El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha afirmado que no se puede descartar una intervención militar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado «inadmisible» la impugnación presentada por el opositor Henri Falcón contra la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios del pasado 20 de mayo. Falcón, principal rival del presidente, exige que se repita el proceso. Su principal argumento es que, durante la campaña, Maduro afirmó que premiaría con dinero a los beneficiarios del Carnet de la Patria —tarjeta electrónica que permite acceder a los programas sociales estatales— que acudieran a votar.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que no le importa si Estados Unidos y Europa no reconocen su posible reelección en los comicios que se celebrarán el 20 de mayo. «¿Qué carajo me importa, si me reconoce el noble pueblo de Venezuela?”, ha expresado Maduro, que ha definido a Estados Unidos como «un tigre de papel» y ha señalado que no le teme al «imperialismo», durante un mitin en el Estado de Vargas este miércoles.
La oposición venezolana ha rechazado firmar un acuerdo con el gobierno sobre garantías para la celebración de las elecciones presidenciales, alegando que no cumple con sus demandas. No obstante, acudirá a la reunión de este miércoles para decidir si participa en los comicios.
El Gobierno venezolano y la oposición han reanudado este martes el diálogo en Santo Domingo tras el polémico adelanto de las elecciones presidenciales en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección, informa Efe. La ronda de reuniones, que dio comienzo con varias horas de retraso tras las llegada de todos los participantes, se celebró en la sede de la Cancillería dominicana a puerta cerrada.
Horas antes, la rectora electoral Tania D’ Amelio ha informado que los opositores no podrían validar su tarjeta unitaria en siete estados del país, donde se interpuso una querella penal contra la MUD.
Edgar Gutiérrez, director de la encuestadora Venebarómetro, una de la que daba como clara ganadora a la oposición en los comicios de gobernadores del domingo, ha declarado que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponden a la realidad.
La oposición venezolana volverá este viernes a las calles para protestar contra el presidente Nicolás Maduro, pero esta vez serán los «abuelos» quienes encabezarán la marcha, un desafío para antimotines y manifestantes encapuchados, que han protagonizado violentos choques en seis semanas de movilizaciones.
Es imposible enmarcar la crisis de Venezuela en un sólo año, pero sí es cierto que la trayectoria de los acontecimientos se ha ido degenerando en los últimos 12 meses. Económicamente hablando, la enorme riqueza del país en materias primas como petróleo, minerales o madera no ha servido de mucho. La inversión extranjera (incluida la española) ha disminuido de forma progresiva desde que Maduro se hiciera con el poder, y la caída de los precios del crudo ha provocado situaciones nada favorables como la cancelación de vuelos al país.
La realidad a pie de calle se traduce en una insoportable escasez de comida y medicamentos, que desatan violentas escenas detrás de cada esquina. En España se han organizado múltiples campañas de recogida de alimentos y medicinas para enviar a Venezuela, pero la colecta rara vez llega a su destino. De hecho, Maduro decretó el estado de excepción y de emergencia económica en mayo, una medida que en principio iba a durar dos meses pero que finalmente se alargó varias veces más. La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, ha intentado frenar las decisiones de Maduro en numerosas ocasiones, pero el líder chavista ha apuntalado sus poderes gracias al Tribunal Supremo. La posibilidad de un referéndum revocatorio del mandatario, respaldada por el propio Parlamento, ha quedado paralizada por la justicia.
El número de presos políticos se ha incrementado sin descanso, a pesar de los últimos esfuerzos del Gobierno por rebajar la tensión con los partidos opositores liberando a varios de ellos. De Leopoldo López, quizá el más célebre de los presos antichavistas, incluso se llegó a temer por su vida. La Asamblea Nacional ha acusado a Maduro, a la vista de sus tácticas políticas, de intentar un golpe de Estado, lo que ha terminado de desencadenar las hostilidades parlamentarias. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal alianza opositora, ha impuesto una serie de condiciones al Gobierno para seguir adelante con el diálogo y no convertir el país en una olla a presión. Si es que no lo es todavía.
El domingo, ambas partes iniciaron formalmente los acercamientos ante facilitadores extranjeros -entre ellos el ex presidente Zapatero-, con miras a avanzar en un proceso de diálogo para superar la aguda crisis política y económica que atraviesa el país. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) condicionó el progreso de las conversaciones a la liberación de más de un centenar de “presos políticos» y a la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas. El Gobierno niega la existencia de «presos políticos» y asegura que son «políticos presos».
Carlos Melo, dirigente opositor, fue detenido a finales de agosto por funcionarios del servicio de inteligencia, Sebin, acusado de transportar artefactos explosivos. Y Andrés Moreno y Marco Trejo llevaban cerca de un mes tras las rejas acusados de “lesionar la moral de las Fuerzas Armadas”.
La decisión de la Mesa de la Unidad Democrática se ha tomado después de un proceso de debate, una «profunda reflexión y consulta a muy diversos sectores de la sociedad venezolana» y el objetivo que la consulta se celebre en 2016. «El referendo revocatorio se hará este año. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así», concluye la MUD que asegura que así lo recoge la Constitución y «porque es nuestro derecho y necesidad como pueblo». La oposición no va a permitir el bloqueo porque, advierte, en ese caso el pueblo venezolano saldrá a la calle de forma pacífica «para lograr la restitución del hilo constitucional».
Tras la «Toma de Caracas», ahora el llamamiento a la movilización se plantea para el día del 12 de octubre y se espera que sea también multitudinaria.
Un calendario que el MUD deberá decidir si acepta o no. En la nota, el Consejo Electoral fija para los días 26, 27 y 28 de octubre la «recolección del 20% del registro electoral» y no será hasta finales de noviembre cuando el propio Consejo decida si procede o no seguir adelante con el proceso. Éste se inició oficialmente con la entrega por parte del partido opositor MUD al Consejo Electoral, de 1.957.779 registros a favor del revocatorio, de los cuales 1.352.052 cumplieron con los criterios establecidos y 605.727 no cumplieron con los mismos.
Ahora, para que la oposición reúna el 20% exigido por el órgano electoral, de los 19.465.638 de ciudadanos con derecho a voto, al menos 3.893.128 electores deben votar a favor de la propuesta, según el Consejo. Si el resultado superar ese 20%, la convocatoria del plebiscito tendría lugar a principios de diciembre, fecha a partir de la cual se iniciarán los 90 días reglamentarios para realizar el referendo, de manera que la votación sería en el primer trimestre de 2017 y no durante 2016 como es el deseo de la oposición, que acusa al Consejo Electoral de retrasar el proceso para evitar la celebración de nuevas elecciones.
El artículo 233 de la Constitución establece que si se celebra un revocatorio en 2017 y en consecuencia se produce una «falta absoluta del Presidente», sería el Vicepresidente quien asumiría el cargo hasta terminar el período. Si el revocatorio fuera antes del 10 de enero, habría que convocar nuevas elecciones dentro de los siguientes 30 días.
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