La UCO requirió a Ribera información sobre la trama del fuel seis días antes de las europeas
El PP votó en contra de su nombramiento como comisaria por la gestión de la dana y las sombras de Villafuel
El empresario Víctor de Aldama y la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Guardia Civil requirió al Ministerio de Transición Ecológica información sobre la trama de hidrocarburos seis días antes de las elecciones europeas. La entonces titular del departamento, Teresa Ribera, acudía a esos comicios como cabeza de lista en la candidatura del PSOE. Meses más tarde se convertiría en vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, aunque antes tuvo que superar un duro examen en el Parlamento Europeo. El PP llegó a votar en contra de su nombramiento por su falta de previsión antes y después de la dana en Valencia y las sombras que sobrevolaban la licencia que consiguió Víctor de Aldama para operar en el sector del petróleo y con la que presuntamente habría defraudado 231 millones de euros.
Las elecciones europeas se celebraron el pasado 9 de junio. Seis días antes, el 3 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió al departamento de Ribera que aportara el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel, según consta en el sumario de la trama de hidrocarburos al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La solicitud a Transición Ecológica, dirigida entonces por Ribera, partió de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba meses investigando a la trama alertada por informes de la Agencia Tributaria. El requerimiento se cumplimentó apenas un día más tarde, el 4 de junio. El encargado de hacerlo fue el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, que aportó a los agentes un pendrive con 132 MB de información sobre la mercantil dividida en 11 carpetas.
Ribera, comisaria
El dispositivo, protegido por una contraseña, fue analizado por los agentes y permitió avanzar en la investigación. En esos días también se requirió información a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y se tramitaron 47 mandamientos para seguir las cuentas bancarias de Villafuel. La empresa, controlada por un socio de Aldama, Claudio Rivas, y su hermana, se creó a finales de 2020.
En enero 2021 solicitó sin éxito convertirse en operador mayorista de productos petrolíferos. Villafuel tuvo que presentar alegaciones en varias ocasiones para subsanar errores que impedían obtener la licencia. El departamento de Ribera se la concedió el 15 de septiembre de 2022.
Los investigadores sospechan que, para lograrlo, Aldama recurrió a la mediación del exministro José Luis Ábalos a través de su asesor, Koldo García, que le habría ayudado a conseguir diversas reuniones con responsables gubernamentales. Entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de Gabinete de Reyes Maroto, ministra de Industria. Su departamento tenía que dar el visto bueno a Transición Ecológica para otorgar la ansiada licencia como proveedor de hidrocarburos.
Las alertas saltaron apenas unos meses después de que comenzara a operar. La Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos (Cores) advirtió el 15 de mayo de 2023 por escrito al director general de Política Energética, Manuel García Hernández, de que Villafuel no cumplía las condiciones fijadas. Superaba en un 29% las ventas en el grupo de las gasolinas aprobadas por el departamento de Ribera y en un 882% en el grupo de los destilados medios (diésel y otros derivados).
Alertas de la Agencia Tributaria no atendidas
Los investigadores de la UCO subrayan en uno de sus informes que la desviación del plan de ventas aprobada por Transición Ecológica para empresa que «codirigían» Aldama y Claudio Rivas «en ningún caso fue objeto de comunicación formal por parte de la mercantil a los diferentes organismos de control», por lo que no existe ningún documento que acredite este extremo.
El 18 de mayo de 2023, la Dirección General de Política Energética comunica a Villafuel su intención de revisar la estimación de ventas aprobadas para el primer año de actividad. Días más tarde, el 6 de junio, ejecuta su propuesta al comprobar que la empresa que utilizó la trama de hidrocarburos incumplía sus obligaciones. También existían alertas de la Agencia Tributaria sobre un presunto fraude con el IVA, pero el departamento de Ribera nunca revocó la licencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió a Ribera como cabeza de cartel para las últimas europeas en abril del año pasado. Lo hizo en pleno auge de la investigación de la trama de hidrocarburos. Las primeras detenciones se produjeron el pasado 7 de octubre, aunque la Audiencia Nacional mantuvo en el secreto de sumario hasta la semana pasada. La designación de la dirigente socialista como comisaria europea llegó a peligrar, ya que el Partido Popular Europeo (PPE) frenó su candidatura a petición de sus colegas españoles.
Los populares querían que Ribera se comprometiera a dimitir en caso de ser imputada por su gestión de la dana en Valencia, que dejó 224 muertos en octubre. Las fuentes consultadas explican que detrás de los motivos se escondían «las facilidades» que encontraron Aldama y su socio para conseguir la licencia de operador mayorista de hidrocarburos que otorga Transición Ecológica.
Irregularidades en la concesión
La UCO revela en sus informes graves irregularidades en la concesión, ya que se habría otorgado «sin requisitos financieros» suficientes. Villafuel recibió la habilitación cuando contaba con un capital social inferior a los 600.000 euros, muy lejos de los tres millones necesarios. Los agentes investigan si la trama contó con el favor de «órganos administrativos o de inspección». El propio Aldama aseguró que él mismo se había reunido con Ribera «en varias ocasiones», aunque para tratar otras cuestiones.
La investigación revela que la trama de hidrocarburos habría «transferido fondos de procedencia delictiva a China, Colombia y Portugal» por un importe cercano a los 74 millones de euros. Aldama y Rivas habrían conseguido operar en la compra y venta de petróleo en el país luso a través de la sociedad E F Iber Combustíveis – Distribuição De Produtos Petrolíferos gracias a la mediación del hijo del presidente de la República, Nuno Rebelo de Sousa.
