Las imágenes del juicio de Gürtel en las que ha declarado como testigo el presidente Mariano Rajoy están pixeladas, como granuladas, son de mala calidad. Son fotografías de pantallas de televisión, de la señal de vídeo de la Audiencia Nacional, porque no se permiten cámaras de la prensa en la sala. El efecto es potente.
“Con absoluta normalidad” afronta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, su declaración como testigo este miércoles en la vista oral del juicio del ‘caso Gürtel’.
La Audiencia Nacional ha citado a Mariano Rajoy a declarar el próximo 26 julio, a las 9:30 horas de la mañana, para que comparezca de forma presencial, en calidad de testigo, en la misma sala en la que se juzga el caso de la trama Gürtel. La sección segunda de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión con el voto en contra del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, para quien la declaración de Rajoy debía realizarse por videoconferencia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado declarar como testigo en la vista oral de la trama Gürtel por videoconferencia el 26 o el 27 de julio. La Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio, había decidido el pasado 18 de abril que el presidente del Ejecutivo declarase en el caso a petición de la acusación particular.
Los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López dejarán sus actuales puestos para trasladarse a la nueva Sala de Apelación de este órgano que comenzará a funcionar el próximo 1 de junio, y que revisará en segunda instancia las propias sentencias de la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este miércoles de la adjudicación de estas plazas, convocadas dentro de un concurso de traslado en el que se han adjudicado otra treintena de destinos.
El juez del caso Púnica ha imputado a Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su presunta vinculación en una trama de corrupción que investiga a varios ayuntamientos madrileños.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a prisión al etarra Antonio Troitiño, entregado el viernes por Reino Unido, después de comunicarle su procesamiento por integración en organización terrorista, concretamente en el aparato logístico de ETA, delito por el que ahora volverá a ser juzgado.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, a los que ha impuesto una fianza de casi 500 millones de euros, que se sentarán en el banquillo junto a Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominado ‘caso Nueva Rumasa’.
La Policía Nacional ha iniciado este miércoles un registro en la vivienda y el despacho del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en Barcelona. Los registros se producen apenas un día después de que su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, ingresara en la prisión de Soto del Real, sin fianza, por ocultar al fisco 30 millones de euros de su fortuna. Una decisión que ha sido tomada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el llamado «caso Pujol».
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado prisión incondicional comunicada sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, por evasión de capitales cuando ya se había iniciado la investigación sobre su familia, informan varios medios. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía General del Estado y la acusación particular de Podemos habían pedido la pena de cárcel para el primogénito del expresidente de la Generalitat, principal implicado del caso Pujol, al considerar que, junto con su esposa, Mercé Gironés, había sacado ilegalmente 30 millones de euros de España, basándose en una cifra otorgada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).
Los Mossos d’Esquadra mantienen desde esta madrugada una operación contra el terrorismo yihadista en la que se incluyen los registros y entradas en 12 locales y pisos en las localidades de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, Cornellà de Llobregat i Masquefa, que se han saldado hasta el momento con varias detenciones
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que declarar como testigo en el juicio sobre la trama Gürtel, después de que así lo haya decidido este martes la Audiencia Nacional.
La justicia española ha solicitado este lunes a su Francia que comparta las informaciones sobre las armas entregadas por ETA el sábado, ante la posibilidad de que hayan sido usadas en crímenes de la organización terrorista aún por resolver, según fuentes judiciales.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado diversas diligencias en el marco de una investigación al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, «por delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en las localidades malagueñas de Puerto Banús y Marbella», ha informado este martes el órgano jurisdiccional.
La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles a Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación de Guatemala, del delito de asesinato de 10 presos
La justicia ha condenado a 13 años y tres meses de cárcel a Germán Cardona, conocido como el «Madoff español», por una estafa piramidal de 350 millones de euros que afectó a más de 180.000 personas.
El pasado 27 de diciembre, las detenciones de dos hombres de nacionalidad española hicieron saltar todas las alarmas después de que la policía hallara durante las investigaciones un vídeo que mostraba a un individuo con un fusil tipo AK-47 y luego una imagen de la emblemática Puerta del Sol madrileña.
Edrissa Ceesay Sanuwo y Samir Sennouni Mouh, que en otro vídeo aparecían exhibiendo un fusil del mismo tipo y un machete militar, fueron encarcelados el 30 de diciembre en medio de los temores extendidos por toda Europa ante posibles atentados en Nochevieja. Los dos fueron acusados por los delitos de «enaltecimiento del terrorismo» y «depósito de armas de guerra». Ambos aseguraron ser inocentes y decían ser objeto de un montaje por parte de un tercer hombre, Manuel Mohamed Rodríguez Mnri, que en realidad era un informante de la policía llamado ‘Lolo’. Algunos medios se hicieron eco de las demandas de los detenidos. En particular, El Mundo publicó que ‘Lolo’ tenía que aportar informaciones «extraordinarias» para conseguir una prima, por lo que se inventó la existencia de la supuesta célula yihadista dispuesta a atentar. En su auto, el juez de la Audiencia Nacional no confirma que ‘Lolo’ sea un informante, pero sí le acusa de orquestar la trama.
«El resto de las diligencias practicadas, incluidas las observaciones telefónicas, tampoco coadyuvan a estimar la posible existencia de un delito de terrorismo, ya sea por enaltecimiento o por amenazas», mantiene Pedraz en su auto. Ahora, una vez puestos en libertad, los dos individuos se encuentran en libertad provisional y deben mantenerse localizados por las autoridades, ya que aún quedan por analizar algunos de los «efectos intervenidos» durante las investigaciones, se añade en el escrito del juez.
«Nunca he participado de ningún negocio», ni con Correa, ni con Jacobo Gordon, ni con otros imputados en el caso. Esta frase ha sido una de las más repetidas por Bárcenas. Sobre su relación con el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, el ex dirigente del PP ha asegurado que «sí tuve una relación profesional», con él como proveedor de sus empresas de eventos y de viajes, entre 1993 hasta 2003, «año en que se rompe relación» entre el PP y Correa. La ruptura, ha asegurado Bárcenas, se produce «fundamentalmente porque en un momento determinado, al señor Correa, creo que se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía, lo bien que le iba y el nivel de relaciones dentro del PP». Correa atribuye a Bárcenas el fin de la relación contractual con el PP, algo que ha negado el ex tesorero. Fue Mariano Rajoy, presidente del PP, quien «dice que hay que dejar de seguir contratando con las empresas de Correa», ha explicado Bárcenas.
Ante las preguntas del Ministerio Fiscal sobre las contradicciones de su declaración ante el tribunal y las realizadas previamente durante la instrucción del caso, Bárcenas se ha limitado a decir que «no recuerdo a qué me refería» entonces. En todo momento ha negado que él o alguien del PP se hubiera llevado dinero de comisiones, y que las donaciones realizadas por personas y empresarios al PP «no tenían carácter finalista» y se anotaban. «Jamás, ninguna de las empresas de Correa ha recibido dinero en efectivo del PP; todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente en el partido». Y las donaciones, ha añadido, «se anotaban» por su antecesor Álvaro Lapuerta pero ha admitido que era una contabilidad «extra contable del PP, evidentemente». El ex tesorero ha negado «connivencia» con Lapuerta «sino excesivo celo» por parte de éste. «Es imposible que nadie se haya apropiado de ese dinero», ha reiterado.
Bárcenas se enfrenta a más de 42 años de prisión por asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que, según la acusación, fueron abonadas presuntamente por empresarios a la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones por parte de diferentes gobiernos del PP. Además, está acusado de haberse quedado dinero de una contabilidad paralela del partido.
“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, concluye el dictamen, que obra ya en manos de la ministra de Defensa, Cospedal, y que será quien tenga la última palabra al respecto.
En mayo de 2013, 62 militares regresaban a España desde Afganistán cuando el avión Yakolev se estrelló en una zona montañosa de Turquía. El Gobierno presidido por José María Aznar, a través de su ministro de Defensa, Federico Trillo, achacó el siniestro a un error humano y a las malas condiciones climatológicas. Los familiares de los fallecidos se negaron a aceptar esa versión y llevaron el caso a los tribunales. Además, la rapidez con la que se repatriaron los cuerpos provocó errores en 30 de las identificaciones. Por ese error, la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2009 a tres altos mandos del ejército a penas de cárcel por un delito de falsedad en documentos oficial. Ninguno cumplió condena porque, unos de ellos, el general médico Vicente Navarro, falleció poco después, y los otros dos comandantes fueron indultados en 2012 por el Gobierno del PP.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en 2012 el archivo de la causa por considerar que no había delito de imprudencia con resultado de muerte por la contratación del avión de los seis altos mandos militares encausados, aunque en el auto no se excluía la posibilidad de “otra responsabilidad de naturaleza diversa”. A esta otra responsabilidad es a la que se refiere ahora el Consejo de Estado, en cuanto a que el accidente podría haberse evitado si Defensa no se hubiera desentendido de su obligación de garantizar la seguridad de los militares. La Asociación de Familiares del Yak 42, a través de su portavoz Curra Ripollés, ha destacado la importancia que tiene el dictamen y el hecho de que se haya aprobado por unanimidad, y ha exigido el cese de Trillo. “Mintió al Congreso, mintió a las familias y no puede ejercer un cargo como el de embajador porque es un puesto que representa a España con honor y el señor Trillo no lo tiene”, ha declarado Ripollés en declaraciones a la Sexta. El entonces ministro de Defensa aseguró en el Congreso que “según todos los datos técnicos” el Yakolev “era un buen avión”, y achacó el accidente a “un error humano» y al mal tiempo. Sí admitió errores en la identificación por los que, aseguró, había pedido perdón a las familias. Pero eso fue todo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la noticia del dictamen se ha limitado a comentar que “eso ya está sustanciado judicialmente y además pasó hace muchísimos años”, unas manifestaciones que para Ripollés no son de recibo ya que “tenemos derecho a la verdad y a la justicia”.
La operación incluyó registros en cinco domicilios. España está en el nivel 4 de alerta desde 2015 como consecuencia de los atentados terroristas cometidos en diferentes ciudades europeas, el último de los cuales hace diez días, se produjo en la ciudad alemana de Berlín, cuando un camión conducido por un tunecino leal al grupo terrorista Daesh arrolló a una multitud que visitaba un mercado navideño. Esta acción, que acabó con la vida de 12 personas, ha llevado a las autoridades españolas a incrementar la seguridad en lugares públicos con la colocación de bolardos para evitar un atentado de similares características. Las fuerzas de seguridad han detenido desde 2015 a un total de 175 terroristas yihadistas.
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado en el que niega un inminente atentado en España durante el Fin de Año, como se ha extendido en las redes sociales en las últimas horas. «Las informaciones que se están difundiendo a través de algunas redes sociales y otros canales de comunicación como WhatsApp sobre la comisión de un posible atentado en España, carecen de toda credibilidad y solo pretenden provocar estados de temor a la población y de alarma ciudadana u otros fines malintencionados que son totalmente ajenos a la seguridad», dice el comunicado del ministerio.
En la madrugada del 15 de octubre, dos agentes de la Guardia Civil y sus respectivas compañeras fueron objeto de una agresión por parte de un grupo de unos 40-50 individuos en las inmediaciones del bar Koxka, en la localidad navarra de Alsasua, establecimiento en cuyo interior se habían producido previamente amenazas e insultos hacia los agentes del Cuerpo, recuerda el instituto armado en un comunicado. En ese momento fueron detenidas dos personas por un delito de lesiones y atentado contra la autoridad.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se personó como acusación y presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por posible delito de terrorismo. A raíz de las investigaciones de la Guardia Civil fue posible investigar a otros presuntos participantes en la agresión, que obligó a los dos agentes a ser hospitalizados con diferentes lesiones.La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Esta última detención ha sido consecuencia de las investigaciones que siguieron a la operación desarrollada en diciembre de 2015 y que llevó a la detención de un individuo también de nacionalidad marroquí acusado de varios delitos relacionados con el terrorismo. «Las investigaciones que el pasado 1 de diciembre condujeron a la detención de Salim Aghmir situaron en el punto de mira de los agentes al ahora detenido, que era asiduo del local de hostelería que el primero regentaba en Pamplona, y que participaba directamente en actividades relacionadas con el enaltecimiento y la difusión de propaganda de la organización terrorista Daesh».
El perfil del detenido, explica la Guardia Civil – que en esta operación ha contado con la colaboración del CNI – es coincidente con la mayoría de los arrestados en otros países de Europa, «tratándose de personas aparentemente integradas en la comunidad de residencia y que, tras un proceso de radicalización, pasan a abrazar los postulados de Daesh, convirtiéndose en individuos potencialmente peligrosos para la seguridad nacional».
Según ha informado podrá salir de la cárcel seis veces con permisos penitenciarios. No será la primera vez que ‘La Tigresa’ salga de la cárcel, ya que ha estado recientemente fuera de prisión para sacarse el carnet de conducir con permiso de la Audiencia Nacional. En un primer momento, el juez De Castro se opuso a autorizar permisos de salida a la etarra porque a su juicio, la reclusa no admitía todos los hechos delictivos cometidos, pero tras un año y medio de peticiones y recursos, podrá salir de la cárcel de Zaballa siempre que no visite ninguna localidad donde residan familiares de las víctimas. Durante los últimos años, la etarra ha remitido varias misivas al juzgado donde pide perdón a las víctimas y admite su actividad delictiva como miembro de ETA: “Asumo total y absolutamente mi actividad delictiva en el seno de ETA, así como mi responsabilidad por la actividad de dicha organización al haber pertenecido a ella, mi absoluto y profundo dolor por el daño causado, tanto directa como el provocado por ETA en general, y mi total y absoluta disposición desde hace años a contribuir en lo posible en la reparación del daño causado, así como en afincar las bases de una nueva convivencia en paz y reconciliación, desde el mayor respeto a las víctimas”.
«Quienes me quieren suelen decirme que en las diferentes facetas de mi vida, de una u otra forma, me las he ‘arreglado’ para estar siempre en el punto de mira».
Cuando Correa comentó días atrás que iba a colaborar con la Justicia, muchos fueron los que dijeron que estaba dispuesto a tirar de la manta. Y así ha sido al asegurar que pasaba más tiempo en la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid, que en su despacho. Ha reconocido ‘Don Vito’, como le gustaba que le llamaran, haber sido él personalmente quien cobraba las comisiones a «empresarios privados que daban sus aportaciones – a cambio de adjudicaciones – que luego yo se las entregaba a Luis Bárcenas, y yo me quedaba con mi parte». Con toda tranquilidad ha añadido que eso era algo que «todo el mundo hacía» y, por tanto, era lo normal.
Sobre su relación con el PP, ha explicado que fue el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas – también encausado -,quien en 1996 le propuso colaborar con el PP durante la etapa de José María Aznar al frente del partido y que dicha relación terminó cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia en 2004. Fue entonces cuando trasladó su actividad a Valencia donde siguió vinculado al PP presidido en esa época por Francisco Camps. De los regalos a los políticos del PP, ha asegurado que sí, que hizo muchos regalos, entre ellos, un coche a Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, o viajes para la familia de éste. Sepúlveda, por entonces, estaba casado con Ana Mato, ministra y destacada dirigente del PP que se vio obligada a dimitir tras hacerse pública su supuesta relación con Correa y la trama Gürtel.
Lo único que ha admitido el principal encausado como delito es haber abierto una cuenta en Suiza con dinero «opaco». «Ahí sí que me han pillado», dijo Correa, que se enfrenta a una petición de 125 años de cárcel y una multa de 60 millones de euros por ocho delitos, sólo por este caso, porque aún le quedan otras ocho causas pendientes.
La Audiencia Nacional comienza a juzgar este martes la pieza central de la trama Gürtel en la que se sientan en el el banquillo el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, el extesorero popular Luis Bárcenas y otras 35 personas, entre ellas una decena de ex altos cargos del PP. Esta primera parte del juicio corresponde a la investigación denominada «Época I 1999-2005» y se desarrollará a lo largo de 32 sesiones hasta el 20 de diciembre. En la vista oral se analizarán los supuestos sobornos que el empresario Francisco Correa pagó a políticos del PP, la mayoría de la Comunidad de Madrid, pero también de Castilla y León y Estepona (Málaga), a cambio de la concesión de contratos públicos. También se estudiarán los mecanismos empleados por Correa y sus subordinados para ocultar las supuestas mordidas. Según se desprende del sumario (de 50.000 páginas), el dinero defraudado por la trama Gürtel se estima en 120 millones.
De Juana es uno histórico de ETA, miembro del ‘comando Madrid’ acusado de numerosos atentados incluido el cometido con coche bomba el 14 de julio de 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid contra un convoy de la Guardia Civil, en el que murieron doce agentes en prácticas de la Agrupación de Tráfico y 45 personas más resultaron heridas. Fue detenido en 1987.
Durante los 18 años que pasó en prisión protagonizó varios intentos de fuga y huelgas de hambre. En 2008 quedó definitivamente en libertad pero la Audiencia Nacional cursó una orden de búsqueda contra él por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. El etarra, que abandonó España y se instaló en Irlanda, desapareció en 2010. En 2014 el periódico El Mundo lo encontró viviendo en Venezuela y regentando un licorería y un año después el Gobierno español cursó su orden de extradición a la que el Ejecutivo venezolano aún no ha dado trámite.
Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha aportado estos datos acerca de las investigaciones yihadistas en España durante su intervención en el curso Libertad y Seguridad frente a las nuevas amenazas impartido la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha resaltado que la mayoría de los más de 500 investigados son sospechosos de delitos de adoctrinamiento y captación a través de internet. Zaragoza ha informado que cuatro de cada diez investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional son por terrorismo, y de ellas, el 25% son causas relacionadas específicamente con el terrorismo de la yihad. En España, las fuerzas de seguridad detuvieron a 94 personas por este motivo en 2015, y en las cárceles hay 90 internos pendientes aún de juicio por terrorismo yihadista.
El juez ha cursado este viernes una comisión rogatoria a Alemania para que la empresa designe a la persona que deberá representarla. Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional procede investigar la conducta de Volkswagen una vez la compañía haya reconocido públicamente la manipulación de motores diesel de 4 cilindros.
En efecto, la compañía desveló el año pasado a la Junta de Recursos el Aire de California y a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que los vehículos con motores diésel de cuatro cilindros fabricados entre 2009 y 2015 contenían un «recurso de anulación en forma de programa informático oculto que reconocía si un vehículo estaba funcionando en una prueba de laboratorio o en la carretera». Se estima que este sistema fue instalado en 10 millones de vehículos en todo el mundo.
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