Pedro Castillo rechaza contestar al Congreso sobre el golpe de Estado de Perú
El presidente considera que este segundo proceso paralelo al de la Justicia ordinaria supone una duplicidad en las pesquisas en su contra
El expresidente de Perú Pedro Castillo. | Angela Ponce (Reuters)
El expresidente de Perú Pedro Castillo se ha negado este martes a responder un total de once preguntas formuladas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que investiga la supuesta comisión de un autogolpe de Estado por parte del mandatario.
Castillo ha señalado que se abstiene a declarar alegando que la justicia ordinaria ya tiene abierta una investigación sobre «los hechos del 7 de diciembre de 2022», alegando una duplicidad de la investigación, una por con el Congreso y otra por el poder judicial, ha informado el diario Correo.
«Me abstengo a declarar (…) al ser una pregunta capciosa, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo», esgrime la respuesta del expresidente a cada una de las once preguntas de la subcomisión parlamentaria.
Entre las preguntas formuladas se encuentran cuestiones sobre cuándo y por qué «decidió cerrar el Congreso e intervenir las entidades del sistema de justicia», o si él u otra persona redactó el mensaje que leyó a la nación el día que anunció la disolución del Parlamento andino.
Perú contra su expresidente
La investigación del Congreso sigue a una denuncia constitucional que también recae sobre la ex primera ministra Betssy Chávez y sobre los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez, a quienes se les acusa de ser coautores del delito contra los poderes del Estado, según el citado diario.
Horas antes, la Fiscalía de Perú ha formalizado una investigación contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias después de que el Congreso aprobase el pasado viernes un informe de la fiscal Patricia Benavides.
Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
