El acto en apoyo del referéndum de autodeterminación catalán que se iba a celebrar en un espacio del Ayuntamiento de Madrid y que un juez ha prohibido, se ha celebrado este domingo en el Teatro del Barrio, de propiedad privada y situado en el barrio madrileño de Lavapiés.
Puigdemont pide a la Fiscalía que no subestime la fuerza del pueblo catalán
El parlamento del Kurdistán iraquí ha aprobado viernes, como estaba previsto, la celebración el 25 de septiembre de un referéndum sobre la independencia de esa región autónoma de Irak, en ausencia de la oposición, que había apelado al boicot de la sesión parlamentaria, la primera en dos años. Tras una votación a mano alzada, el vicepresidente del parlamento kurdo, Jaafar Aimenky, que presidía la sesión, ha indicado que el referéndum se celebraría en la fecha prevista tras «una votación unánime de los 65 diputados presentes».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido, durante la junta del Partido Popular de Cataluña, en que “no habrá referéndum” el próximo 1 de octubre, como pretende el Gobierno de la Generalitat.
La petición de Junts pel Sí (JxSí ) y la CUP registrada en el Parlament para anular las sesiones de la cámara previstas para el 20 y 21 de septiembre, por la celebración de la campaña del referéndum del 1 de octubre, ha sido aceptada por la Mesa del Parlament. El organismo quedará, por tanto, sin actividad parlamentaria hasta después del referéndum.
Arranca la campaña para el referéndum ilegal. Puigdemont da el pistoletazo de salida en Tarragona, feudo socialista donde su alcalde ha dejado claro que no cederá ni un solo espacio municipal para el 1-O. Y no cesa la propaganda oficialista de la Generalitat, pagada por todos, pero solo al servicio de unos, como no paran de escucharse discursos políticos basados en argumentos falsos. Pero se lo han montado los independentistas, como tantos otros a lo largo de la historia, para hilar un relato en defensa de una causa aparentemente democrática que en realidad es el diseño de un Estado autoritario.
Una de las ventajas de la democracia representativa es que no te obliga a mostrarte como lo que votas. El voto es secreto y la opinión no es obligatoria (aunque no lo parezca). Pero lo que es una ventaja desde el punto de vista personal, supone una constante espada de Damocles para el propio sistema democrático, porque nadie ni nada garantiza que los ciudadanos no opten en secreto por las peores opciones. Jesús Gil gobernaba en Marbella porque todo el mundo lo votaba pero nadie admitía que lo hacía.
Todos los niños eran rubios para TV3, y guapos. Sonreían fosforito a la misma cámara que nos mostraba hasta a Otegi como un saludable corderito de paz. Y comían helado sobre los hombros ‘indepes’ de sus padres tan demócratas. Día agradable en Barcelona, ciudad comerciante de donde andan’ volando’ los capitales rumbo a la seguridad jurídica; allá donde no entre la larga manopla de la CUP. Los niños seguían sonriendo, y el helicóptero de TV3 por las calles de Barcelona, en una realización aérea con cargo a ‘tots’, daba con la toma exacta para que no se viesen las calvas en la ‘manifa’. Fue menos gente que a otras diadas, pero un 11-S es meramente simbólico, claro está, y el mambo de Gabriel no está para florecillas poéticas, que ya llegará el primero de octubre con su dialéctica.
A las querellas criminales contra los miembros de la Mesa del Parlament y el gobierno presidido por Carles Puigdemont tras la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, se suman ahora otras dos anunciadas este jueves por la Fiscalía Superior de Catalunya contra la diputada del Parlament de Catalunya y alcaldesa de Vilanova i la Gelgtrú, Neus Lloveras i Masana, y el alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, «por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación», informa el TSJC.
El Gobierno ha dicho que aprobará este viernes un paquete de medidas para controlar al máximo el gasto del Govern luego de que el conseller de Economía, Oriol Junqueras, se negara a rendir cuentas del gasto semanal que realiza la Generalitat con el dinero correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Queda patente la vía elegida por el Gobierno para poner trabas y hacer descarrilar la maniobra nacionalista del 1-O, que es a través de los órganos jurisdiccionales y policiales, como siempre se esperó de Mariano Rajoy.
La Guardia Civil, bajo órdenes judiciales, ha cerrado la página web oficial del referéndum de Cataluña que pretende independizar a la región del resto de España. El Tribunal Constitucional ha declarado que la convocatoria es ilegal.
El rey Felipe se ha referido este miércoles al conflicto catalán por primera vez desde la aprobación de las leyes de desconexión por el Parlament de Catalunya, y la decisión del Gobierno de Carles Puigdemont de seguir adelante con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la Justicia española.
Tengo –tenemos– dificultades para hacer entender a mucha gente la gravedad de lo que sucede en Cataluña. La dificultad es considerable con el español del resto del Estado que no sospecha que hay en marcha un golpe para sustraerle una amplia porción del ámbito geográfico donde se despliegan sus derechos de ciudadanía. La dificultad, en cambio, es máxima cuando se intenta hacer ver a los militantes en el independentismo el verdadero sentido de la empresa que apoyan.
El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado jueves al admitir a trámite el recurso que ha interpuesto el Gobierno. La admisión del recurso conlleva la suspensión de la vigencia de esta norma durante al menos cinco meses. Con esta Ley JxSí y la CUP quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España si gana el ‘sí’ en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La Guardia Urbana cifró la participación alrededor del millón de personas. Los Mossos d’Esquadra destacaron el civismo de la multitud convocada por dos organizaciones civiles: la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Entre el Paseo de Gràcia y la calle Aragó de Barcelona, los independentistas celebraron el Día Nacional de Cataluña con una jornada que esperan sea la última, antes de celebrar el referéndum convocado el 1º de octubre por el Govern de la Generalitat.
Es primera vez que un presidente de la Generalitat asiste a la manifestación por la Diada de Barcelona, día nacional de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este domingo que su ejecutivo ya tiene todo preparado para el referéndum del 1 de octubre, pese a haber sido declarado ilegal por los tribunales españoles. «El Gobierno ya lo tiene todo a punto para que el domingo 1 de octubre los catalanes y las catalanas puedan ir a votar como han hecho siempre, con plena normalidad, porque en las urnas caben todos.
Agentes de la Guardia Civil han abandonado esta tarde la sede del semanario El Vallenc tras practicar un registro que se ha alargado durante «más de cinco horas», llevándose «documentación y un ordenador», ha informado el propio medio, cuyo director Francesc Fàbregas había sido llamado a declarar en las dependencias del cuartel de la comandancia del instituto armado en Tarragona.
El Ayuntamiento de Barcelona rechaza el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre con el que el Parlament pretende independizar a Cataluña del resto de España, al anunciar que no cederá espacios para su realización.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta. Esas son algunas de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Superior de Cataluña en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión. La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha formalizado este viernes ante el TSJC, que se reúne esta tarde para decidir la aceptación de las querellas.
Méndez de Vigo: «Los Mossos no son la policía de los secesionistas y el Gobierno no tiene ninguna duda de que cumplirán la ley». Lo ha dicho el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes por la tarde en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sus declaraciones hacen referencia al papel de la policía catalana en el referéndum independentista convocado para el 1 de octubre y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron este jueves una carta a todos los alcaldes de Cataluña para instarles a ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación. Más de 500 ya han respondido firmando el documento y dando su apoyo a una iniciativa, que de llevarse a cabo, incurrirá en un delito, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional tras la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que “no suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros ni un tribunal desprestigiado”. Tras el anuncio del Tribunal Constitucional la suspensión de la ley del Referéndum, que se ha hecho oficial este viernes con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), ha declarado que “después de tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”.
No es ningún secreto que la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, hace años que se ha convertido en un día de estrategias políticas enfrentadas entre los defensores de la independencia de Cataluña y los llamados constitucionalistas.
La imagen más significativa del pleno fue probablemente la de una señora diputada retirando las banderas españolas que los populares habían dejado en su retirada. La señora diputada no era independentista, sino de Cataluña Sí Que Es Pot, la coalición electoral que integra a Podemos. Y con su gesto dio una buena muestra del papel que su partido, o su coalición, ha tenido y sigue teniendo en el proceso independentista. Ella es capaz de retirar la bandera española y dejar la catalana, pero sólo en ausencia de los afectados. Nunca jamás se le ocurriría arrancársela de las manos a un diputado unionista, pero si se van se crece.
Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, con las que pretende establecer un marco jurídico para la celebración de un referéndum secesionista y la eventual separación de la Comunidad Autónoma. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera incluir en la orden del día el trámite de ambos textos.
Los sucesos son graves y es preciso explicarlos con detenimiento. Empecemos por la Mesa. La Mesa es el órgano de gobierno colegiado de un Parlamento, sea el Congreso de los Diputados, sea una cámara autonómica. A ella corresponde calificar las iniciativas que presentan los distintos grupos representados en el hemiciclo. Con el reglamento en la mano, decide qué asuntos pueden debatirse y votarse en el Pleno y cuáles no cumplen los requisitos de forma y contenido.
Todos podemos convenir que el problema con el independentismo en Cataluña tiene su origen en un conflicto histórico de carácter territorial. Es algo objetivo. Así se ha entendido creo hasta hoy: pero después de presenciar el debate en el Parlament, con el objeto de discutir e intentar aprobar una Ley de Referéndum que permita hacer una consulta secesionista, creo que muchos ya no compartirán esta interpretación de forma completa. Habrá que introducir nuevas variables. De hecho, las batallas que hasta hoy tenía por ejemplo el PSOE sobre el número de naciones que constituyen España o el consenso para empezar a discutir en la Comisión Constitucional de las Cortes el futuro del Estado autonómico, suenan ya como acontecimientos de un pasado lejano.
Desde la mañana de este miércoles, el Parlament debate la posible aprobación de dos leyes decisivas para la independencia de Cataluña: la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de un chat vía Facebook Live ha respondido varias preguntas que le hicieron los ciudadanos. El dirigente se conectó aproximadamente a las 16H y aseguró, entre otras cosas, que si Cataluña logra su independencia deberá tener un ejército propio.
Junts pel Sí (JxS), coalición que gobierna Cataluña, y los independentistas radicales de la CUP, que apoyan al ejecutivo en el parlamento regional, han presentado en el Parlament la llamada ‘Ley de Transitoriedad Nacional’. Esa norma es la principal de las leyes que regularían el marco legal para la «desconexión» de España en el caso de que ganara el «sí» en el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, al que se opone el Gobierno español y el Tribunal Constitucional. Estaba previsto que se conociera a finales de julio pero su presentación se aplazó al haber discrepancias en el calendario de aprobación.
Un grupo de personas ha presentado una nueva iniciativa para que California se separe de Estados Unidos, que vive una de sus peores crisis políticas de la historia reciente. La nueva propuesta de Calexit, respaldada por un pequeño grupo político, pide una convención constitucional para revisar uno de los documentos fundacionales del país por considerarlo incompatible con lo que representa el estado.
La Mesa del Parlament de este miércoles no ha modificado su orden del día y no ha incluido la admisión a trámite de la ley del referéndum, que avala la votación del 1 de octubre, pese a que Junts pel Sí y la CUP registraron la proposición de ley el pasado 31 de julio.
El surgimiento de los estados modernos estuvo condicionado por una premisa anterior y necesaria: un principio de legalidad preexistente, un conjunto de normas percibidas como justas y aplicadas de forma igualitaria que obligaban tanto a los gobernantes como a los súbditos. Como ha explicado Fukuyama, el principio de legalidad establece que “el gobernante no es soberano; la ley es soberana”. O, como afirmó Hayek: “La ley es anterior a la legislación”.
Decían que lo suyo era ; que iban a conseguir la independencia con bonitas palabras gracias a presentadores de televisión que les apoyarían desde el compromiso firme o desde esa equidistancia que huele tan mal; que los fusilamientos y el Ejército invasor era cosa de los españolazos cerriles, y que la vida se volvería maravillosa con el carné de indepe y los presupuestos de los demás.
El hasta ahora director del servicio de Emergencias 112 de la Generalitat de Catalunya, Fede Adan, ha presentado este martes su dimisión, según han adelantado varios medios catalanes. Se trata de la tercera renuncia en cadena en el Departamento de Interior de la Generalitat, tras la salida de Jané el viernes pasado y la dimisión este lunes del director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle. Estas renuncias se producen en medio del proceso soberanista para la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a insistir este sábado en que el referéndum independentista de Cataluña no se va a celebrar, pues “va contra todas las leyes”, y ha animado al líder del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, a seguir el ejemplo del País Vasco, que tiene una forma de trabajar con el Gobierno basada en “el pacto, el acuerdo y el entendimiento”.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que el Ayuntamiento facilitará el desarrollo del referéndum que el Gobierno de Cataluña quiere celebrar el próximo 1 de octubre. Sin embargo, ha dudado de que “sea un referéndum efectivo” si finalmente se llega a producir la votación, ha declarado Colau en una rueda de prensa este lunes.
La constatación de que un grupúsculo antisistema como la CUP puede determinar los presupuestos generales de Generalitat y las facetas más escabrosas del proyecto de secesión da una idea de la azarosa circunstancia que la sociedad catalana lleva viviendo desde hace tiempo. La CUP dio su apoyo a Junts pel Sí –es decir, Convergència y ERC- a cambio de que descabalgasen a Artur Mas y le sustituyeran, ya mucho más allá del principio de Peter, por Carles Puigdemont, aunque ambos comparten una aparatosa ignorancia sobre el Estado de Derecho y sobre la política y, en concreto, sobre la historia política de Cataluña y de toda España. Estamos en el ámbito del mito, irracional y primario. Los 300.000 votos de la CUP y sus diez escaños condicionan el futuro inmediato de una sociedad que por su parte ya ha desconectado de la desconexión, al contrario del microcosmos político nacionalista.
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