Perón Sánchez Castejón

El sanchismo ha peronizado España. Las ideas y prácticas del justicialismo argentino sembradas por el Gobierno de coalición han conseguido, en un tiempo récord, hundir sus raíces en lo más profundo de nuestras instituciones e impregnar la cotidianeidad política y mediática española de esa pestilencia populista tan arraigada en el país de América del Sur.

El ramillete de analogías es tan significativo que me permito descartar que estemos ante una mera coincidencia: no sólo nos hemos peronizado en lo económico, también en lo político, en lo jurídico y en lo social. Como la mala hierba que crece en los terrenos abandonados, el peronismo ha germinado en nuestro país porque el modelo de la Transición sobre el que se asientan sus fundamentos andaba ya bastante maltrecho. El sanchismo ha asestado a la España constitucional la estocada mortal que dejó pendiente el zapaterismo, aunque eso no desmerezca la colaboración necesaria de otros partidos, que se avinieron a suministrar placebo allí donde se requería antibiótico.

Cierto es que, a bote pronto, la semejanza económica es la que se antoja más evidente, sin duda propiciada por una inflación persistente de dos cifras, un gasto desorbitado y una deuda insostenible que se sustentan en una visión fuertemente intervencionista del Estado en la economía, que prima la redistribución de la riqueza a su creación. La recesión llama a nuestra puerta ante la inminente subida de los tipos de interés, mientras los de Sánchez se niegan a actuar en consecuencia: puestos a elegir entre el electoralismo y la previsión, escogen lo primero.

Porque el sanchismo, al igual que el peronismo, se mueve en el plano del relato y de la propaganda. No aciertan en sus previsiones no porque no sepan o no puedan, sino porque no les conviene. El arte del populismo consiste, al fin y a la postre, en evitar que la verdad comprometa la ideología, y este Gobierno ha demostrado sus habilidades para ignorar con maestría los datos, cuando no para distraerlos o hasta ocultarlos. Mientras el transcurrir del tiempo evidencia que las medidas del ejecutivo para combatir la escalada alcista propiciada por los costes de la energía son cosméticas e ineficaces, ellos recurren a sus portavocías habituales para colocar la idea que el origen de nuestras desdichas ya no tiene un único responsable, sino dos: la extrema derecha franquista y fascista lleva meses cohabitando en el trono con la guerra de Putin.

Ni que decir tiene que las teorías de la conspiración enarboladas estos días por Pedro Sánchez, afirmando la existencia de unos «poderes ocultos» que usan a sus «terminales mediáticas, políticas y económicas» para derrocar al Gobierno progresista porque lo consideran «incómodo», tampoco son invento del sanchismo, ni siquiera de Podemos o del 15-M. El 3 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón pronunció el siguiente discurso: «Sabemos que estamos combatiendo contra fuerzas poderosas, nunca más poderosas que hoy, porque nunca fueron más ricas. Pero combatimos con armas leales y de frente contra toda especulación, contra todos los que venden y compran al país, buscando que el futuro de la Patria se asegure con la honradez política, con la honradez económica y con la equidad en la distribución social de la riqueza». Algunos dirán que es casualidad, pero yo apuesto a que los asesores políticos del presidente son tan poco originales como los económicos: el recurso a los métodos y herramientas peronistas es flagrante.

«Hemos importado de Argentina la idea de que los controles al poder democráticamente elegido son antidemocráticos»

Probablemente se preguntarán que es lo que se persigue con esta retórica. Básicamente, se trata de deslegitimar a la oposición a perpetuidad, al margen de los resultados electorales que pudiera obtener, pues no son «personas normales» sino parte de esas élites ricas y poderosas que maniobran desde las sombras para imponer a los incautos un sistema que sólo favorece a «los de arriba». No deja de tener su aquél que la izquierda se refugie en esta artimaña discursiva, cuando es fácilmente comprobable que la extracción social de la mayoría de los líderes e ideólogos presentes y pasados de la izquierda no es precisamente humilde: de Lenin a Perón, raro es encontrar a alguno cuyos antepasados cercanos no hayan tenido o tengan vinculación con la política u ocupado cargos relevantes en la Administración de sus respectivos países. Representar a la clase obrera es una cosa, y compartir espacio vital con ella, otra muy distinta.

Pero si todavía albergan dudas respecto a la mímesis del sanchismo con el peronismo, sólo tienen que echar un vistazo al deterioro institucional y a la degradación del Estado de derecho. Hemos importado de Argentina la idea de que los controles al poder democráticamente elegido son antidemocráticos: la voluntad de las urnas convalida la arbitrariedad de los poderes públicos, que dejan de estar sometidos al principio de legalidad, y justifica la ideologización de las instituciones. Las Administraciones públicas han de servir a las necesidades del partido porque éste es fiel reflejo de la gente, del pueblo. 

El resto de los poderes del Estado han de coadyuvar al Ejecutivo para hacer el cambio posible, lo cual muchas veces pasa por cambiar -si me permiten la redundancia- a quienes están al frente de las instituciones y de sus órganos de Gobierno. Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, Tezanos a las riendas del CIS, el cese de la directora del CNI, o la dimisión del presidente del INE antes de que Calviño procediera a su destitución son sólo la punta del iceberg de una transformación profunda del entramado administrativo que se ha acometido en un muy corto espacio de tiempo.

El poder judicial merece mención aparte, debido a su trascendental labor en el control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Porque si Perón abogó por una justicia «más sensible que letrada, menos formalista y más expeditiva» porque «en lo que a nosotros hace, ponemos el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial», Sánchez no le va a la zaga: no ha dudado en instrumentalizar los indultos para corregir las sentencias de los tribunales, bien por mera conveniencia política – impunidad para sus socios de gobierno independentistas -, bien por puro sectarismo ideológico – los indultos a Juana Rivas o a María Sevilla. Muchos miembros de su Ejecutivo han tildado de prevaricadores al Supremo y a otros magistrados por resoluciones que no han resultado de su agrado. Pero lo más sangrante son sus constantes intentos de retorcer la ley para tomar el control del Consejo General del Poder Judicial, al que acusa sin tapujos de representar a la mayoría de Mariano Rajoy a pesar de que la actual composición del órgano de gobierno de los jueces obedece a un pacto PP-PSOE. Nos hallamos ante la aplicación práctica de ese espíritu de Justicia invocado por Perón.

Pero ideologizar a la Administración no es bastante, hay que hacerlo también con la vida cotidiana, que debe de estar sometida a un incesante bombardeo de discursos y terminologías que el ciudadano ha de interiorizar y repetir, de forma que dejen de ser opinión y se conviertan en dogma. Expresiones como la de ‘madres protectoras’ o ‘violencia vicaria’ han sido cultivadas y exprimidas mucho antes por el feminismo peronista argentino que por el español. El empeño que ahora observamos aquí en subvertir las normas que regulan la carga de la prueba en el proceso penal para que, en los delitos como el maltrato o las agresiones sexuales, sea el varón el que tenga que demostrar su inocencia, es una herencia del peronismo de nuevo cuño argentino. Tenemos unos gobernantes igual de sectarios que los de allí, pero muchos menos originales.

A la vista de todo lo expuesto, espero entiendan la licencia que me he tomado rebautizando al presidente del Gobierno: si ‘Su Persona’ o ‘Su Sanchidad’ sirvieron para sintetizar la gestión de la pandemia, y Antonio Sánchez se ha usado en los últimos tiempos para ironizar sobre su desastrosa política exterior, creo que ‘Perón Sánchez Castejón’ es el colofón perfecto para resumir los resultados de esta infausta legislatura.