Tres tramas de corrupción vinculadas al PSOE usaron al mismo abogado como testaferro
Roberto Pérez Águeda, al que la Guardia Civil considera ‘testaferro’ de Forestalia, conecta con los caso Koldo y SEPI
Ficha de Roberto Pérez Águeda en el informe de la Guardia Civil.
Las investigaciones judiciales abiertas sobre distintas tramas de presunta corrupción relacionadas con el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez han revelado un punto de conexión: el mismo abogado aparece en el centro de varias estructuras societarias utilizadas supuestamente para canalizar negocios y ocultar beneficiarios. Se trata de Roberto Pérez Águeda, un asesor vinculado a cientos de empresas del sector energético y cuyo despacho, situado en la calle Serrano de Madrid, se ha convertido en una dirección recurrente en varias investigaciones de la Guardia Civil. El caso Koldo, el caso SEPI y el caso Forestalia pasan por este bufete de abogados.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) sitúan a Pérez Águeda como presunto testaferro de Forestalia, investigada en la causa abierta en Teruel por las adjudicaciones de parques eólicos. Según los informes policiales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, este abogado habría participado en la creación de una compleja estructura societaria destinada a ocultar la titularidad real de empresas y canalizar beneficios derivados de proyectos de energías renovables.
En esta trama también aparecen intermediarios y antiguos cargos públicos relacionados con el Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que la investigación apunta a que las sociedades se utilizaron para gestionar participaciones en promotoras de parques eólicos y posibles contraprestaciones económicas.
Servinabar y la SEPI
El nombre de Pérez Águeda aparece además vinculado a sociedades que habrían servido de vehículo para integrar a determinados funcionarios en el entramado empresarial del sector energético, como el caso de Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera.
Los investigadores sostienen que su papel consistía en actuar como representante o administrador de empresas que en realidad estaban controladas por otros actores de la trama, lo que permitía ocultar la identidad de los beneficiarios finales de los negocios; empresas a las que Forestalia inyectó más de 5,2 millones de euros, un presunto pago por años de gestiones públicas para sacar adelante las licencias medioambientales que garantizaban grandes pelotazos a la firma aragonesa.
Pero el rastro de este abogado no se limita al caso Forestalia. Las pesquisas también lo conectan con el entramado empresarial que rodea al empresario vasco Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán e investigado en el llamado caso Koldo. Alonso administró la sociedad Next Generation Caliope Innova, vinculada al negocio de las renovables y que trasladó su sede a la séptima planta del edificio de Serrano 76 en 2022. La empresa, que comparte nombre con las que se utilizaron para presuntamente sobornar a un alto cargo de Ribera, también fue creada por Pérez Águeda.
Next Generation Caliope forma parte del entramado mercantil que gira alrededor del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, considerado por los investigadores un intermediario clave en la red de adjudicaciones públicas que se investiga en el caso Koldo. La empresa, con nula actividad operativa y sin empleados, llegó a acumular activos superiores a los dos millones de euros pese a no registrar apenas facturación, lo que ha despertado sospechas sobre su papel como posible vehículo financiero dentro de la trama.
Una ayuda de 17,3 millones
La conexión de Pérez Águeda alcanza también a otra causa que afecta al sector público empresarial. En el marco de la investigación sobre las ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los investigadores detectaron su presencia en la estructura de Arapellet, una empresa perteneciente al grupo Forestalia que recibió financiación pública a través de Sepides. En total, cobró 17,3 millones en una subvención, para cuyo trámite habría pagado al entorno del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. En esta compañía, el abogado figuraba como apoderado y compartía domicilio social con decenas de sociedades relacionadas con el mismo entramado empresarial.
Ese despacho de Serrano se ha convertido en un auténtico nodo societario de las tramas de corrupción que investiga la Guardia Civil. Diversas investigaciones periodísticas y policiales han identificado allí hasta centenares de empresas administradas o representadas por Pérez Águeda y su entorno, muchas de ellas vinculadas a proyectos de energías renovables o a sociedades instrumentales creadas para gestionar participaciones empresariales.
La coincidencia de esta dirección en tres investigaciones distintas (Forestalia, el entorno empresarial del caso Koldo y las ayudas públicas vinculadas a la SEPI) ha llevado a los investigadores a analizar si las distintas tramas compartieron infraestructuras jurídicas y societarias para sus negocios. En ese mapa empresarial, el nombre de Roberto Pérez Águeda aparece como uno de los puntos de conexión más relevantes entre redes que, hasta ahora, se investigaban por separado.
Su hermano Eduardo Pérez Águeda también aparece en el informe de la Ucoma. Los investigadores consideran que actuó como intermediario entre Domínguez y Forestalia. Los miembros de la trama ejecutaron el 27 de septiembre de 2023 «una maniobra de opacidad deliberada» en la notaría de Javier de Lucas Cadenas, uno de los detenidos el pasado 3 de marzo. Lo hicieron gracias a un «acta de depósito» utilizada para «ocultar la compra de participaciones sociales de las mercantiles Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, que posteriormente adquirían acciones de Babieca Investment Renewable», otra de las sociedades de la empresa de Samper.