Últimas noticias sobre el Tribunal Constitucional (TC). Se trata de órgano constitucional de España independiente de los demás órganos constitucionales. Es el intérprete supremo de la Constitución española de 1978 y no pertenece al Poder Judicial (CGPJ).
Los abogados de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, han dicho en una rueda de prensa que han podido hablar con ellos esta mañana.
El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad «la inconstitucionalidad y nulidad» de la Ley del Referéndum de Cataluña, que el mismo organismo ya había suspendido de forma cautelar el pasado 7 de septiembre, un día después de su aprobación en el Parlament de Cataluña, informa el TC en un comunicado. Ante el recurso presentado por la Abogacía del Estado, los magistrados consideran que el texto contradice «principios esenciales» del ordenamiento constitucional español: «La soberanía nacional, residenciada en el pueblo español; la unidad misma de la Nación, constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña».
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que “si declaran unilateralmente la independencia habrá decisiones para restaurar la ley y la democracia”, refiriéndose a la posibilidad de que Puigdemont haga una declaración de independencia unilateral en el pleno del Parlament de este martes.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado este viernes retrasar al martes su comparecencia en el Parlament para dar explicaciones sobre el 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera pleno que se iba a celebrar el lunes sobre el referéndum.
El Govern ha publicado este viernes los datos oficiales del referéndum ilegal del 1 de octubre. Según su recuento oficial, 2.286.217 personas votaron el pasado domingo. De ellas, el Govern asegura que 2.044.038 votaron sí a la independencia, 177.547 votaron por el no, 44.913 votaron en blanco y 19.719 fueron votos nulos.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido, por unanimidad, el pleno del Parlament de Cataluña que había decidido celebrar el próximo lunes, ha informado la Corte en un comunicado. En la sesión, los diputados catalanes iban a valorar «los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos”, suspendido también por el Constitucional, y, previsible, iban a declarar la independencia de manera unilateral. El Constitucional ha tomado esta decisión al admitir a trámite, por unanimidad, el recurso de amparo presentado este jueves por la mañana por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) contra la decisión, adoptada por la Mesa del Parlament de Cataluña el día 4 de octubre, de convocar esta sesión plenaria.
El referéndum de autodeterminación catalán ha sido el centro de las noticias en las últimas semanas y, especialmente, el domingo 1 de octubre, el día de su celebración. Las continuas tensiones entre el Gobierno de España y el de Cataluña, las órdenes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional destinadas a impedir la celebración del referéndum y la división de opiniones entre los diferentes cuerpos de seguridad han sido los protagonistas del proceso.
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha comparecido públicamente casi tres horas más tarde del cierre de los centros electorales, instalados de manera ilegal para un referéndum decretado igualmente ilegal por el Tribunal Constitucional, para declarar que los catalanes se han ganado «el derecho a tener un Estado independiente en forma de república» y ha anticipado que presentará los resultados de la consulta «en los próximos días», abriendo la posibilidad de hacer una declaración unilateral de independencia o, en cualquier caso, los primeros pasos hacia una Cataluña independiente, a través de las leyes de desconexión aprobadas hace unas semanas en el Parlament.
Los Mossos d’Esquadra han comenzado este martes a acudir a las escuelas de Cataluña donde está previsto que se alojen las urnas para el referéndum de autodeterminación, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Los Mossos deben identificar e interrogar a los responsables de dichos centros y requisar el material que hayan recibido para el 1 de octubre, incluidos las urnas y ordenadores, informa Efe.
El consejero de Presidencia de la Generalitat y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha anunciado el cese de Josep Maria Jové como secretario general de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda para librarlo de la multa de 12.000 euros del Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha comunicado Turull en rueda de prensa, en la que también ha cargado contra el envío de más Policías y Guardias Civiles a Cataluña.
Fuentes cercanas a la Guardia Civil han asegurado que los manifestantes independentistas que atacaron y robaron la Unidad de Zaragoza que fue enviada a Barcelona no se llevaron armas, como ha sido denunciado en algunos medios, sino material antidisturbios.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad imponer las primeras multas coercitivas por desobediencia a altos cargos de la Generalitat responsables de la organización del referéndum de autodeterminación y a los siete miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, según ha anunciado el TC este jueves. En otro auto similar, ha acordado también imponer a los siete miembros de la sindicatura electoral de Cataluña multas coercitivas de 12.000€ y a los quince miembros de las sindicaturas territoriales multas coercitivas de 6.000€.
Agentes de la Guardia se han presentado esta mañana en la sede de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuyo titular es Oriol Junqueras, y han detenido a su número dos, el secretario general de Economía, Josep María Jové. La Guardia Civil busca documentación relacionada con el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal constitucional.
Una decena de agentes de la Guardia Civil se han presentado esta madrugada en la sede de la empresa de mensajería Unipost en L’Hospitalet, en Barcelona, para buscar documentación relacionada con el referéndum de autodeterminación en Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Casi dos semanas después de que el Parlament aprobara las Leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica, resulta necesario realizar un balance de situación jurídico y conceptual. Me parece que hay un consenso generalizado en la idea de que la aprobación de ambas leyes se hizo sin sustento constitucional y estatutario. Además, en su elaboración se desconocieron las normas del Reglamento interno que regulan la vida de la Cámara, impidiendo que las minorías pudieran ejercer los más elementales derechos de participación democrática.
El acto en apoyo del referéndum de autodeterminación catalán que se iba a celebrar en un espacio del Ayuntamiento de Madrid y que un juez ha prohibido, se ha celebrado este domingo en el Teatro del Barrio, de propiedad privada y situado en el barrio madrileño de Lavapiés.
La Guardia Civil, bajo órdenes judiciales, ha cerrado la página web oficial del referéndum de Cataluña que pretende independizar a la región del resto de España. El Tribunal Constitucional ha declarado que la convocatoria es ilegal.
El Ayuntamiento de Barcelona rechaza el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre con el que el Parlament pretende independizar a Cataluña del resto de España, al anunciar que no cederá espacios para su realización.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta. Esas son algunas de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Superior de Cataluña en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión. La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha formalizado este viernes ante el TSJC, que se reúne esta tarde para decidir la aceptación de las querellas.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron este jueves una carta a todos los alcaldes de Cataluña para instarles a ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación. Más de 500 ya han respondido firmando el documento y dando su apoyo a una iniciativa, que de llevarse a cabo, incurrirá en un delito, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional tras la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que “no suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros ni un tribunal desprestigiado”. Tras el anuncio del Tribunal Constitucional la suspensión de la ley del Referéndum, que se ha hecho oficial este viernes con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), ha declarado que “después de tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña, por lo que la convocatoria del 1 de octubre ha quedado oficialmente suspendida.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley del Referéndum aprobada el miércoles por el Parlamento de Cataluña y los decretos firmados para la consulta de secesionista del 1 de octubre.
Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, con las que pretende establecer un marco jurídico para la celebración de un referéndum secesionista y la eventual separación de la Comunidad Autónoma. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera incluir en la orden del día el trámite de ambos textos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo ha pedido ya al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos del Parlament de Cataluña, que este miércoles ha admitido a trámite la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, que prevén el establecimiento de un marco legal para la celebración de un referéndum independentista y la eventual secesión de la región del conjunto de España. La vicepresidenta ha tachado la sesión del Parlament de «abochornante espectáculo» y de «patada a la democracia, patada a los catalanes y patada a la decencia política».
Mucha frivolidad se advierte estos días en los que nos jugamos algo tan serio como el futuro de nuestro país. Se advierte, en ciertos personajes de incomprensible relieve, absoluto esconocimiento de cómo funcionan las instituciones, cuales son las competencias de un gobierno o un parlamento autonómico, qué recoge la Constitución y cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional, el Supremo, la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado
Juana Rivas, la mujer española que sigue huida tras incumplir la orden de entregar a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri, no ha acudido este lunes a la vista en el Juzgado de Granada para acordar posibles medidas de protección hacia los menores. A esta cita sí ha acudido su abogada, María Castillo, y el padre de los niños, acompañado de su letrado, Adolfo Alonso, aunque han evitado hacer declaraciones a los medios de comunicación a la entrada al juzgado. Rivas está ilocalizable tras incumplir el pasado 26 de julio la orden de entregar a sus hijos al padre, al que denunció por maltrato.
El Tribunal Constitucional ha desestimado este miércoles el recurso de amparo presentado por la Generalitat de Cataluña para que el Alto Tribunal diera marcha atrás en la suspensión de la reforma de su parlamento regional. Tras un recurso de inconstitucional presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el TC había suspendido el 31 de julio de manera cautelar la reforma de la Cámara catalana, un cambio que planteaba el Gobierno de Puigdemont y que pretendía tramitar de forma exprés la celebración del referéndum independentista convocado para el 1 de octubre.
Fue hace un mes cuando un ministro dio el toque de alerta: “Atenta al 8 de agosto, es la fecha que más nos preocupa, aparte del 1 de octubre. Tememos que Puigdemont quiera hacer coincidir la consulta con unas elecciones autonómicas para tener así urnas, censo y colegios electorales abiertos. Si fuera así, el 8 de agosto es el día que tendría que hacerlo para cumplir los plazos que marca la ley. Apunta. 8 de agosto”.
El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente este lunes la reforma que aprobó el Parlamento catalán por la cual pretendían aprobar las conocidas como leyes de desconexión, entre las que destaca la Ley del Referéndum del primero de octubre. La oposición no dudó en catalogar la reforma como “antidemocrática”.
Juana Rivas, la mujer de Macarena (Granada) que se ha negado a entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por maltrato, sigue ilocalizable. Pero uno de sus abogados ha presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poder permanecer con sus niños.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes que, de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo de Estado emitido el día anterior, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reciente y polémica reforma del Reglamento del Parlamento Catalán, aprobada el miércoles.
La polémica reforma del Reglamento aprobada el miércoles por el Parlamento catalán tras un tenso debate que permite la aprobación de las leyes mediante lectura única, no sólo tiene en frente a los partidos de la oposición que votaron en contra de la propuesta de Junts pel Sí y la CUP; el Consejo de Estado, reunido de urgencia este jueves, ha emitido un dictamen en el que motiva que se recurra al Tribunal Constitucional la citada reforma que da luz verde a la aprobación de leyes para una desconexión express de Cataluña porque facilita el referéndum independentista.
No ha habido purga, ha asegurado este viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la rueda de prensa celebrada en Barcelona para informar de la remodelación del gabinete en el que salen la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno, Neus Munté, el responsable de Interior, Jordi Jané, y la de Educación, Meritxell Ruiz, además el secretario del Govern, Joan Vidal.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista que el Gobierno de Cataluña quiere convocar el 1 de octubre. La decisión de este miércoles, que se ha acordado por unanimidad, responde a un recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que el tribunal ha aceptado parcialmente.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha destituido este lunes al consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget. Será sustituido por Santi Vila, según ha anunciado en un comunicado, y su nombramiento será efectivo a partir del martes.
El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, la amnistía fiscal que concedió el Gobierno y que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en 2012
Imagina que caminas tranquilamente por las calles de tu localidad y la policía te para para identificarte, sin razón aparente. Imagina que, al preguntar por qué te paran, la autoridad contesta sin miramientos que lo hace porque “eres negro”. Esto es el pan nuestro de cada día de ciudadanos y residentes en España, con independencia de su origen, su etnia, su condición social o administrativa. Esto se denomina ‘perfil étnico’ y es una práctica, además de racista e injustamente incriminatoria, ilegal. España sigue practicándola a día de hoy.
No sé si se trata de una etiqueta con la que colmar de visitas a los titulares de los periódicos o si bien es una realidad posible, total; desconozco si nos vence el interés de buscar una connotación ideológica a lo que no tiene más vuelta de hoja o si de verdad hay en el candidato una inclinación partidista manifiesta que pueda, en cierto modo, perturbar su oficio de autoridad pública.