El Gobierno oculta el registro de visitas de Ábalos en su ministerio por protección de datos

El registro de visitas del Ministerio de Transportes puede resultar clave para comprender la política española en los últimos años. El departamento que lidera Óscar Puente rechaza facilitar la identidad de las personas a las que recibió José Luis Ábalos, investigado por la adjudicación de mascarillas durante la pandemia y el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones. Lo hace aludiendo a la protección de datos de los visitantes. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constató que el comisionista Víctor de Aldama era un habitual en el ministerio y la agenda del antiguo asesor ministerial Koldo García revela que se reunió con políticos y empresarios beneficiados por la trama.

En una respuesta a través del Portal de Transparencia, Transportes inadmite la solicitud en la que se reclama conocer las visitas que recibió Ábalos en el ministerio desde su nombramiento en junio de 2018 hasta su destitución en julio de 2021. El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se basa en los artículos 15 y 18.d de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para rechazar la petición.

El artículo 15 establece que, si la información solicitada contiene datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado. Lo mismo que sucede cuando se hace referencia al origen racial, a la salud, a la vida sexual o a las infracciones penales y administrativas del afectado. No es el caso.

La agenda de Ábalos

«Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano», señala el citado artículo 15.

El precepto insiste en que cuando la información solicitada no contenga datos «especialmente protegidos», el órgano concederá el acceso «previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados».

Transportes afirma en el escrito haber efectuado dicha ponderación «llegando a la conclusión de que no hay una prevalencia en este caso del interés público sobre el derecho a la protección de los datos personales tratados». La respuesta sostiene que el preámbulo de la ley de transparencia recoge que «solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones».

Las explicaciones que aduce Transportes contraviene las indicaciones de Transparencia. Ábalos, como responsable público, está sometido al escrutinio de los ciudadanos, especialmente tras ser señalado por la Justicia. El exministro se enfrenta a partir del martes al juicio por el presunto cobro de mordidas tras la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión por siete delitos, una pena que las acusaciones populares elevan a 30 años, el mismo tiempo que para Koldo García. En el caso de Aldama se rebaja a siete años por el atenuante de colaboración.

Pase especial para Aldama

Como constató la UCO, Aldama se movía a sus anchas por Transportes, epicentro de los contratos bajo sospecha. Funcionarios y ex altos cargos han apuntalado esa tesis. Incluso usaba el ascensor privado reservado para el ministro. La responsable de la auditoría que encargó Puente afirmó que el comisionista era percibido como «una persona más del ministerio que de la empresa». Según su testimonio, su presencia era tan habitual que incluso aparcaba su coche en la zona reservada para los directores.

Aldama tenía un «pase especial» para acceder al ministerio. Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos, explicó hace un año en el Tribunal Supremo que fue Koldo García quien le pidió la credencial, aunque no le consta que fuese para reunirse con el exministro. El propio exdirigente socialista, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, rechazó ese extremo.

Como avanzó este diario, Aldama le acompañó en la reunión con las autoridades del Estado mexicano de Oaxaca para abrir una ruta área con Air Europa, aerolínea para la que trabajaba. Se habrían conocido a través del hermano del comisionista, que era escolta del entonces ministro. Ábalos también está investigado en la Audiencia Nacional (que asumió el caso cuando dejó de estar aforado) por el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.

La agenda de Koldo García revela que el asesor ministerial se reunía con periodistas, altos cargos, exministros, responsables de empresas públicas y empresarios. El dietario muestra encuentros habituales con los directivos de varias compañías investigadas por esos contratos, entre ellos José Ruz, de Levantina, Ingeniería y Construcciones. Como reveló este diario, no solo fue uno de los grandes beneficiarios de las obras públicas durante la etapa de Ábalos: también financiaba algunas veladas nocturnas del exministro.