La inmigración en Europa: vista a la derecha

No es exagerado afirmar que el principal reto al que se enfrenta el continente europeo es la inmigración y que el futuro de la Unión, tal y como la conocemos actualmente, vendrá determinado en buena medida por la capacidad de respuesta para afrontar este trascendental desafío de forma eficaz, porque si no somos capaces de proteger nuestras fronteras comunes no se podrá mantener por mucho tiempo el actual proyecto europeo.

Es indudable que muchos líderes europeos han pasado en estos últimos años de tratar la inmigración irregular como un tema menor, a ser un asunto que marca la agenda de sus políticas nacionales para intentar contrarrestar el evidente descontento que hay en sus sociedades. La tendencia es proponer políticas de inmigración más restrictivas que endurezcan las concesiones de asilo y resulten más eficaces en la lucha contra la inmigración irregular.

El acuerdo alcanzado en la Unión Europea sobre el pacto de inmigración y asilo es importante porque cierra fracturas entre los países para acordar una política migratoria común, agiliza los procedimientos de admisión o rechazo de las solicitudes de asilo, permite un mejor control de las fronteras exteriores y regula un mecanismo de solidaridad, pero está por ver si su aplicación práctica supone una solución efectiva para este reto común.

El paquete de cinco normas acordadas abarca todas las etapas de la gestión del asilo y la migración, desde el control de los inmigrantes irregulares cuando llegan a la UE, la toma de datos biométricos, los procedimientos para presentar y gestionar las solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo, la solidaridad entre los Estados miembros y cómo gestionar situaciones de crisis. 

El reglamento introduce un procedimiento fronterizo obligatorio, con el objetivo de evaluar rápidamente si las solicitudes de asilo son infundadas. Durante este procedimiento en frontera, los solicitantes no están autorizados a entrar en territorio de la Unión. Se establece además un máximo de treinta mil solicitudes anuales para toda la Unión. Las solicitudes podrán ser rechazadas si existe la posibilidad de un tercer país seguro.

Por su parte, el Reglamento de gestión de asilo y migración (AMMR) sustituirá al actual Reglamento de Dublín. Se mantiene el criterio general de que el Estado de primera entrada es responsable de la tramitación de asilo. Sin embargo, se establecen algunas excepciones a esta norma. El reglamento reduce a su vez las posibilidades de elegir el Estado donde presentar su solicitud y, por lo tanto, desalienta los movimientos secundarios. La trasferencia de un solicitante al Estado responsable desde cualquier otro miembro de la Unión se simplifica y agiliza.

Por último, la nueva normativa establece un mecanismo de solidaridad que favorece el reparto de solicitantes de asilo entre todos los miembros y obliga a una compensación económica cuando no se acepten las reubicaciones.  

Es una realidad que los Estados miembros de primera línea en la recepción de inmigrantes -Italia, España y Grecia- están sometidas a una presión migratoria muy elevada porque los flujos irregulares llegan al continente europeo a través de tres itinerarios que los sitúa en primera línea: la ruta central que llega a Italia desde Túnez y Costa de Marfil principalmente, la vía occidental que llega a España desde Marruecos y Senegal y la ruta oriental que alcanza a Grecia principalmente desde Siria y Palestina fundamentalmente.

Resultaba evidente que el sistema de asilo establecido en 2015 había colapsado. Más de un millón de solicitantes de asilo esperan actualmente la resolución de sus expedientes en toda la Unión Europea. Los abusos en la utilización de este mecanismo estaban conduciendo al colapso de la protección, al ser utilizado en la mayoría de las ocasiones por solicitantes que no reúnen los requisitos objetivos establecidos para acceder, y aunque sus peticiones sean rechazadas, es un método que emplean para quedarse en el país y acceder posteriormente a las prestaciones sociales. Durante el primer semestre de este año se han presentado 519.000 solicitudes en total en la UE, incluyendo también Noruega y Suiza, siendo muy posible que la cifra total cuando acabe el año supere el millón de solicitantes, acercándose a los niveles récord alcanzados durante la crisis migratoria 2015/16.

Externalizar la gestión de la inmigración

El acuerdo europeo de inmigración y asilo viene acompañado además por un intento de externalizar el problema. Así, el pasado mes de julio la UE firmó con Túnez un acuerdo dotado con 255 millones de euros para combatir la migración irregular que contempla el fortalecimiento de los controles fronterizos y un endurecimiento de la lucha contra el tráfico de personas. El presidente tunecino declaró el pasado mes de octubre que rechazaba la ayuda inicial de 127 millones porque era un gesto de caridad frente a los cerca de 1.000 millones comprometidos en el acuerdo firmado, además de mostrarse disconforme con las reprobaciones de algunos países europeos por la situación de los derechos humanos en su país, declaraciones que sirven para el consumo interno y sirven de argumento para intentar frenar la ola de descontento que padece la sociedad tunecina por su fuerte crisis económica y social. Este acuerdo también levantó fuertes críticas del Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, por no haberse sometido a la aprobación del Consejo antes de su firma.

Otra propuesta europea para gestionar la migración está vinculada con las ayudas que está recibiendo Turquía desde el año 2016, cuando acogió a la mayoría de los refugiados sirios que huían del conflicto bélico, y también para frenar el flujo de inmigrantes irregulares que intentan llegar a Europa. Estas ayudas se están materializando con la entrega de fondos que a fecha actual alcanzan una cantidad de casi 10.000 millones de euros que han servido para mejorar las infraestructuras y el refuerzo de la gestión de las fronteras, además de las ayudas directas que han recibido más de 2,6 millones de refugiados, contribuyendo a mejorar la estabilidad en el Mediterráneo y las disputas por esta cuestión con países miembros de la UE como Grecia y Chipre.

Italia está tratando por su parte de alcanzar un acuerdo bilateral con Albania. Así, a principios de este mes, y ante la resistencia de los alcaldes italianos de crear los denominados Centros de Permanencia para Repatriados en sus localidades, la primera ministra italiana y su homólogo albanés anunciaron un acuerdo por el que Italia creará dos centros de detención en territorio albanés con capacidad para atender a unos 3.000 inmigrantes al mes y un máximo de 39.000 al año, y donde se realizarán los procedimientos de identificación y control y se gestionarán las solicitudes de asilo y las tareas de repatriación, estando previsto que entren en funcionamiento en la primavera de 2024. Este apoyo de Albania de ceder dos emplazamientos de su territorio será correspondido por Italia, aumentando la presión para que la UE desbloquee la candidatura de Albania para su entrada en la UE.

Respuestas nacionales 

Las iniciativas que se están implementando en diversos países europeos tienen como denominador común entre ellas una política migratoria más restrictiva, y con un enfoque de mayor control en la gestión de los flujos migratorios que reciben y que en muchas ocasiones colapsan sus sistemas.

En Grecia, hasta el pasado mes de septiembre, las llegadas de inmigrantes irregulares a las Islas del Egeo, más de 23.400, reflejan un aumento del 246% respecto al mismo período del año anterior (enero-septiembre) y la tendencia es que siga incrementándose, alcanzando su punto máximo a finales de año.

Por ello, una de las prioridades básicas del gobierno heleno es luchar contra la migración irregular, como ha puesto de manifiesto el Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa, que es el máximo órgano del gobierno en la toma de decisiones en asuntos de seguridad y defensa. Entre sus medidas está prevista extender la valla fronteriza de separación con Turquía y reforzar las patrullas marítimas en el Mediterráneo oriental para interceptar los barcos que transportan inmigrantes. Como ha declarado recientemente su primer ministro, la Guardia Costera y de Fronteras no son «agencias de acogida».

La reciente mejora de sus relaciones bilaterales con Turquía después de varios años de desencuentros puede facilitar llegar a compromisos para restringir los flujos migratorios y aceptar retornos, y a cambio Grecia puede abogar ante la UE para flexibilizar la exigencia de visado para los ciudadanos turcos en el espacio Schengen.

En Italia han llegado a sus costas más de 145.000 inmigrantes hasta el pasado 6 de noviembre, con el récord de 10.000 en apenas tres días en septiembre a la isla de Lampedusa, cifras muy superiores a los 88.000 que arribaron en el mismo período el año pasado y los 54.000 de 2021.

Desde la formación del nuevo gobierno de Meloni el año pasado, la estrategia italiana se aleja de discutir con la UE el reparto de migrantes entre los países europeos para poner el foco en impedir los flujos irregulares, luchar contra la trata de seres humanos y acoger solo a aquellos que realmente tienen derecho a la protección internacional.

En Alemania, el Gobierno federal y los estados federados han alcanzado un acuerdo para frenar la llegada de migrantes irregulares, facilitando la deportación de aquellos que no cumplen con los requisitos de asilo con el objetivo de aliviar la presión migratoria que está padeciendo, y atender mejor a quienes si tiene la condición de refugiados, como el millón y medio de ucranianos que han llegado desde que comenzó la agresión a su país por Rusia. También está previsto recortar las prestaciones sociales de los solicitantes de asilo y más ayuda federal a los estados y comunidades locales que más presión migratoria sufren.

El canciller alemán ha manifestado que el exceso de inmigración ilegal ha causado una situación de inseguridad en el país y que es necesario deportar a gran escala y con celeridad a los que no tiene derecho a permanecer, poniendo en evidencia el fracaso en los retornos de las personas, que no alcanzan el 4% de los que tienen orden de expulsión. En los primeros nueve meses de este año han llegado más de 92.000 personas sin autorización, que es la cifra más alta de los últimos años.

Para hacernos una idea de la situación que se vive en Alemania, la Agencia de Asilo Europea refleja que un tercio de todas las solicitudes de asilo que se tramitan en la UE se gestionan en Alemania, que en el primer semestre del año en curso ha recibido un total de 155.000 solicitudes de asilo. A pesar de las divergencias en el gobierno de coalición, el propio Olaf Scholz ha expresado su apoyo una política de asilo común, abogando a favor de que las futuras solicitudes de los inmigrantes se tramiten en centros de asilo cerrados en las fronteras exteriores de la UE mediante procedimientos acelerados.

Entre las medidas para paliar este exceso de inmigración, a finales del pasado mes de octubre la ministra de Interior se desplazó a Rabat y firmó una declaración de intenciones con su homólogo marroquí para facilitar las deportaciones de sus nacionales, que hasta el momento se niega a recibir, y fomentar la migración de mano de obra cualificada, y en septiembre el gobierno alemán restablecía controles temporales en las fronteras con Polonia, República Checa y Suiza para frenar esta llegada masiva de inmigrantes.

Es necesario reseñar que esta nueva estrategia del gobierno alemán, con un discurso más contundente en esta materia, también está provocada por los malos resultados electorales en las últimas elecciones regionales y el auge de los partidos de derecha con un discurso más radical en este asunto.  

En Francia, donde en barrios específicos de los suburbios de las grandes ciudades la población, la gran mayoría inmigrantes de primera y segunda generación, tienen graves problemas de integración y son frecuentes los disturbios y los episodios de violencia como los vividos el pasado mes de junio por la muerte de un adolescente en un incidente con la policía; se ha aprobado recientemente la nueva ley de inmigración. El texto tiene como objetivo desincentivar las llegadas al territorio francés endureciendo las condiciones que existen actualmente. Así introduce medidas para expulsar más fácilmente a los que delincan porque si habían llegado a Francia con menos de 13 años eran inexpugnables, y ahora podrán serlo si cometen algún delito. El ministro del Interior ha estimado que permitirá expulsar a 4.000 extranjeros que cometan delitos cada año. Por el contrario, se suavizan los requisitos para otorgar permisos de residencia a trabajadores extranjeros indocumentados en sectores donde hay escasez de mano de obra.

La nueva Ley endurece las solicitudes de asilo y el reagrupamiento familiar, elimina la asistencia médica a los inmigrantes sin regularizar, salvo casos de urgencia, restringe el acceso a las prestaciones por hijos y vivienda para los residentes extranjeros que viven legalmente en Francia, eleva el requisito del idioma francés para los permisos de residencia y elimina la concesión automática de ciudadanía a los niños nacidos en Francia de padres extranjeros. 

La reforma ha generado un terremoto político en Francia. 20 miembros del partido de Macron, que cuenta con 170 legisladores en la asamblea de 577 escaños, votaron en contra del proyecto de ley, mientras que 17 se abstuvieron de votar. Los legisladores izquierdistas dijeron que el líder francés estaba asumiendo el programa de la extrema derecha. Por su parte, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, señaló que la nueva ley «es un paso muy pequeño, pero es una gran victoria ideológica para nuestro movimiento».

En los países de Centroeuropa se han introducido en los últimos meses controles fronterizos temporales para mitigar la afluencia de inmigrantes principalmente de Oriente Medio y Afganistán, y se está tejiendo una alianza para responder de forma coordinada y con un planteamiento regional a este desafío. Así el pasado lunes 27 de noviembre se reunieron los ministros del Interior del denominado Grupo de Visegrado, integrado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, al que se añadieron como países invitados Alemania y Austria, para debatir sobre la gestión de la migración irregular y la necesidad de su reforma, haciendo hincapié en la importancia del fortalecimiento de la protección de la frontera exterior de la UE con un control coherente y más intensivo. Entre las iniciativas planteadas está la posibilidad de establecer un grupo operativo de las fuerzas policiales de esos países apoyado por Europol y Frontex, con el objetivo de combatir las redes de criminalidad organizada dedicadas a la migración irregular a través de la ruta de los Balcanes.

Los países nórdicos –Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia– han firmado recientemente un acuerdo de cooperación orientado a una política más restrictiva sobre la inmigración irregular que ya había iniciado Dinamarca en 2020, endureciendo las condiciones para solicitar asilo. Este pacto pivotará sobre varias iniciativas entre las que destacan los vuelos conjuntos de deportación en colaboración con Frontex a un tercer país para las personas sin residencia legal, y programas de ayuda para los inmigrantes que retornan voluntariamente a sus países de origen con el objetivo de facilitarles su reintegración. 

En Suecia, con una población de un poco más de 10 millones de habitantes  y 770.000 inmigrantes llegados de fuera del continente europeo desde 2012, el Gobierno anunció el pasado mes de octubre nuevas medidas para dificultar el acceso de los inmigrantes a las ayudas sociales, además de establecer un período aún no determinado antes de poder solicitar ayudas, en un sistema de integración que hasta el momento actual no plantea obligaciones dependiendo únicamente de las prestaciones, exigiéndoles con las nuevas propuestas desempeñar una actividad y aprender sueco, e introduciendo un límite en las ayudas que hacía más rentable vivir de los subsidios que buscar un trabajo, con el objetivo final de integrar mejor a los que ya se encuentran y disuadir la llegada de más inmigrantes.

La excepción española

España no es ajena al aumento de los flujos migratorios y el colapso en nuestro sistema de asilo. Así, la llegada de inmigrantes irregulares se está incrementando durante este año de forma alarmante. La llegada a España por vía terrestre y marítima desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de noviembre fue de 50.551 inmigrantes irregulares, que es un 73% más que el año pasado en el mismo período, y en el caso de las Islas Canarias está alcanzando cifras récord que superan la llamada crisis de los cayucos de 2005.  Los 35.410 inmigrantes que arribaron significan un incremento del 135% respecto al año anterior. 

La tendencia que se está observando es que la llegada de embarcaciones al litoral canario parten en su mayoría desde Senegal, a cuya capital se desplazó el pasado mes de octubre el ministro del Interior dos veces en apenas 15 días para analizar con las autoridades senegalesas las causas del fuerte repunte de salidas de inmigrantes desde sus costas a pesar del despliegue que realizan tanto Policía Nacional como Guardia Civil, que con un total de 38 efectivos realizando patrullajes conjuntos con las fuerzas senegalesas. Este despliegue incluye cuatro embarcaciones, un helicóptero y 13 vehículos TT dedicados al control fronterizo. A este despliegue hay que sumar los seis drones entregados por España a la policía senegalesa diseñados para la detección de la salida de cayucos.

España es también el segundo país europeo en número de solicitudes de asilo de la Unión Europea. Hasta el mes de noviembre de este año, el número de solicitantes ascendió a 152.250, lo que supone un incremento de casi el 50% respecto al año anterior. La principal nacionalidad de estos solicitantes es Venezuela, con más de 56 mil solicitudes, seguida de Colombia con más de 50 mil y Perú con más de 13 mil. En cuanto a las resoluciones de esas solicitudes de Protección Internacional de momento se emitieron 6.746 resoluciones de concesión de Estatuto de Refugiado y 3.377 resoluciones de concesión de Protección Subsidiaria. Se concedió además permiso de residencia y trabajo a 41.364 solicitudes por motivos humanitarios.

A pesar de que España es uno de los países más golpeados por la ola migratoria que experimenta la Unión Europea, el gobierno español no tiene previsto cambio alguno. Así, mientras en Europa se empiezan a aplicar fórmulas y a diseñar estrategias para endurecer el control de las fronteras y la estancia de los inmigrantes en situación irregular, el presidente del Gobierno ha reiterado que se mantendrá la política migratoria actual, tildando de «xenófobo y racista» el debate público abierto por las críticas recibidas por ayuntamientos y comunidades autónomas en el tratamiento de este fenómeno. 

Conclusiones

Por muy abrumadora que parezca ahora la situación de la inmigración en Europa, no es más que un anticipo de los problemas que nos esperan. La población de la rica y pacífica Europa se está reduciendo aceleradamente. En los países del sur de Europa, incluida España, cada generación nativa es sólo dos tercios del tamaño de la anterior. África, por el contrario, está creciendo a un ritmo nunca visto. El África subsahariana superó la marca de los 1.000 millones de habitantes en 2015, pero se va a duplicar con creces, hasta los 2.120 millones, en 2050. A la vista de estas cifras parece evidente que la inmigración se va a convertir en un tema candente de la agenda política de la Unión Europea a largo plazo. 

El acuerdo alcanzado en la Unión Europea sobre la política de inmigración y asilo es un paso en la buena dirección en la medida en que homologa y agiliza los procedimientos de las solicitudes de asilo para evitar el abuso de esta figura, introduce un mecanismo de solidaridad entre los socios en la gestión de los flujos y refuerza la seguridad de las fronteras y el control de la inmigración. Sin embargo, el acuerdo tiene una implementación difícil y no parece suficiente para hacer frente al previsible aumento de la presión sobre nuestras fronteras exteriores. 

Más allá de este acuerdo europeo, observamos en el conjunto de los Estados de la Unión, quizá con la única salvedad de España, un giro en sus políticas migratorias que buscan endurecer la concesión de la condición de refugiado, reducir las ayudas sociales a los inmigrantes, facilitar la repatriación de los extranjeros que delincan o se encuentre en situación irregular y externalizar la gestión situando los centros de acogida de los solicitantes fuera de sus fronteras. 

Entre las medidas imprescindibles que contribuyan a que la migración que se reciba en Europa en general y en la UE en particular sea de manera legal, segura y ordenada hay que destacar las siguientes:

• Traslado de los solicitantes a un tercer país seguro mientras se resuelve el expediente para garantizar que los inmigrantes que no tienen derecho a protección internacional no se queden en Europa, externalizando los procedimientos de asilo en terceros países, lo que contribuiría a desincentivar las llegadas de migrantes irregulares que producen además enormes bolsas de pobreza generando en la sociedad cada vez mayor rechazo.

• Promoción de una política de retorno coordinando con los países de origen y protocolos para repatriar en condiciones seguras a los que no reúnan las condiciones de asilo europeas y en aquellos países donde existan acuerdos de readmisión aplicarlos sobre sus nacionales rechazados en sus solicitudes de asilo.

• Potenciar la migración regular desde algunos de los principales países de origen de la inmigración mediante la financiación de centros gestionados por los servicios de empleo de esos países, que ofrecerían formación y asesoría teniendo en cuenta la demanda laboral en determinados empleos difíciles de cubrir en el país a emigrar.

• Reforzamiento del control de las fronteras exteriores de la UE dotando a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas -Frontex- de más medios, recursos y capacitación para garantizar una rápida aplicación de las devoluciones, que redundaría además en un mensaje de fortaleza frente a las mafias que trafican con seres humanos, y que son auténticas organizaciones criminales que se benefician de la laxitud que en muchas ocasiones representa la aplicación de la ley en esta materia. Además, debería acompañarse este fortalecimiento de una mayor flexibilidad para implantar controles en las fronteras interiores de la UE con el objetivo de evitar en mayor medida los movimientos secundarios de la migración irregular.