La juez de la dana da el primer paso para imputar a Mazón por «inactividad negligente»

La juez ha dado el primer paso para imputar a Carlos Mazón por su gestión de la dana, en la que murieron 230 personas. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado este martes una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV), ya que el expresidente de la Generalitat continúa siendo aforado como diputado en Les Corts. La magistrada acusa al dirigente popular de una «inactividad negligente». A lo largo de la instrucción, la instructora ya le había ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente, extremo que declinó.

El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE apunta directamente a Mazón al considerar que actuó con «falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba». La juez considera de forma indiciaria que el expresidente habría cometido un presunto delito de homicidio imprudente con notoria gravedad, castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años. La exposición razonada está fechada el mismo día en el que se ha conocido que un abogado que ejerce la acusación particular en la dana se ha querellado contra Ruiz Tobarra y su marido por coacciones, usurpación de funciones públicas y prevaricación, entre otros delitos.

«La investigación de la negligencia en la gestión de la dana (…) no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados, a Salomé Pradas, consejera de Justicia e Interior, ni a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, quienes ocupaban dichos cargos el 29 de octubre de 2024, sino que ha de extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil, así como a la inactividad negligente de quien fuera president de la Generalitat», recalca Ruiz Tobarra.

La gestión de Mazón

«Nos encontraríamos ante la presencia de indicios de una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia en el nivel supremo de capacidad de decisión: el presidente de la Generalitat Valenciana», insiste el auto. En opinión d ela magistrada, los elementos probatorios aportados hasta la actualidad «no versan sobre la responsabilidad política y moral, sino que nos sitúan en un marco distinto: el de la responsabilidad penal», motivo que justifica su exposición razonada.

La juez considera que hubo una «omisión equivalente al resultado», atribuida a Mazón, y que resulta «relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo» en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y por parte de la consejería que dirigía Salomé Pradas, investigada en la causa. La resolución refiere también lo que denomina «flagrante falta de coordinación y cooperación» entre las distintas consejerías.

«En realidad, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante», afirma el auto en referencia al polémico almuerzo quee Mazón mantuvo el día de la dana con la periodista Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

Ruiz Tobarra sostiene en el auto que Mazón no tenía «inquietud alguna» sobre la emergencia de la dana mientras permanecía en el reservado. E insiste: «Se mantenía en el interior del restaurante, durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación».

«Evidente parálisis»

«El alto riesgo se minimizó» y subraya que Salomé tuvo que llevar a cabo tareas de coordinación «ante la evidente parálisis» de medidas de salvaguarda, indica la juez. Esta argumenta que esa «pasividad» y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que «habrán de imputarse los fallecidos» a Mazón.

La magistrada fundamenta su decisión, entre otras cosas, en la conversación que mantuvo la tarde de la catástrofe, el 29 de octubre de 2024, el que fuera jefe de Gabinete de Mazón con Pradas. En dicha conversación, el hombre fuerte del expresidente valenciano indicó a la entonces consejera que «de confinar nada, Salo». Ruiz Tobarra considera que esa expresión posee «un carácter claramente imperativo» y que el cargo del interlocutor «convierte los mensajes no en meras opiniones, o en consejos, sino en órdenes».

«Si no tenía conocimientos técnicos lo único que podía era transmitir órdenes. Cuestión distinta es si se obedecieran o no, si los mensajes fueron acertados o erróneos, pero lo anterior, pese a su declaración, absolutamente oscilante muestra claramente que pretendía no asesorar, ni comentar, sino que se atendiera a lo que decía vía Whatsapp», afirma la magistrada. Para Ruiz Tobarra, resulta «ilógico» que Mazón «fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de Gabinete».

El asesor de Mazón, que tuvo que enfrentarse en el juzgado a un careo con Pradas, haber actuado como intermediario aquel 29 de octubre. Según su versión, el polémico mensaje se envió unos minutos antes de que se lanzase la ES-Alert que investiga la juez. El expresidente valenciano también se ha desvinculado del retraso en el envío de la alerta masiva a la población (cuando llegó a los móviles a las 20.11 horas los pueblos ya estaban inundados y existían víctimas mortales), ya que él llegó al Cecopi a las 20.28 horas.

La diputada de Compromís Àgueda Micó ha destacado este martes que si la juez ha propuesto la imputación de Mazón es porque ve «indicios claros» contra él y ha mostrado su deseo de que se haga justicia y se repare a las víctimas de su «negligencia». La parlamentaria ha subrayado que, además de las responsabilidades políticas, su formación siempre ha defendido que el expresidente valenciaoo y el resto de su gobierno asuman «responsabilidades penales» por su actuación el día de la dana.