Pumpido ve uso político de las prejudiciales ante el TJUE tras paralizarse ERE y amnistía
El presidente del TC alerta contra este recurso de los jueces para plantear dudas ante instancias judiciales europeas
Reunión bilateral del TC español con el TC de Portugal, encabezado por su Presidente José João Abrantes. | TC
Cumbre en el Tribunal Constitucional. Magistrados españoles celebraron este martes una «reunión bilateral» con homólogos de Portugal, el último país de la Unión Europea cuyo Gobierno aprobó, en 2023, una ley de amnistía para exonerar a jóvenes de entre 16 y 30 años de delitos leves cometidos antes de junio de ese año y en el marco de una visita del papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud. A la espera de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía española, la reunión ha abordado el uso de la cuestión prejudicial por parte de tribunales nacionales.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha abogado por prestar una atención adicional para evitar que la cuestión prejudicial se convierta «en instrumento de desplazamiento estratégico de controversias constitucionales, o meramente políticas, de carácter interno de los Estados miembros». Así lo ha explicado el mismo tribunal en una nota pública. Esta reflexión de Pumpido no ha pasado inadvertida en un momento en que este mecanismo al alcance de cualquier juez ha logrado paralizar la aplicación de la amnistía tras la negativa del Tribunal Supremo de amnistiarles por el delito de malversación y ha comprometido la posición del Gobierno ante sus socios independentistas.
Amnistía y ‘caso ERE’
El hecho de que distintos tribunales nacionales, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas, elevaran cuestiones prejudiciales ante el TJUE por sus dudas sobre la ley de amnistía, ha paralizado su aplicación hasta que dicho tribunal comunitario resuelva en los casos del propio Carles Puigdemont, presidente de Junts per Catalunya, o del presidente de ERC, Oriol Junqueras. Esta parálisis ha afectado a las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con sus principales socios parlamentarios, que exigen la aplicación inmediata de dicha ley del olvido penal.
Pero no es el único caso que afecta a los intereses del Gobierno y que tribunales españoles llevaron a Luxemburgo. La Audiencia de Sevilla también planteó sus dudas ante la decisión del Tribunal Constitucional de revisar o anular parte de las condenas por el millonario fraude de los ERE, entre otros, a los expresidentes andaluces del PSOE José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El tribunal que preside Pumpido contradijo la condena ratificada por el Tribunal Supremo, pero su ejecución —que corresponde a la Audiencia de Sevilla— está aún pendiente de lo que decida la corte comunitaria.
En esta coyuntura, Conde-Pumpido ha explicado que el principal reto del constitucionalismo europeo «no es ni asegurar la primacía del derecho de la Unión ni garantizar la supremacía constitucional, sino cómo articular ambas sin desnaturalizar ni el proyecto de la UE ni la legitimidad constitucional interna».
Las reflexiones del presidente del Constitucional no han pasado inadvertidas en pleno debate jurisdiccional sobre la ley de amnistía y el caso de los ERE. Y es que Pumpido también ve necesaria cierta «autocontención del TJUE», ya que la «utilización competencial de las cláusulas abiertas, como el Estado de derecho o la tutela judicial efectiva, aconseja una gran prudencia».
Durante la reunión, celebrada bajo el título Los 40 años de adhesión de Portugal y España a la Unión Europea: problemas constitucionales; las relaciones entre los Tribunales Constitucionales y el TJUE, Conde-Pumpido también ha resaltado el proceso de integración política y económica de ambos países en el proyecto europeo, puesto que significó «la proyección de ambas democracias constitucionales en un espacio jurídico supranacional basado en el Estado de derecho, la cooperación leal y la protección reforzada de los derechos fundamentales».
Mesas de trabajo
En el encuentro, en el que ha participado todo el Tribunal Constitucional de Portugal, encabezado por su presidente José João Abrantes, se abordó en la primera sesión de trabajo la cuestión prejudicial. Han sido ponentes la magistrada española María Luisa Segoviano Astaburuaga y el magistrado portugués, Alfonso Patrão.
La segunda sesión, Control de constitucionalidad y control de conformidad con el Derecho de la Unión Europea: diferencias y convergencias paramétricas, ha contado con ponencias de la magistrada española Laura Díez Bueso y de la magistrada del Tribunal de Portugal, Mariana Canotilho. Por parte del Tribunal español, también ha asistido la vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel.