Cada vez más peticiones y menos posibilidad de lograrlo: así es solicitar asilo en España

Solicitar asilo en España se está convirtiendo cada año en un proceso más complicado y con menos posibilidad de éxito. A pesar de que las solicitudes no dejan de crecer en el país, que ha alcanzado cifras históricas, el número de peticiones aceptadas es cada vez más bajo, según muestra el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ‘Las personas refugiadas en España y Europa’.

España ya es la segunda ruta de entrada a Europa, detrás de Grecia, y es el tercer país europeo en cuanto al número de solicitudes de asilo, solo superado por Alemania y Francia, que tiene un número similar.

Analizamos el informe de CEAR para señalar los datos más destacables de la situación de los solicitantes de asilo en España.

Cifras históricas

En el año 2019, 118.264 personas solicitaron protección internacional en España, lo que supone un aumento del 118,7% respecto a 2018, cuando lo hicieron 55.749.

“Esta cifra es la coronación del ascenso vertiginoso iniciado a partir de 2012, cuando tan solo hubo 2.588 solicitantes”, señala el informe. En estos últimos ocho años el aumento ha sido de un 4.469%.

España ha pasado así de ser del sexto al tercer país europeo en número de solicitantes de asilo, “a muy poca distancia de Francia y no demasiado lejos de Alemania”. Este crecimiento se explica por el aumento exponencial de las peticiones originarias de seis países de América Latina, que concentraron el 77% del total: Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú.

La protección, cada vez más difícil de lograr

A pesar de las cifras históricas de solicitudes de protección y de asilo en España, este año la cifra de peticiones aceptadas ha sido mucho menor que la de los años anteriores: un 5% en 2019, en comparación con el 24% del año anterior. La media europea se sitúa en el 31%, señalan desde el organismo.

“Nos gustaría que nuestro país fuera mucho más acogedor, en términos jurídicos y legales, de lo que está siendo”, dice el presidente de CEAR, Carlos Berzosa.

Además, solo el 2,7% de las personas que lo solicitaron lograron el estatuto de refugiado, señala Paloma Favieres, la directora de políticas y campañas de CEAR.

En los últimos cinco años, “un sistema de protección internacional acostumbrado a recibir y tramitar unas 5.000 solicitudes anuales ha visto multiplicada esta cifra casi por 24, sin que se hayan acometido cambios estructurales para adaptarse a esta nueva realidad”, critica el informe.

A esto se suma que en 2019 “hubo prácticas policiales que impidieron el acceso al procedimiento, por ejemplo, a personas que llevaban más de un mes en España o a otras que habían superado el plazo de estancia como turistas”, denuncia la comisión. “Incluso, en algunas provincias, como Tarragona o Alicante, las comisarías encargadas de otorgar las citas para la entrevista de formalización realizaban un “filtro previo”, inexistente en la ley, para determinar si la persona interesada encajaba en un perfil de protección internacional y, en el caso de que consideraran que no era así, les negaban la cita”, añade el informe.

Rechazo por nacionalidad

La dificultad para lograr la protección internacional de quienes huyen de la guerra, la violencia, la pobreza o la persecución es mayor para las personas de algunas nacionalidades concretas.

“La inmensa mayoría de las personas solicitantes procedentes de Colombia, El Salvador o Palestina recibieron una respuesta negativa”, señala el informe. Por el contrario, las solicitudes de personas procedentes de Venezuela fueron las más aceptadas, aunque no como refugiados. A raíz de la decisión de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, se otorgaron autorizaciones de residencia por razones humanitarias a cerca de 40.000 personas, de las cuales la mayoría procedían de Venezuela.

En abril de 2020, en España había 140.000 expedientes pendientes de resolución. Desde CEAR piden que se les dé una respuesta, pero apunta que “no se pueden resolver a cualquier precio, hay que estudiar cada solicitud de manera individualizada”. “Creemos que no se puede denegar solo en función de la nacionalidad”, dice Faveres.

La llegada, mucho más peligrosa

En los últimos años se ha complicado la obtención de protección internacional en España, pero ese es solo un paso más en el camino. La llegada al país que se ha convertido en la segunda entrada a Europa es cada vez más peligrosa.

Se ha producido “un descenso en el número de llegadas a través de la vía marítima, lo que tiene que ver con un mayor control y una mayor colaboración con Marruecos”, explica Favieres.

La consecuencia de esto ha sido que se ha vuelto a activar “una ruta muy peligrosa, la ruta atlántica hacia Canarias”. “Ante la falta de vías seguras y legales se ven obligados a tomar rutas muy peligrosas”.

El coronavirus, un agravante de la vulnerabilidad

A los problemas habituales de quienes tienen que huir de sus hogares, 2020 ha añadido la pandemia de coronavirus[contexto id=»460724″]. “Nos parecía que la pandemia requería una mirada concreta, porque durante todo este tiempo las personas migrantes y refugiadas han sido invisibles”, explica Estrella Galán, la secretaria general de CEAR.

“El coronavirus ha convertido la movilidad en mucho más peligrosa, mucho más complicada. Y la violencia no ha acabado, sino que posiblemente se ha agravado y las personas han quedado mucho más vulnerables”, señala Galán.

“Cuando hablamos de confinamiento no podemos situarnos en el que hemos vivido nosotros, que tampoco ha sido fácil, sino de confinamiento en tiendas de campaña, en lugares compartidos, en viviendas de mala calidad”, dice sobre la situación de las personas que viven en campos de refugiados o en asentamientos irregulares. “Hay que tener en cuenta que en los campos es imposible guardar la distancia física necesaria, aislar a personas contagiadas”.

Además, durante la pandemia, las personas que han intentado entrar en Europa lo han tenido mucho más difícil. “Hemos podido comprobar que no se ha cumplido al 100% que la restricción de movilidad no sea discriminatoria y permita el derecho de asilo” como se supone que deben garantizar los estados para cumplir con los derechos fundamentales.

Los efectos de la pandemia no se van a notar solo de manera inmediata, sino que también van a tener consecuencias a medio plazo. “Normalmente, solo el 30% de las personas que solicitan protección internacional piden ingresar en el sistema de asilo, un porcentaje que se ha visto incrementado notablemente durante la pandemia y que va a ir en aumento por las recaídas del sistema de empleo y por la falta de recursos” de estas personas, explica Galán.

“La pandemia ha sido un factor clave para empeorar las condiciones de vida de las personas que solicitan protección internacional”, lamenta la secretaria general de CEAR, que pide que el coronavirus no se use “como excusa para políticas de asilo más restrictivas, porque los derechos humanos no pueden ponerse en cuarentena”.