Si el Mediterráneo se ha convertido en una trampa mortal para muchas familias y en un negocio para las mafias que trafican con humanos, principalmente desde las costas libias, la situación sobre el terreno, en la Unión Europea, no es mucho mejor. El balance no puede ser más negativo, ya que pese a la aprobación a regañadientes de un programa de cupos para realojar en los países miembros de la UE en función de su población a cientos de miles de personas que, huyendo principalmente de la guerra de Siria, pero también de Irak, Afganistán, Libia y otros países en conflicto, han acabado en su mayoría en campos de refugiados. Y entre éstos, ha destacado el famoso de la ciudad francesa de Calais, conocido como La Jungla y desmantelado en octubre. En la mayoría de estos lugares inhóspitos se producen violaciones de los derechos humanos, desapariciones y abusos, fundamentalmente, contra mujeres y niños.
La llegada a Europa cientos de miles de refugiados desde que estalló la crisis en 2014, ha provocado un aumento en 2016 de manifestaciones xenófobas promovidas por partidos ultranacionalistas como el de Marine Le Pen en Francia o el del presidente húngaro Víktor Orban, que llegó a ordenar el levantamiento de una segunda valla en la frontera para impedir el paso de refugiados, o la ultraderecha alemana, que critica a la canciller Angel Merkel por su política de puertas abiertas a los emigrantes lo que ha hecho que ésta rectificara dicha política anunciando restricciones para entrar en el país que más refugiados ha acogido desde que estalló la crisis.
La mejor prueba de que Europa mira hacia otro lado ante el drama de los refugiados es el acuerdo suscrito en marzo con el Gobierno de Turquía, por el que éste se compromete a frenar la entrada de ciudadanos procedentes de otros países, incluida Siria, a cambio de dinero – en torno a 6.000 millones de euros – y agilizar la liberalización de visados de ciudadanos turcos en la UE. Un acuerdo cuya legalidad han puesto en entredicho numerosas ONG y organizaciones de derechos humanos que lo han calificado de acuerdo «de las vergüenza». Termina el año 2016 sin que el número de desplazados haya dejado de crecer, sin que la comunidad internacional haya sido capaz de buscar una solución que acabe con este drama.
