¿Repatriaciones o derivaciones? Esto es lo que debe y puede hacer el Gobierno con los inmigrantes de Canarias

A finales de 2019 se empezó a hablar de la reactivación de la ruta migratoria hacia Canarias. Según las cifras oficiales, en 2019 llegaron al archipiélago 2.698 inmigrantes. En lo que llevamos de 2020, ya han llegado a las islas más de 18.000.

Este llamativo aumento de las llegadas ha provocado que el sistema de acogida de Canarias se vea sobrepasado, lo que ha dejado imágenes del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, lleno de personas que han pasado allí más de las 72 horas que permite la ley, durmiendo en la calle y con los recursos mínimos.

Como era de esperar, la situación ha desatado una guerra política entre los gobiernos regionales, el Gobierno central y la oposición. Así, mientras que unos piden el reparto de los inmigrantes a otras zonas del país para aliviar la carga actual sobre Canarias, otros, como el PP, piden que se agilicen las expulsiones a los países de origen.

¿Son estas opciones viables legalmente? ¿Qué es lo que debe hacer el Gobierno con la ley en la mano? Y Europa, ¿tiene alguna responsabilidad?

Hablamos con José María Santana, técnico de Incidencia y Participación Social de CEAR Canarias, con Blanca Garcés, investigadora del CIDOB, y con la abogada especializada en migraciones Patricia Fernández Vicens para aclarar las principales dudas sobre este tema.

¿Qué obligaciones tiene el Gobierno?

Para cumplir con las leyes de nuestro propio país, los inmigrantes que llegan de forma irregular tienen que pasar por una serie de procesos al entrar al país. El primero de ellos es un proceso para determinar si estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad o podrían solicitar protección internacional, algo que se está incumpliendo en Canarias. «No han tenido el tiempo suficiente para determinar la situación de tantas personas que han llegado en las últimas semanas», opina Santana.

«Hay toda una serie de cuestiones que se tienen que cumplir en frontera: tutela jurídica, derecho de protección internacional, garantizar los derechos de los menores, etc. Y en estas condiciones que tenemos ahora, vemos que no siempre se garantizan estos derechos», dice, por su parte, Garcés.

Además, «tampoco se garantizan las condiciones materiales de acogida que deben garantizarse. Tener a 2.000 personas tumbadas en un muelle sin poderse ni mover, días y noches, esto tampoco es garantizar las condiciones de acogida. Ahí es donde se está incumpliendo la propia legalidad», añade.

En la actualidad, todas las personas que han llegado a Canarias han sido notificadas con su expediente de devolución, afirma Fernández. «Están notificadas pero no están ejecutadas». Con la cantidad de gente que hay acumulada en Canarias, cuesta creer que todas estos expedientes de devolución se hayan hecho siguiendo los procesos legales y necesarios.

¿A quién pueden expulsar y a quién no? ¿En qué condiciones?

El líder del PP, Pablo Casado, pidió durante su visita a Canarias «repatriaciones inmediatas» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de crear un efecto llamada que, según él, ha provocado la situación actual.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló que un 90% de los inmigrantes que han llegado en patera durante este año «son expulsables a sus países de origen» y apuntó que los traslados a la Península se ciñen a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿puede realmente el Gobierno expulsar a estas personas?

«La etiqueta que suena más es personas con un perfil vulnerable, pero ¿cuáles son estos criterios de vulnerabilidad? Puede haber por ejemplo personas que se desplacen por una situación económica pero que hayan quedado en vulnerabilidad, porque no tengan un lugar al que retornar, porque los van a expulsar a un país que no es el suyo…», explica Santana.

«Creo que el aspecto económico que haya podido causar el desplazamiento de una persona no es el único precepto que debe condicionar la vulnerabilidad o no de esa persona», añade.

Para hacerlo correctamente, el proceso a seguir es el siguiente, según nos explica la abogada: tras pasar el proceso en el que se determina la vulnerabilidad o no de la persona, durante el que debe estar asistida por un abogado y, en caso de que fuera necesario, por un intérprete, se puede iniciar el expediente de devolución, por el que la persona será expulsada a su país de origen, de nacimiento, o de procedencia, es decir, el lugar desde el que partió hacia Europa. Una vez que esto ocurre, hay dos opciones: que se cumpla en el plazo de 72 horas, algo «que no suele ocurrir» o que, transcurrido ese plazo, la persona sea puesta a disposición de un juez, que puede aprobar el internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde el inmigrante puede pasar un máximo de 60 días. Si pasados estos 60 días no ha sido devuelto a su país, la orden sigue vigente durante dos años, pero no se le puede retener durante más tiempo, por lo que debe ser puesto en libertad. Esto es el caso de más de la mitad de los internos en estos centros, explica Fernández.

En Canarias, todo este proceso se está incumpliendo. Se están notificando las devoluciones sin contar con el tiempo necesario para saber si son procedentes o no. Además, se está manteniendo detenidos a los inmigrantes más tiempo del legal, sin la decisión necesaria de un juez de internarlos o dejarlos en libertad. «Esto es lo que en Canarias no se está haciendo. No se está haciendo porque se sabe que no le vamos a poder devolver en el plazo de los 60 días, porque además no hay plazas de internamiento para todos», explica Fernández. Sin embargo, los están trasladando a lo que llamamos campamentos, que la abogada asegura que no son otra cosa que centros de internamiento.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta que, para expulsar a los migrantes, los países de origen o de procedencia tienen que aceptar los vuelos de repatriación, y esto no es siempre así. «Una cuestión también fundamental es que esto parte de la asunción de que los gobiernos de los países de origen y tránsito van a colaborar, y esto no siempre ha sido así, incluso cuando hay acuerdos bilaterales de readmisión», señala Garcés, que añade que «las políticas de retorno no funcionan».

«La propia Comisión Europea en el pacto empieza diciendo que solo un tercio de aquellos que reciben una orden de expulsión son retornados. Ahí estás creando ese espacio de contención con la idea de que la mayoría van a ser retornados cuando sabemos que las políticas de retorno son largas, son costosas, no son inmediatas y, además, en la mayoría de los casos no son posibles».

¿Pueden controlar sus movimientos?

Otra cuestión que genera polémica es el control de los movimientos de estos inmigrantes. Están encerrados en lo que el Gobierno llama campamentos sin una orden judicial. Pero, incluso sin contáramos con que existe esa orden, a los dos meses deberían ser puestos en libertad y, por tanto, podrían moverse libremente por el territorio nacional.

«Por ley, los solicitantes de asilo tienen derecho a la movilidad dentro del Estado, pero en la práctica» no está ocurriendo, dice Garcés.

«Las personas que están en libertad se encuentran en situación irregular, pero efectivamente, de la misma manera que una persona que está en una situación irregular en Málaga se puede coger un autobús para irse a Murcia, lógicamente en el interior del territorio nacional no se puede limitar la movilidad. Si quieres limitarla, necesitas una orden judicial o una declaración del estado de alarma», explica Fernández.

¿Cuál es el papel de Europa?

Frente a las devoluciones, está la opción de repartir a los inmigrantes por el territorio nacional. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró durante una visita a Marruecos que el Gobierno no está trasladando a la Península a los inmigrantes, como pide Canarias, por «las políticas migratorias, que son del conjunto de la Unión Europea y no de España».

Sin embargo, la política europea no interfiere en la distribución que cada país haga de los inmigrantes o solicitantes de asilo. «La política de fronteras es política de competencia nacional, con lo cual la Unión Europea no entra», explica Garcés. Sin embargo, puntualiza que «no es una cuestión de impedir, es una cuestión de tendencia».

«Es la nueva política europea, en ese sentido tiene razón Grande-Marlaska cuando dice que no es solo una negativa suya sino que forma parte de una política europea. ¿Cuál es esta política europea? Pues justamente crear esos espacios de contención en las fronteras, al estilo de Lesbos, de Samos, de Ceuta y Melilla y ahora de las Islas Canarias, donde se contiene a los migrantes que han llegado de forma irregular con esa idea de que se va a determinar de forma rápida quiénes tienen posibilidad de recibir protección internacional y quiénes, que van a ser la mayoría, no, y por lo tanto, y ese es el supuesto de esta política, van a ser inmediatamente retornados».

Desde CEAR, aunque son conscientes de que la Unión Europea no tiene la obligación legal de entrar en la gestión de esta situación, consideran que «este es un asunto europeo porque las personas que están llegando a Canarias no quieren llegar a Arguineguín, están llegando a Europa», dice Santana. «Si nos consideramos Europa, esto debe ser una cuestión a resolver al menos como una política continental», insiste.

«Es inaceptable que quieran seguir utilizando a Canarias (el Gobierno central) con la función que la están utilizando», critica. «Vamos a tener una situación inédita en Canarias, pero si bien no equiparable, sí que nos está marcando la tendencia sobre lo que está ocurriendo con las islas y las migraciones y que merece una reflexión».

Por su parte, Garcés habla de «islas jaula». «Convertir esos espacios, esas islas, en islas jaula, tiene un impacto muy fuerte sobre la población, por ejemplo en términos económicos, si son islas que viven del turismo».

Considera que continuar utilizando los territorios de frontera como cárceles para los inmigrantes que tratan de llegar a otros países europeos «es el caldo de cultivo perfecto para que crezca la extrema derecha y los movimientos antiinmigración».