Narcodemocracias: la nueva estrategia del crimen organizado para corromper al Estado

La democracia está perdiendo la batalla frente al crimen organizado en Latinoamérica. En estos momentos, Uruguay es la única democracia plena que existe en el área, como ejemplifica la reciente renuncia de su ministro del Interior por la entrega de un pasaporte a un conocido narcotraficante a pesar de no tener ninguna responsabilidad legal en el mismo, como ha declarado el presidente del país. Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá solo pueden ser definidas como democracias imperfectas. La democracia se ha degradado aún en mayor medida en Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Paraguay, México y Ecuador, hasta el punto de que difícilmente pueden ser definidos ya como regímenes democráticos, sino más bien como regímenes híbridos. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití son directamente regímenes autoritarios. Hace un par de décadas solo Cuba podía definirse como tal.

Este retroceso de la democracia en toda Latinoamérica tiene una de sus principales causas en nuestra opinión en la emergencia del crimen organizado que ha penetrado en el tejido económico, social y político de la mayoría de estos países, corrompiendo sus instituciones e inoculando el virus autoritario en toda la región. 

Según el Barómetro de las Américas, menos de la mitad de la población confía en las elecciones en la mayoría de los países de América Latina, la mayoría tiene baja confianza en su gobierno y en 12 de los 15 países más del 75% creen que los ricos pueden comprar elecciones. Un porcentaje cada vez más alto apoya golpes institucionales que quiebren la división de poderes y liderazgos autoritarios.

En algunos países, el crimen organizado ha descubierto que es posible utilizar los medios de la propia democracia para satisfacer sus intereses y en última instancia para poner el Estado al servicio de sus fines criminales. Se trata, por un lado, de influir en las elecciones mediante la compra de votos y, por otro, de someter las instituciones, especialmente policía y justicia, mediante la corrupción y la intimidación. Así, en los países con una mayor incidencia del crimen organizado como Colombia, México, Perú, Ecuador o Bolivia, asistimos a un proceso de involución democrática.

En el futuro podemos encontrarnos con democracias formales que en realidad se encuentren secuestradas por organizaciones de criminalidad organizada. El narcotráfico parece haber descubierto que es más eficaz someter el Estado y utilizar las armas de la democracia que luchar contra él.

Este crimen organizado, que podemos definir de cuarta generación, constituye una grave amenaza no solo para la región, sino también para Europa. Por un lado, Europa está desplazando a Estados Unidos como principal receptor de la cocaína proveniente de Latinoamérica. Por otro, el control del crimen organizado sobre algunos estados tiene implicaciones geoestratégicas que debemos valorar, incluyendo las posibles alianzas con potencias totalitarias en su guerra contra las democracias liberales, el aumento de la presión migratoria o el desafío a nuestra seguridad y nuestra propia convivencia.

El narcotráfico sigue siendo la actividad principal y más rentable de la criminalidad organizada en todo el mundo y de forma especial en Latinoamérica. La dimensión global del crimen organizado alcanza unas magnitudes en el subcontinente americano, que excede en muchas ocasiones las posibilidades de actuación de los gobiernos, amenazando su estabilidad institucional y deteriorando gravemente la convivencia en sus sociedades. Las organizaciones criminales más violentas el mundo están asentadas en esta región.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc- en su Informe Mundial de Drogas 2022 señala que el 74% de la cocaína sale principalmente de Colombia y Ecuador por la ruta del Pacífico Oriental, le sigue la ruta del Caribe Occidental que parte de Colombia con un 16% y por último la ruta del Caribe que sale de Venezuela y Colombia con un 8%. Un análisis de la situación de los países más afectados por esta lacra y donde el crimen organizado ha penetrado en el Estado, las organizaciones políticas y la misma sociedad, nos revela la situación actual.

Crisis de seguridad en Ecuador

La posición de Ecuador, ubicado entre dos de los países más grandes productores de drogas, Colombia y Perú, le confieren un carácter estratégico para las actividades del crimen organizado trasnacional. Primero como país de tránsito y luego como lugar de almacenamiento y punto de partida, Ecuador es ahora también un sitio de procesamiento de droga, como acredita el hallazgo y desmantelamiento de más de una decena de laboratorios y cristalizadores en provincias limítrofes con Colombia.

La implantación de poderosas bandas criminales es alarmante y ha llevado a Ecuador a una grave crisis de inseguridad. En lo que va de año, el país acumula 5.000 muertes violentas, superando la suma total del año 2022 -4.550- que ya había duplicado a su vez las de 2021.  La gran mayoría de ellas están vinculadas a la lucha sin cuartel entre las bandas criminales por la disputa del territorio y el control del narcotráfico. El asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, el pasado mes de agosto, es una muestra de la voluntad y capacidad del crimen organizado de interferir en los procesos electorales.

Hasta el pasado mes de junio, se han decomisado 85 toneladas de drogas, de las cuales casi 42 toneladas han sido incautadas en puertos en contenedores con destino en primer lugar a Bélgica (36%) y luego España (18%). Además, las bandas de crimen organizado se especializan en el tráfico de drogas por vía aérea, construyendo pistas ilegales de aterrizaje para las ‘narcoavionetas’. Solo en la provincia costera de Manabí entre 2019 y 2022 fueron identificadas 40 pistas de aterrizaje ilegales de avionetas que en su mayoría proceden de México. El narcotráfico se combina además con otras actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y el tráfico de armas y personas.

El sistema penitenciario tampoco es ajeno a esta realidad que se reproduce en el interior de las cárceles. Los centros penitenciarios se encuentran de hecho bajo el control de los distintos líderes de las bandas. El año pasado, más de 400 internos fueron asesinados, y los intentos de la administración por controlar las cárceles con traslados de presos y mayor control fueron respondidos por las bandas criminales con campañas de atentados contra personas y centros públicos y privados.

El país se encuentra así dominado de facto por una decena de grandes grupos dedicados al tráfico de drogas que son a su vez proveedores de servicios a los cárteles internacionales, principalmente mexicanos, de los que también reciben apoyo convirtiéndose en sus terminales ejecutoras en Ecuador.

La actuación del ejecutivo ecuatoriano para hacer frente a este grave y progresivo deterioro de la seguridad ha fracasado en gran medida por la falta de coordinación y liderazgo, provocando el adelanto de las elecciones parlamentarias y presidenciales. El crimen organizado se hizo presente asesinando, como ya hemos señalado, a uno de los candidatos presidenciales y en fechas recientes ahorcando en la cárcel de Guayaquil a los seis sicarios colombianos presos por su participación en ese atentado, un ejemplo extremo del dominio del sistema por las organizaciones criminales.

En esta situación, un 90% de los ecuatorianos considera que las elecciones están compradas, un 34% justifica que se clausure el parlamento y la misma proporción apoya un liderazgo autoritario. El crecimiento del crimen organizado y el deterioro de la calidad democrática en el país van de la mano.

El fracaso de Colombia contra el crimen organizado

Colombia está a la cabeza mundial en la producción de cocaína, que constituye la principal fuente de financiación de las organizaciones criminales latinoamericanas. En el caso colombiano, el narcotráfico es también el principal sustento de los grupos armados que no participan en el proceso de paz y que intentan mantener el control de la producción y el tráfico, sobre todo en las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela, donde está aumentado considerablemente las zonas y superficies de cultivo de hoja de coca. A este escenario hay que sumar la cada vez mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada mexicana en el país.

La batalla duramente sostenida durante décadas por el Estado colombiano contra esta combinación de narcotráfico y terrorismo se está perdiendo. Hasta el pasado mes de julio todos los indicadores en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas disminuyeron en comparación con el mismo periodo analizado el año anterior. Así, las incautaciones de cocaína han disminuido un 9%, la erradicación de cultivos de coca desciende de forma alarmante, un 79% menos, y las requisas de heroína sufren una disminución del 44%.

Los enfrentamientos entre las principales bandas criminales del crimen organizado con los grupos armados disidentes del proceso de paz por hacerse con el control estratégico de importantes rutas del narcotráfico en la costa noroccidental del país ha provocado además el desplazamiento de 2.300 personas huyendo de los combates.

La victoria de Gustavo Petro en las elecciones del pasado año ha significado un cambio en la estrategia del país en materia de seguridad y, específicamente, en la lucha contra el narcotráfico, al mantener que el prohibicionismo en el problema global de las drogas había fracasado y propugnando un desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo y sometimiento a la justicia de los grupos del narcotráfico, sustituyendo el combate contra las drogas por un modelo progresivo de regulación.

Junto a este progresivo deterioro de la seguridad, Colombia ocupa actualmente el último lugar de América Latina en la confianza de sus ciudadanos en las elecciones. Tan solo dos de cada diez ciudadanos mantienen su confianza en los procesos electorales y el 93% piensa que las elecciones están compradas. Tres de cada cuatro colombianos consideran además que sus derechos básicos no están protegidos y solo uno de cada tres mantiene su confianza en el Gobierno. 

Deriva autoritaria en Perú

Perú es, después de Colombia, el segundo mayor productor de coca del mundo y su cultivo se está expandiendo en los últimos años, alcanzando su récord en 2022 con 95.008 hectáreas, con un incremento del 18% respecto al año anterior. El narcotráfico es a su vez responsable de la deforestación de 7.000 hectáreas de bosques tropicales y de los asesinatos de miembros de comunidades indígenas que se oponen a los narcotraficantes, que debido al difícil acceso a esas zonas de la selva y la falta de presencia institucional facilitan la expansión de los cultivos y el aumento de la criminalidad contra los defensores de la Amazonia.

El crimen organizado crece al mismo ritmo que el aumento de los cultivos y el narcotráfico. Solo en la ciudad de Lima, entre enero y julio de este año se han cometido 186 crímenes por encargo en enfrentamientos entre bandas criminales por disputa del territorio. En el conjunto del país, de enero a abril se han contabilizado más de nueve mil homicidios, manteniendo así atemorizada a la ciudadanía con los asesinatos, los robos y las extorsiones como principales instrumentos criminales.

Ante esta grave situación, el Gobierno está acometiendo una reforma integral de su fuerza policial, aquejada de un fuerte desprestigio social por su nivel de corrupción. Solo en los dos últimos años se han sucedido siete comandantes generales y varios de ellos están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

A este escenario descrito hay que añadir el ambiente de corrupción e ineficiencia de la administración, que sitúa a Perú liderando el ranking de la corrupción de América Latina, según la última medición del Barómetro de las Américas. El deterioro democrático ha llevado a casi la mitad de los peruanos a apoyar un autogolpe que limite el poder del Parlamento y a uno de los menores índices de confianza democrática en la región.

Crisis institucional en Bolivia

El país andino es tercer productor de hoja de coca del mundo tras Colombia y Perú, y su particular ubicación geográfica es aprovechada por el crimen organizado trasnacional utilizando sus rutas terrestres, aéreas y fluviales para el narcotráfico. 

La porosidad de sus fronteras, la impunidad y la corrupción abonan el terreno, favoreciendo que grandes y violentas organizaciones criminales internacionales, sobre todo de Brasil y Venezuela, se asienten en el país, provocando un significativo aumento de la violencia ligada al narco con un incremento exponencial del número de homicidios.

A pesar de los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de cocaína no se acompañan de detenciones de los responsables de las organizaciones criminales e incluso cuando se desmantelan laboratorios tampoco se producen detenciones al no encontrarse a nadie en ellos. Estas intervenciones policiales revelan en muchas ocasiones la corrupción existente de muchos de los agentes y mandos policiales a sueldo de los grupos criminales.

Por otro lado, y fiel reflejo de la situación que atraviesa el país, la administración se encuentra con grandes dificultades burocráticas y procedimentales para ejecutar sus presupuestos y por ende sus acciones en la lucha contra el narcotráfico, evidenciando además la descoordinación existente en las autoridades bolivianas, una falta de interés real para combatir de forma eficaz contra esta lacra.

«La experiencia de casos como el de Venezuela demuestran que un mayor nivel de autoritarismo no conduce a más seguridad, sino al contrario»

Para contrarrestar esta realidad, el Gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para el fortalecimiento institucional y operativo de la fuerza policial antinarcóticos de la Policía Boliviana, en la que casi todos los excomandantes generales de la institución se encuentran encausados por diferentes motivos, y donde la unidad antinarcóticos tampoco es ajena a la polémica porque en abril del año pasado se destituyó a su director, y en los seis meses anteriores se produjeron también dos ceses de sus máximos responsables.

A pesar de estos esfuerzos, el deterioro de la democracia en Bolivia, hoy considerado en realidad como un régimen híbrido, ha llevado a que la mitad de sus ciudadanos haya perdido su confianza en el gobierno, en el sistema electoral y que una gran mayoría considere que las elecciones pueden ser compradas.

El gigante brasileño

Brasil no escapa a este crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado que se está produciendo en toda la región, ni al deterioro de su calidad democrática. Debido a su situación geográfica, con más de 15.000 kilómetros de frontera seca con casi todos los países de Suramérica, Brasil interviene como ‘gran corredor de droga’ entre los países productores y los destinatarios, siendo Europa su principal destino con Bélgica, Holanda y España a la cabeza de este tráfico trasatlántico.

Las muertes violentas por las disputas territoriales entre grupos criminales rivales han provocado 10.200 homicidios en el primer semestre de este año. El Estado de Río de Río de Janeiro ha sufrido un mayor aumento con un 15% en relación con el mismo período del año pasado motivado por el número de bandas asentadas y las dinámicas criminales producto de años de actividad. Brasil presenta a su vez uno de los índices más bajos de confianza en la democracia en la región y uno de los países donde los ciudadanos sienten menos protegidos sus derechos fundamentales.

El poder de los cárteles en México

El Estado mexicano ha perdido el control territorial de numerosas zonas geográficas dominadas por fuertes organizaciones criminales representadas por los cárteles y donde la sociedad está completamente desprotegida. En los años de mandato de López Obrador los principales cárteles dominan entre el 30 y el 35% del territorio mexicano, diluyendo la autoridad del Estado y convirtiendo a esas zonas en auténticos Estados fallidos incluso al nivel de Libia o Siria. En los tres primeros trimestres de este año el número de muertes asciende a 22.603 asesinatos con un promedio de 83 muertes violentas diarias.

El crimen organizado nombra y quita gobernadores y jefes municipales, subvenciona campañas políticas y se convierte de facto en un agente político-electoral de indudable trascendencia. A este escenario hay que sumar que la política contra la criminalidad organizada realizada por el Gobierno basada en actuar en las causas que provocan la violencia y no en la erradicación de esta, conocida como ‘abrazos y no balazos’, lejos de disminuir la actividad criminal ha provocado un fortalecimiento de los cárteles y la aparición de más grupos criminales.

El aumento de la criminalidad y del poder de los carteles del narcotráfico va acompañado de un deterioro institucional, un creciente protagonismo del ejército y una disminución de la calidad democrática en el país.

El crimen organizado como desafío global

El crimen organizado se presenta actualmente en Latinoamérica como una de las principales amenazas a la democracia y al estado de derecho. Es posible establecer una relación entre el aumento del narcotráfico y la criminalidad organizada y el deterioro democrático e institucional. El principal riesgo es que el crimen organizado se sirva de instrumentos democráticos, mediante la compra de votos, el fraude electoral o la violencia política, para colonizar el Estado y ponerlo al servicio de sus intereses.

Observamos una creciente connivencia entre el poder político y el crimen organizado en aquellos países en los que las organizaciones dedicadas al narcotráfico van consolidando su poder económico, social y político de forma paralela al debilitamiento del Estado. Especialmente preocupante es el grado de corrupción generalizada en algunos países y en particular en algunas policías, como demuestra el hecho de que muchas operaciones antidroga se salden sin detenidos y los grupos criminales logren un control casi absoluto del sistema penitenciario.

Por otro lado, las estrategias de apaciguamiento y la tolerancia de algunos gobiernos frente al cultivo y tráfico de drogas están conduciendo a un fortalecimiento de las organizaciones criminales que ejercen cada vez un control sobre una mayor proporción del territorio, incrementen la producción de droga y provoquen un aumento de las luchas entre grupos rivales. Es también previsible una diversificación de estos grupos hacia otras actividades criminales como la trata de personas, la minería ilegal o el tráfico de armas. 

Finalmente, la experiencia de casos como el de Venezuela demuestran que un mayor nivel de autoritarismo no conduce necesariamente a más seguridad. Es más, el debilitamiento institucional y la concentración del poder en manos del Ejecutivo favorece en mayor medida la corrupción, que es, junto a la violencia, uno de los grandes instrumentos de los que se vale el crimen organizado para lograr el control social y someter el Estado a sus intereses criminales.

Hacer frente a la amenaza que supone el crimen organizado para la seguridad y la democracia exige un esfuerzo de cooperación internacional. La búsqueda de nuevos mercados por las grandes organizaciones criminales en el continente europeo representa ya una seria amenaza también para nuestros países. 

En primer lugar, resulta esencial fortalecer la cooperación regional implementando estrategias integrales en la lucha contra el narcotráfico que potencien el intercambio de información, de inteligencia y coordinación operativa para la desarticulación de las redes criminales, estableciendo un marco de colaboración conjunto estable y permanente. El mejor ejemplo de esta cooperación es La Comunidad de Policías de América (Ameripol), un organismo de cooperación policial integrado por 35 cuerpos de policía de ese hemisferio con el objetivo de promover y potenciar el intercambio de información operativo y estratégico para luchar contra las amenazas a la seguridad de la región.

Auspiciada por España en 2011 y apoyada por la Unión Europea, su objetivo es desempeñar en América un papel similar al de Europol en nuestro continente en su lucha contra el crimen organizado. Está previsto que este mismo mes de noviembre se firme su Tratado Constitutivo en Brasilia. Recientemente coordinó durante dos meses una amplia operación contra el narcotráfico en el que participaron hasta 12 países latinoamericanos, y que llevó a la incautación de 97 toneladas de cocaína y la desarticulación de 56 organizaciones criminales. 

Pero para hacer frente al crimen organizado, que es un fenómeno de indudable carácter global, es imprescindible fortalecer una cooperación internacional eficaz en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos conexos como el blanqueo de capitales y la trata de personas, organizaciones que han mostrado una rápida adaptación estableciendo conexiones globales no sólo en su continente, pero también en Europa y África.

En ese sentido es esencial la cooperación entre el subcontinente americano y la Unión Europea, como se puso de manifiesto el pasado mes de septiembre en Bruselas en la reunión de la Unión con el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior -Clasi- que es un organismo creado y financiado por la UE que asiste a casi una veintena de países de ese continente para fortalecer estrategias contra la criminalidad organizada transnacional, reforzando la colaboración y la cooperación mediante un canal permanente para la comunicación entre los dos continentes que facilite el intercambio de datos e inteligencia, estableciendo un calendario de reuniones periódicas para fomentar una asociación estratégica en la lucha contra este fenómeno.

En clave regional, el pasado mes de septiembre y en el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre tráfico de drogas celebrada en Cali, Bolivia propuso la creación de una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos -ALA- con el objetivo de regionalizar la lucha contra el narcotráfico y establecer un calendario para afianzarla, iniciativa que habrá que esperar su implementación efectiva para valorarla dado el fracaso de otros proyectos similares, como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos-Cerian- que ha ido perdiendo personal y medios con el paso del tiempo convirtiéndose en una agencia prácticamente inerte.

En el ámbito de Naciones Unidas hay que destacar la Comisión de jefes de Agencias encargadas de combatir el tráfico de drogas en América Latina y Caribe -Honlea-, foro que se reúne anualmente en el que participa también España como país observador, y que tiene como objetivo facilitar la coordinación y cooperación en las actividades regionales dirigidas a combatir el tráfico de drogas. Su última reunión tuvo lugar en Quito a principios de este mes de octubre.

España desempeña un papel importante en todos estos esfuerzos. En los proyectos vigentes que tiene la UE en esa región, España lidera varios de ellos. Así, hay que destacar en Perú y Bolivia los programas para el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas. Por otro lado, nuestro país participa activamente en el proyecto denominado «El PAcCTO», orientado al reforzamiento de las capacidades de 18 países de Iberoamérica en su lucha contra el crimen transnacional organizado. Con carácter bilateral España tiene suscritos Convenios de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad con varios países sudamericanos y está negociando actualmente dicho instrumento normativo con Bolivia y Colombia. 

No obstante, a la vista de la evolución de esta amenaza, los esfuerzos realizados hasta ahora tanto por los propios estados latinoamericanos, como en la cooperación regional, con la Unión Europea y a escala global, resultan insuficientes y no están respondiendo a la gravedad del desafío. Está en juego no solo la estabilidad y la democracia en Latinoamérica, también nuestra propia seguridad. 

Ignacio Cosidó, director del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria y Luis de Mergelina, analista del Centro de Seguridad Internacional de la UFV.