El contrato amañado por el exdirector de Carreteras tuvo un sobrecoste de 21 millones
Para la obra de la A-68 se destinaron 109 millones tras un modificado, tres millones por encima de la oferta más elevada
Ilustración de Alejandra Svriz.
El contrato para la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, adjudicado en 2019 por el entonces director general de Carreteras Javier Herrero, acabó costando 21,2 millones de euros más de lo previsto tras un modificado. La obra fue adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaban Acciona y Aquaterra y el precio del encargo acabó situándose, debido al sobrecoste, por encima de la oferta más alta presentada en el concurso público.
Según la documentación analizada por THE OBJECTIVE, el modificado se aprobó en diciembre de 2024. La decisión elevó el precio final hasta los 133 millones de euros —impuestos incluidos—. La oferta más alta presentada inicialmente fue de 130 millones y llegó de la mano de una UTE liderada por Ortiz Construcciones. En el momento de la modificación del contrato, ya se había cesado a Herrero como responsable de la Dirección General de Carreteras.
Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Herrero figura como receptor de 25.000 euros procedentes de una de las empresas adjudicatarias. Ese pago, de acuerdo con las diligencias, se habría canalizado a través de Aquaterra, que acudió a la licitación en UTE con Acciona. Los investigadores también han constatado que Herrero tenía incluso en su ordenador portátil una cuenta de correo electrónico con dominio de la constructora. Es decir, que operaba un correo electrónico de esta empresa (@aquaterrasi.es), en la que había un total de 145 correos electrónicos. El primero de ellos es de 2024, dos años después de que dejase la dirección de Carreteras. Las fechas coinciden con el modificado.
Una docena de ofertas
La adjudicación del contrato de la A-68 se resolvió el 11 de septiembre de 2019. El anuncio de licitación se publicó a finales de 2018, pero fue rectificado cuatro meses más tarde. El proyecto contemplaba la construcción de un tramo de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, con un presupuesto base de 149,3 millones de euros y un valor estimado de 123,4 millones. Al proceso concurrieron 12 ofertas de las principales constructoras del país, muchas de ellas agrupadas en UTE. Entre los licitadores figuraban Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHLA, Dragados y Azvi.
La adjudicación recayó en la UTE formada por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras, que hizo una oferta de casi 112 millones con IVA. La propuesta se situaba en una posición intermedia dentro del conjunto de ofertas presentadas. El contrato fue formalizado el 18 de octubre de 2019, con un plazo de ejecución inicial de 44 meses.
El desarrollo posterior del contrato alteró ese escenario inicial. El modificado publicado en diciembre de 2024 supuso un incremento de 21,2 millones de euros y amplió el plazo de ejecución hasta los 60 meses. Este aumento, cercano al 19% sobre el importe de adjudicación, se justificó en la incorporación de obras adicionales dentro de los supuestos previstos por la normativa de contratación pública. Este tipo de modificaciones está permitido siempre que concurran circunstancias técnicas que lo justifiquen y se respeten los límites legales establecidos.
El precio final del contrato no solo se alejó del importe inicial de adjudicación, sino que superó a todas las ofertas presentadas en el concurso, incluida la más elevada, de unos 130 millones de euros. Este hecho altera la referencia económica del proceso de licitación.
El modificado: un patrón habitual
Como en el contrato analizado, en las adjudicaciones investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso Koldo, los modificados aparecen de forma recurrente como mecanismo de ajuste del precio durante la ejecución. En varios de esos expedientes, las investigaciones apuntan además a la existencia de pagos o comisiones vinculadas a empresas adjudicatarias, lo que sitúa estos cambios contractuales en el centro del análisis.
En el caso de la A-68, la modificación se aprueba dentro de los márgenes legales previstos, pero su efecto económico resulta significativo al alterar el orden de las ofertas iniciales. A ello se suma el desfase temporal entre su aprobación y su publicación, lo que retrasa la visibilidad del incremento del contrato.
Por último, el expediente refleja también el peso de los criterios de adjudicación. El contrato se resolvió sobre la base de una combinación de precio y valoración técnica, un sistema habitual en este tipo de obras y que condiciona la clasificación final de las ofertas antes de que el precio termine de definirse en la fase de ejecución. El contrato de la A-68 terminó fijando su precio final fuera del concurso que lo adjudicó. Un patrón que, según la investigación de la UCO en otros expedientes, se repite en contratos en los que el coste se redefine durante la ejecución.