elitista, que ya abandonó. Los profesores alegan defecto de forma en la demanda, que los denunciantes nunca recurrieron las sanciones disciplinarias impuestas y que no existe ninguna norma que les exija prevenir un trastorno alimenticio.
Los hechos se remontan a 2022, cuando la niña tenía 13 años. Estuvo ingresada dos meses en el hospital aquejada de un trastorno alimentario que le hizo perder nueve kilos en menos de tres meses. Era solo la punta del iceberg, ya que una prueba reveló que padecía una afección ósea muy grave por la acuciante pérdida de peso. Su padre reclama una indemnización de 35.500 euros al British, que siempre ha negado los hechos. La demanda también pide condenar con carácter solidario a cuatro docentes relacionados con esos episodios de bullying.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo cerró en falso la investigación que debía esclarecer si varios profesores acosaron a la menor tras denunciar que una compañera sufría una cacería por parte de otras niñas. El auto apuntó a un posible error de plazos y al atasco burocrático como motivos del repentino archivo. Sin embargo, el padre de la menor volvió a la carga con una demanda con la que pretende resarcir el daño que sufrió su hija. Los docentes se niegan a pagar la indemnización.
Atajar el ‘bullying’
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo alegan varios argumentos para eludir el pago. Entre ellos, un defecto en el modo de proponer la demanda. «No se identifica el daño provocado. Además, de existir responsabilidad, esta sería mancomunada y nunca solidaria, como se propone», esgrime el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La defensa de los docentes también sostiene que la demandante debió recurrir las sanciones disciplinarias impuestas por el British «si consideraban que eran injustas o inadecuadas». E insiste: «En consecuencia, la inacción de la parte actora provoca la preclusión de cualquier acción posterior». Los profesores demandados defienden la inadecuación en la acción ejercida, ya que niegan que sus actuaciones hayan causado daño a la menor.
«Para que exista responsabilidad extracontractual es necesario que se haya vulnerado una norma que tenga como finalidad impedir o prevenir el daño que se alega como consecuencia», sostiene el escrito. Y continúa: «En nuestro ordenamiento jurídico no existe norma educativa o jurídica que pretenda específicamente prevenir un trastorno alimenticio que sufre como consecuencia de otras causas generales dilatadas en el tiempo».
La demanda de la menor por bullying se basa en un informe pericial realizado por el psiquiatra José Cabrera. Este prestigioso profesional emitió el documento el pasado 6 de junio a petición del padre de la víctima. Tras examinar a la niña y estudiar todos los informes médicos relacionados con su patología concluyó que había sufrido «un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores en el British Council».
Un trastorno alimentario
«Dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nervioso», señala Cabrera en su informe. El psiquiatra insiste en que dicho problema alimentario causó un grave trastorno músculo-esquelético «del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año», ya que sigue presentando una incapacidad parcial escolar y para las actividades de su vida diaria.
El documento subraya que los episodios de bullying que habría sufrido la menor le causaron como secuela «un trastorno adaptativo persistente de carácter crónico que requiere de asistencia y control psiquiátrico periódico y continuado». El reputado psiquiatra cuantificó el daño provocado en 35.500 euros, que desglosó de la siguiente forma: 22.575 por el perjuicio del daño físico osteomuscular y sufrimiento psicológico derivado de la anorexia nerviosa y otros 13.000 por el trastorno adaptativo persistente.
La demanda achaca al centro y a cuatro docentes «una conducta negligente». La menor cursó estudios en el British desde los tres años hasta 2023 (cada curso puede costar hasta 12.000 euros). Los hechos se remontan al curso escolar 2021/2022, cuando la víctima tenía 13 años. Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando una de sus amigas comenzó a sufrir episodios de bullying por parte de otras dos compañeras de clase. El colegio determinó que los hechos constituía una falta muy grave, pero que «no entraban en la categoría de acoso».
«Pese a la crueldad y gravedad de los hechos, el centro escolar concluyó que no se estaba ante un supuesto caso de acoso escolar, sino un comportamiento inapropiado puntual, sancionando a las alumnas con tres días de expulsión y dando el asunto por zanjado», explica la demanda. El escrito sostiene que la tutora hizo caso omiso cuando la menor le aportó las pruebas del acoso a su amiga y que le aconsejó que ignorara los hechos. Pero los docentes no consiguieron silenciar a la menor.
«Una conducta inapropiada»
Los padres creen que el centro ideó «un vil ardid» para que abandonara el centro. Una de sus docentes les instó a reuniones tanto telemáticas como presenciales, pero en lugar de abordar que su hija era víctima de bullying por las mismas niñas que antes acosaban a su amiga, les informaron de que la menor tenía «una conducta inapropiada» con esas dos compañeras. Como consecuencia fue expulsada del centro en dos ocasiones por un periodo de uno y cuatro días respectivamente.
El British llegó a abrir una investigación interna contra la hija del demandante por un supuesto acoso, pero por su parte. Entre marzo y abril de 2022 fue interrumpida en sus clases y llevada a los pasillos o incluida en reuniones con uno o más profesores «con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga. Todo ello en 15 ocasiones», revela la demanda. La niña acabó dejando el colegio, contra el que se querelló.
Las dilaciones en el procedimiento motivaron que los padres de la menor presentaran un escrito de impulso procesal, aunque no surtió efecto. El juez archivó el caso el 20 de octubre del año pasado. Lo hizo ignorando a la Fiscalía y sin llamar a declarar a los profesores querellados ni al facultativo que emitió el informe acreditando que la menor había sufrido un trastorno alimenticio que requirió hospitalización. La familia de la menor afectada solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid reabrir el caso sin éxito.
