Bolsonaro indulta por última vez a unos policías condenados por una masacre en una cárcel
La conocida como Masacre de Carandiru tuvo lugar en 1992 durante la intervención de la Policía Militar en una cárcel de Sao Paulo para detener un motín
Prisión de Carandiru después del motin. | Europa Press
A ocho días de dejar el cargo, el aún presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha lanzado su último indulto navideño, que como años anteriores, se ha apiadado de policías y militares condenados por distintos crímenes, contraviniendo así al Ministerio de Justicia, entre ellos los responsables de la masacre del Carandiru, en la que 111 presos murieron tras un operativo de la Policía Militar.
La decisión de Bolsonaro es contraria a las sugerencias del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) y podría ser inconstitucional, ya que el indulto beneficia directamente a los agentes de la Policía Militar por este caso en concreto, cuando el perdón presidencial tiene que ser colectivo y no específico.
La conocida como Masacre de Carandiru tuvo lugar el 2 de octubre de 1992 durante la intervención de la Policía Militar en una cárcel de Sao Paulo para detener un motín. El operativo se saldó con 111 presos muertos. En 2002 el centro penitenciario fue clausurado y años después derruido para construir un parque.
El indulto presidencial de este año incluye a aquellos que hayan sido condenados por crímenes que ocurrieron hace más de 30 años, incluso si no lo han sido en última instancia. Los agentes señalados por aquella intervención en la cárcel de Sao Paulo cumplen, por tanto, los requisitos.
El proceso judicial en su contra se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos. Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, sin embargo, ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.
La defensa sostiene que las muertes se produjeron cuando los agentes se defendían de los ataques con arma blanca de los presos. Sin embargo, para los fiscales, cometieron ejecuciones extrajudiciales una vez los amotinados se habían rendido, tal y como señalaban las autopsias de la mayoría de los muertos, ajusticiados con un tiro en la cabeza.
De los agentes condenados, cinco ya murieron –uno de ellos asesinado– y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.
Quien sí ha celebrado la decisión ha sido el diputado y tercero de los vástagos de Bolsonaro, Eduardo, quien ha escrito en Twitter que, con la gracia otorgada por su padre, se ha hecho justicia con unos hombres que «entraron donde ninguna madre permitiría que entraran sus hijos» para cumplir «su misión» contra «algunas de las personas más peligrosas del país».
