En las últimas semanas no han faltado hazañas protagonizadas por la última fuerza representada en el parlamento autonómico catalán, la CUP. Su mayor o menor recorrido mediático no es óbice, sin embargo, para que la fotografía conjunta de todas esas iniciativas permita al lector hacerse una idea bastante precisa de lo que persiguen los integrantes de la -¿formación?-.
La izquierda independentista catalana, integrada por Candidatura de Unidad Pupular (CUP), Arran y Endavant entre otros colectivos, ha presentado este jueves el cartel con el que pedirá el voto para el ‘sí’ en el referéndum convocado por la Generalitat para el próximo 1 de Octubre, informan varios medios. «¡Barrámoslos! Desobediencia y autodeterminación. Países Catalanes», reza el cartel, en el que aparece una mujer barriendo a diversos personajes de la actualidad española. El cartel está inspirado en un dibujo de la Rusia bolchevique en el que se ve a Lenin barriendo a la monarquía, la Iglesia y el capitalismo.
El Gobierno central denunciará en los tribunales los ataques contra los intereses turísticos del país y se personará en las diligencias judiciales abiertas por sucesos ocurridos en los últimos días en Barcelona. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha instado a la Abogacía General del Estado a actuar en este sentido después de que varios miembros del grupo juvenil anticapitalista Arran, afín a la CUP, causaran daños hace unos días a bicicletas públicas y un autobús turístico en Barcelona para quejarse de la masificación de visitantes que sufre la ciudad desde hace años.
Con 72 votos a favor y 63 en contra, el pleno del Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una polémica reforma del Reglamento presentada por Junts pel Sí y la CUP que permitirá sacar adelante leyes express. Para los grupos de la oposición, se trata de una propuesta “antidemocrática” dirigida a permitir la aprobación de leyes de ‘desconexión’ de Cataluña y una ley de referéndum en lectura única.
La constatación de que un grupúsculo antisistema como la CUP puede determinar los presupuestos generales de Generalitat y las facetas más escabrosas del proyecto de secesión da una idea de la azarosa circunstancia que la sociedad catalana lleva viviendo desde hace tiempo. La CUP dio su apoyo a Junts pel Sí –es decir, Convergència y ERC- a cambio de que descabalgasen a Artur Mas y le sustituyeran, ya mucho más allá del principio de Peter, por Carles Puigdemont, aunque ambos comparten una aparatosa ignorancia sobre el Estado de Derecho y sobre la política y, en concreto, sobre la historia política de Cataluña y de toda España. Estamos en el ámbito del mito, irracional y primario. Los 300.000 votos de la CUP y sus diez escaños condicionan el futuro inmediato de una sociedad que por su parte ya ha desconectado de la desconexión, al contrario del microcosmos político nacionalista.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista que el Gobierno de Cataluña quiere convocar el 1 de octubre. La decisión de este miércoles, que se ha acordado por unanimidad, responde a un recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que el tribunal ha aceptado parcialmente.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este miércoles un llamamiento a la serenidad en Cataluña frente a los «delirios autoritarios» del gobierno de Carles Puigdemont y sus socios soberanistas.
Cataluña declarará «inmediatamente» su independencia de España si gana el sí en el referéndum de autodeterminación que el gobierno regional quiere celebrar el 1 de octubre, ha afirmado este martes una diputada catalana, hablando en nombre de la coalición de poder. «Si la mayoría de votos emitidos son favorables a crear la república catalana, obviamente e inmediatamente se tendrá que declarar la independencia», ha afirmado Gabriela Serra, de la CUP, al presentar la ley, que todavía es un borrador y que servirá para organizar la consulta.
Muchas conquistas sociales han llegado gracias a la solidaridad y la lucha colectiva, y muchas tantas otras de la fortaleza de hombres y mujeres que han ido a contracorriente, rompiendo tabús y haciendo frente a las masas.
Anna Gabriel, apellido arcangélico aunque le duela. Activista de oficio, de beneficio. Diputada en la que reside la soberanía autonómica -«a todo se llega degenerando», que decía «el Guerra»- . Gabriel es de las que cardan la lana, la fama, y los huevos que se lanzan contra la sede del colonialismo español -léase constitucionalismo-.
Si políticamente son una generación banal, hipersensible y victimista, unas plañideras de mesa camilla y vaso de Cola Cao, culturalmente son intrascendentes.
Y cito:
“Desobediencia es, según el Instituto de Estudios Catalanes, el “rechazo colectivo a obedecer alguna ley o norma para hacer presión pacíficamente sobre el poder constituido”. Desobediencia es la palabra más exigida por la CUP desde que se inició el proceso. Desobediencia es por lo que ha sido inhabilitado Mas. Y Joana Ortega. E Irene Rigau. A ojos de la justicia, los primeros desobedientes de Cataluña han sido ellos.
En junio de este año, el 42,4% de los encuestados estaba en contra de la independencia de Cataluña, frente al 47,7% que la deseaba, lo que supone una variación de dos puntos a favor de que la Comunidad siga formando parte de España, e indica que la opción independentista va perdiendo apoyos con el paso del tiempo.
Así se desprende también de la encuesta cuando pregunta por las preferencias de voto si se celebraran elecciones ahora en Cataluña. En este sentido, Junts pel Sí bajaría de los 62 escaños que tiene ahora en el Parlament y pasaría a una horquilla de entre 59 y 61 diputados. La CUP también bajaría y obtendría entre seis y ocho escaños, frente a los diez que tiene en este momento. En el mejor de los casos, ambas formaciones independentistas sumarían 65 escaños, por debajo de los 68 diputados necesarios para la mayoría absoluta.
También Ciudadanos perdería entre uno y tres escaños. En la actualidad tiene 25 escaños y se quedaría con 22-24 diputados. El PSC obtendría entre uno y dos escaños más de los 16 actuales mientras que el PP se quedaría con los 11 que tiene o uno más. El partido que más subiría si hubiera ahora elecciones es Catalunya Sí Que Es Pot (CQSP), donde están Podemos e Iniciativa per Catalunya, que subiría de 11 a 14-15 diputados, según la encuesta.
Mireia Vehí y Eulàlia Reguant son dos de las diputadas de la CUP que han encabezado la protesta en el Parlament de Catalunya. Junto a ellas estaban también los diputados Anna Gabriel, Gabriela Serra, Joan Garriga, Benet Salellas y Josep Garganté. Vehí ha asegurado que no darán «ni un paso atrás» y que «ni el Gobierno ni el conseller acabarán con el referéndum». Esquerra Republicana ha querido desmarcarse de las críticas de la CUP y ha organizado su propia muestra de disconformidad con la Justicia española. A la Audiencia Nacional de Madrid irán miembros del Senado como Mirella Cortès, Bernat Picornell y Xavier Castellana.
La decisión del TC, adoptada por unanimidad, responde a la iniciativa del Gobierno central que, el pasado viernes y, a través de la Abogacía del Estado, presentó un «escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia», por considerar «inaceptable» y un «desafío» al Estado de Derecho y a la «unidad de España» la decisión adoptada por la Cámara autonómica un par de días antes.
En su escrito, el TC «advierte» a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al Secretario General del Parlamento de Cataluña, así como al Presidente, Carles Puigdemont, y resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». El alto tribunal da un plazo de 20 días para que los interesados presenten alegaciones y demuestren que el Parlament actuó con forme a lo establecido por la legislación vigente. A pesar de esta advertencia la diputada de la CUP, Mireia Vehí ha asegurado que «pese a la suspensión, seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal».
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