Hungría se abre a la vía polaca y estudia impugnar el Derecho comunitario
La primacía del derecho europeo es una de las condiciones para entrar en la Unión
El presidente de Hungría, Viktor Orban, en el congreso de Fidesz. | Bernadett Szabo (Reuters)
Hungría podría seguir la estela de su socio polaco tras la decisión de su Tribunal Constitucional del país que dictamina que el Estado tiene potestad para impugnar el Derecho de la Unión Europea y establecer la primacía de las leyes nacionales. Esto supone un nuevo pulso de Viktor Orban a Bruselas, con quien mantiene un clima de tensión por su postura euroescéptica.
La sentencia establece que en áreas donde se solapen las dos jurisdicciones, la nacional y la comunitaria, Hungría tiene el derecho a no aplicar dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si considera que pueden suponer un riesgo para su soberanía. En caso de cumplir el dictamen, Hungría estaría violando una de las condiciones inamovibles que todo Estado debe cumplir si desea entrar en la UE.
Orban, el díscolo de la Unión que incomoda a Bruselas
El TUE condenó hace un año a Hungría por violar los derechos de los solicitantes de asilo, entendiendo que no cabía legalidad alguna en la retención indefinida de migrantes en la frontera con Serbia y que los solicitantes de asilo tenían derecho a completar todos los trámites antes de la deportación.
A pesar de que las autoridades húngaras han eliminado las instalaciones polémicas, Orban ha seguido haciendo bandera del freno a la inmigración y, de hecho, este mismo viernes, antes de que se conociese la sentencia del Constitucional, ya confiaba en poder tener «una contundente barrera legal» para reforzar la «barrera física» en la frontera.
El camino de Polonia puede salirle muy caro
Europa ya ha vivido un envite similar con el ataque polaco a los principios europeos. En respuesta, el Parlamento Europeo impuso una sanción de un millón de euros diarios hasta que no se retracten de esta medida. 44 millones de euros después, aún se resisten a volver a la senda comunitaria.
La ministra de Justicia, Judit Varga, había expuesto en la demanda del Gobierno que mantener en territorio húngaro de los migrantes implica correr el riesgo de que, «de facto», se conviertan en «población del país», lo cual a juicio del Gobierno violaría el derecho constitucional de un Estado a decidir quién entra y quién no.
Después del desafío de la Justicia polaca, la Comisión Europea ya advirtió de que el Derecho comunitario prima sobre el Derecho nacional, en la medida en que romper esta jerarquía implicaría también poner en cuestión uno de los pilares básicos en los que sustenta la UE.
