Guía para no perderse en el bosque de corrupción de Forestalia

El caso Forestalia ha dejado en las últimas semanas un sinfín de titulares. La polémica estalló el pasado 3 de marzo, cuando la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) realizó una docena de registros en Zaragoza y Madrid y detuvo a seis personas, entre ellas el propietario del gigante energético, Fernando Samper. Como ha venido contando THE OBJECTIVE, las denuncias sobre posibles irregularidades en la concesión de licencias comenzaron a registrarse en 2022, pero la causa que instruye el titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés, se abrió dos años después. Estas son las claves para no perderse en el bosque de uno de los presuntos casos de corrupción ambiental más importantes de la historia reciente de España.

Qué es Forestalia

Fernando Samper constituyó Forestalia en junio de 2011, en pleno boom de las renovables. La empresa, que cuenta con multitud de filiales, está especializada en la promoción e implantación de proyectos de energía eólica y fotovoltaica. La firma cobró relevancia en 2016 y 2017, cuando ganó varias subastas estatales de renovables para instalar nueva capacidad de energía limpia. Se convirtió en uno de los operadores más importantes del sector tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, que eliminó en 2018 el llamado «impuesto al sol». Su negocio, que se cuenta por miles de millones, se concentra especialmente en la provincia de Teruel.

Las denuncias

La primera denuncia se registró en diciembre de 2022. Teruel Existe presentó un escrito de 42 páginas ante la Fiscalía de Teruel en el que detallaba presuntas irregularidades administrativas para que proyectos de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación vinculados con Forestalia recibieran el visto bueno medioambiental a pesar de no cumplir los requisitos, puesto que ocupaban zonas protegidas. Particulares, ecologistas y municipios también denunciaron los hechos.

Los actores

Los agentes detuvieron el pasado 3 de marzo a seis personas. Además de Samper, fueron arrestados Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica; su esposa Montserrat Heredero; los presuntos testaferros de Forestalia, los hermanos Alberto y Eduardo Pérez Águeda; y el notario Javier de Lucas Cadenas. La Ucoma apunta en sus informes a otros nombres, entre ellos un puñado de antiguos cargos públicos, la mayoría del Gobierno de Aragón.

Un «sistema paralelo»

Los investigadores señalan que Domínguez puso la alfombra roja a Forestalia. El subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en la etapa de Teresa Ribera habría ideado «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar los proyectos de la empresa de Samper, que le habría recompensando con ciertas «contraprestaciones». La Ucoma sostiene que los expedientes del gigante energético aragonés recibían «un trato diferenciado y privilegiado». El ex alto cargo se encargaba de recibir la documentación, que no registraba en los canales oficiales del Ministerio de Transición Ecológica para mantener el control sobre ellos.

Tragsatec en la diana

Domínguez se sirvió de Tragsatec para tramitar las autorizaciones ambientales a favor de Forestalia. Los agentes afirman que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental disponía en la empresa pública de una «guardia pretoriana» que redactaba los informes a su gusto y que el ex alto cargo únicamente se encargaba de firmarlos. Se trata del mismo ente público en el que la trama Koldo enchufó a Jésica Rodríguez, expareja del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Pagos a un subordinado de Ribera

La Ucoma ha constatado que Domínguez obtuvo «contraprestaciones» de Forestalia por tramitar sus proyectos «a sabiendas de que no [cumplían] con los requisitos legales». Samper habría traspasado acciones de diferentes empresas al subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en la etapa de Ribera y pagado 5,2 millones de euros a través de Estudio de Asesoramiento Dherco, una sociedad constituida en julio de 2023 cuya administradora única es su mujer, Monserrat Heredero. Los agentes destacan su «nula actividad comercial» y su objeto social, destinado al diseño y a la decoración de pisos y locales.

Sin formación técnica

Domínguez usó distintas artimañas para aprobar los proyectos de Forestalia. El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se encargó personalmente de tramitar y supervisar los expedientes para evitar así el control interno. Los agentes subrayan que, para lograr sus objetivos, nombró a su secretario personal y a una administrativa como técnicos de los proyectos a pesar de no disponer de la cualificación necesaria. Algo parecido ocurrió en la administración regional, donde el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) Jesús Lobera llegó a apartar a varios técnicos y designar a un veterinario con «criterios técnicos muy limitados» como responsable de los expedientes de evaluación ambiental.

Las conexiones del abogado

El abogado Roberto Pérez Águeda aparece vinculado a cientos de empresas del sector energético y es la figura recurrente en tres tramas de corrupción, las de Forestalia, el caso Koldo y el caso SEPI. Los investigadores consideran que el letrado creaba estructuras societarias para, presuntamente, canalizar negocios y ocultar beneficiarios. Su hermano Eduardo habría sido el responsable de vender a Domínguez acciones de las empresas vinculadas al grupo de Samper. Los investigadores les consideran testaferros.

El cooperador necesario

La trama ejecutó el 27 de septiembre de 2023 «una maniobra de opacidad deliberada» en la notaría de Javier de Lucas Cadenas, al que consideran «cooperador necesario» para ocultar los beneficios de Domínguez. Se hizo gracias a un «acta de depósito» utilizada para, supuestamente, esconder la compra de participaciones de dos empresas que posteriormente adquirían acciones de Babieca Investment Renewable, firma de la órbita de Forestalia. El notario negó los contratos a los agentes, que consideran que incumplió la ley de prevención del blanqueo de capitales porque en el momento de las operaciones el comprador tenía responsabilidades políticas.

El pelotazo del Maestrazgo

Forestalia diseñó el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico hasta la fecha en España. El plan incluía la instalación de 122 aerogeneradores entre las provincias de Teruel y Castellón. Se autorizó en julio de 2024 por vía excepcional del Consejo de Ministros pese a contar con un informe ambiental en contra de la Comunidad Valenciana. Meses después, vendió el proyecto a un fondo de inversión danés, que pretendía iniciar este mes unas obras que el juez estudia paralizar de manera cautelar. La operación podría reportar a la empresa de Samper hasta 500 millones de euros.

Los agravios con Green Capital

Transición Ecológica tumbó en julio del año pasado un macroproyecto de energía eólica en la sierra de Teruel al considerar que los molinos que Green Capital pretendía instalar en la zona del Matarraña eran incompatibles con la supervivencia de la fauna local. Esas instalaciones resultaban «inasumibles» para especies como el buitre leonado o el águila perdicera, en serio peligro de extinción. Sin embargo, solo un año antes se había autorizado el Clúster del Maestrazgo a pesar de que ambos compartían una treintena de aerogeneradores en la misma ubicación.

El negocio de las licencias

Forestalia desarrolló un modelo de negocio que iba más allá de la construcción y explotación de parques eólicos. La empresa se aseguró cientos de millones de euros vendiendo los derechos de explotación de los molinos eólicos cuyas licencias parecía tener aseguradas. Una vez que conseguía todos los permisos medioambientales, el grupo revendía sus derechos a otra gran empresa del sector. Los permisos procedían del Gobierno de Aragón y del Ejecutivo nacional, encargado de dirimir los proyectos que superan los 50 megavatios.

Empresas bajo sospecha

La Ucoma registró el pasado 3 de marzo siete despachos que figuraban como sede de 24 sociedades presuntamente implicadas en la trama de Forestalia. La Guardia Civil destaca en sus informes la «magnitud del entramado mercantil» con miles de sociedades que pivotan en torno a una de las empresas investigadas: Babieca Investment Renewable. «Esta mercantil encabeza un holding empresarial controlando las acciones de otras empresas (filiales), funcionando como un tronco central que dirige estratégicamente las ramas, permitiendo la gestión centralizada, diversificación de riesgos y optimización fiscal», destacan los agentes.

El papel del Inaga

Los tentáculos de Forestalia alcanzaron al Gobierno de Javier Lambán en Aragón. La Ucoma subraya que el Inaga se «alineó» con los intereses de la empresa de Fernando Samper. Los agentes señalan a su exdirector Jesús Lobera como la «figura central» de la «presión» a los funcionarios y el artífice de los cambios de procedimiento. Los investigadores también subrayan el nombre de otro exdirector, Carlos Ontañón, que figura como apoderado de medio centenar de empresas vinculadas al gigante energético aragonés. Además, achacan al exconsejero Joaquín Olona una amenaza de cese a un funcionario.

Del Gobierno a Forestalia

La Guardia Civil investiga la compra de Viadós por la galaxia Forestalia. La empresa creada en 2015 pertenecía al exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné; a su jefa de Gabinete, Ana Cristina Fraile; y a su director de Medio Ambiente, Luis Marruedo. Una de las filiales del gigante energético, Nearco Renovables, la adquirió a finales de 2018 por 4,4 millones de euros, 400.000 euros más de lo estipulado en el acuerdo de compra. Los investigadores sospechan que se se trató de pago por los favores prestados. Durante tres años, la consultora solo tuvo vínculo comercial con Forestalia, por lo que los agentes sospechan que se creó con un fin instrumental.

Fichaje de políticos

Forestalia sirvió de puerta giratoria para una docena de políticos, unos con nóminas y otros como asesores. Destacan los casos de José Manuel Soria, ministro de Industria en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y dirigentes regionales como los exconsejeros catalanes Felip Puig y Josep Grau (ambos de CiU). Marruedo, que llegó a ser viceconsejero de Medio Ambiente en Aragón, se convirtió en uno de los hombres fuertes de las empresas de Samper, que también ficharon a Fraile, a dos antiguos directores generales de la Generalitat de Cataluña (Pere Palacín y Mercè Rius) y al ex secretario general de Presidencia de Javier Lambán, Julio Tejedor.

Un enviado de Lambán

Antonio Arrufat, delegado del Gobierno de Aragón en Teruel y posterior asesor de Lambán, convocó a los alcaldes de la sierra turolense a una serie de reuniones para relatarles los beneficios de los proyectos de Forestalia y la posibilidad de salvar con ellos a sus pueblos de la despoblación. Muchos de los regidores sucumbieron a los cantos de sirena del histórico dirigente socialista y acabaron firmando los convenios para ceder terrenos públicos. La Guardia Civil investiga si obtuvo algún tipo de contraprestación por servirse de su posición y de sus contactos, ya que entre 2007 y 2011 fue presidente de la Diputación de Teruel.

Ayuda de la SEPI

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presuntas irregularidades en la concesión de ayudas. Los investigadores consideran que la llamada trama SEPI, por la que fue detenida la exmilitante socialista Leire Díez, habría facilitado una subvención de 17,3 millones de euros en 2022 a Arapellet, una filial de Forestalia dedicada a la fabricación y venta de pellets de madera para uso térmico y de paja destinados a la alimentación animal. La operación se realizó a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).

La cátedra de Forestalia

Forestalia impulsó en la Universidad de Zaragoza una cátedra con su nombre. Al frente de ella colocó a Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo y asesor jurídico de la empresa de Samper. Lo curioso, es que hasta poco antes de su nombramiento ejerció como secretario general de Presidencia de Lambán, concretamente entre 2015 y 2021. La Guardia Civil ha descubierto que disponía de un porcentaje en una de las sociedades del gigante energético aragonés. La Universidad de Zaragoza disolvió la cátedra el pasado enero por «falta de actividad y financiación».

Una macrocausa en el horizonte

El caso Forestalia puede hacer las maletas a la Audiencia Nacional. El juez Juan José Cortés, que investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, baraja inhibirse al considerar que la causa compete al órgano nacional por su relevancia social, impacto económico y afectar a varias provincias. La Fiscalía se ha mostrado a favor de la inhibición del juzgado de Teruel, por lo que el asunto puede convertirse en una macrocausa en los próximos meses.