La Guardia Civil desvela que cuatro exjefes de ETA ordenaron matar a Miguel Ángel Blanco
En un informe remitido a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil considera que los cuatro dirigentes planificaron y ordenaron el asesinato del concejal de Ermua
Manifestación contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco. | EP
José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto‘ fueron los cuatro exjefes de ETA que «planificaron, dirigieron, gestionaron y ordenaron» la materialización del secuestro y posterior asesinato del entonces concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1997. Es lo que confirma la Guardia Civil en un informe que ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga a nueve exdirigentes de la banda terrorista por su supuesta responsabilidad en la muerte de político vasco, tras admitir una querella de la asociación Dignidad y Justicia el pasado mes de marzo.
La denuncia de esta asociación de víctimas está dirigida también, además de estos cuatro ex dirigentes etarras, contra los también antiguos jefes de la banda Asier Oyarzabal, Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, Vicente Goicoechea Barandiaran, Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren.
En el extenso documento, encargado por el juez Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los Servicios de Información de la Guardia Civil acreditan, en base a distintos documentos y declaraciones de miembros de ETA, que el asesinato de Blanco se realizó «en cumplimiento de una orden directa y expresa» de la citada estructura dirigente, entonces conocida como «comité ejecutivo».
El Instituto Armado explica, entre varios argumentos, que el «respeto y obediencia» que todo militante de ETA guardaba hacía el máximo órgano de dirección de la organización evitaba la comisión de delitos atentados, principalmente, los que podían suponer un gran impacto o repercusión política y social, «sin la orden o la aprobación expresa de los dirigentes. Siendo este el caso de concejal del PP asesinado, «una acción que el comando Donosti solo pudo realizar en cumplimiento de un mandato» que procedía de los entonces responsables de los distintos aparatos de ETA.
Cartas manuscritas
En 1997, dice el informe, el secuestro del concejal del PP «era una prioridad absoluta para la Dirección de ETA». Una acción que debía realizarse precisamente en el verano de ese año y «lo antes posible», según figura en los propios documentos emanados de los dirigentes de la organización terrorista. En este caso, dice la Guardia Civil, de cartas manuscritas por el responsable de los comandos «ilegales» de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’, dirigidas a uno de sus comandos. De hecho, esa orden no solo se remitió al comando de Donosti, quien materializó finalmente el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino también al «comando de liberados de Bizkaia y de Andalucía».
Estrategia de desestabilización
En el informe remitido a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil enmarca la decisión de acabar con el concejal de Ermua en una nueva estrategia político-militar que tomó la organización terrorista, tras el golpe policial que supuso la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, en la que su prioridad «era la confrontación constante con el Gobierno de España a todos niveles para «desestabilizarlo con mayor intensidad».
Una decisión que tomó, entre 1993 y 1994, el ya entonces nuevo comité ejecutivo de la banda, del que ya formaban parte ’Kantauri’, ‘Mikel Antza’; ‘Iñaki de Rentería’, y María Soledad Iparraguirre. Esta estrategia «incluía el señalamiento de cargos políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como principales objetivos de las acciones terroristas. Tras lo que, los dirigentes, en el uso de «un nuevo procedimiento» ordenaron el secuestro del edil del PP bajo la amenaza del asesinato si el Gobierno no accedía a las exigencias de ETA.
«Improbable e inimaginable»
Para los investigadores, teniendo en cuenta el funcionamiento interno de ETA desde sus orígenes criminales, es altamente «improbable, inimaginable y prácticamente fuera de cualquier razonamiento lógico, que una acción terrorista como la que fue llevada a cabo contra el concejal del Partido Popular, su secuestro y su posterior asesinato, fuese llevado a cabo por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA».
La «capacidad de acción y de dominio» que los integrantes del comité ejecutivo tenían sobre todas las estructuras de la organización, en el momento del secuestro y asesinato de Miguel Anel Blanco, dice el informe policial, es evidente. Por lo que la decisión de llevar a cabo la acción terrorista no fue fruto de una decisión tomada por algún miembro concreto. Sino que requirió del «consenso, de la toma de una decisión adoptada de forma colegiada por todos los integrantes del ZUBA». «El alcance, la repercusión y las consecuencias» de la acción terrorista «así lo requería».
Además, como refuerzo a lo expuesto, los investigadores recuerdan que en el fallo de la Audiencia que condenó a los integrantes del comando Donosti, Javier García Gaztelu, Iratzu Gallastegui Sudupe y José Luis Gueresta Mugica, por el asesinato del concejal de Hemua, en el tribunal consideró que los terroristas llevaron a cabo el crimen siempre siguiendo las instrucciones recibidas de la «Dirección de ETA».
