Aunque desde el año 2013 la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) sólo permite el acceso a los campos a la afición del equipo local, la violencia y el crimen organizado relacionado con las barras bravas no ha remitido. La restricción se impuso tras la muerte de un aficionado del Lanús, Javier Gerez, por un balazo de goma disparado por la policía durante unos disturbios.
La violencia en los estadios ha acabado con la vida de 300 personas, según cálculos realizados por la ONG Salvemos al Fútbol. Además de las muertes, las barras bravas tienen disputas de poder internas en torno a los negocios que manejan, desde la venta de drogas en el estadio, al control de los chiringuitos de refrescos y comida, la reventa de entradas, pasando por la explotación de los aparcamientos en los alrededores de la cancha y la comercialización de indumentaria oficial.
Para acabar con este crimen organizado enquistado en las gradas, el presidente Macri ha salvado a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) de la bancarrota, para que haya un organismo regulador que controle a las barras bravas. Además, ha implantado el programa «Tribuna Segura», una operación de seguridad, con efectivos de gendarmería y prefectura a las puertas de los estadios que pretende detectar a los violentos. Cada DNI es escaneado mediante un teléfono móvil conectado a una base de datos. Si un individuo tiene antecedentes policiales, no se le deja entrar y después los agentes comprueban si tienen relación con las barras bravas. “El presidente nos dijo que en el fútbol hay que ir despacio y los pasos deben ser concretos”, ha reconocido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El temor a los barras lo conoce bien Macri, que fue presidente de Boca Juniors más de 10 años y tuvo que lidiar con La Doce, los radicales del club.