La seguridad de los Juegos de París 2024: un reto olímpico
El contexto político y social del país galo convierte el despliegue de seguridad para las olimpiadas un desafío mayúsculo
Una escultura de un nadador frente a la torre Eiffel, adornada con los anillos olímpicos. | Geovaine De Oliveira (Zuma Press)
A punto de inaugurarse los Juegos Olímpicos, las autoridades francesas ven con preocupación las amenazas que se ciernen sobre los mismos por representar un escaparate de resonancia mundial que intentará ser aprovechado por actores ajenos a la competición deportiva. El despliegue de seguridad previsto en los mismos será de los más importantes ejecutados en la organización de este tipo de eventos, que suelen suscitar un enorme interés general. Está previsto que se movilicen 40.000 policías y gendarmes, además de 18.000 militares. De los más de cuarenta países que, a petición francesa, proporcionan agentes de policía para conformar el dispositivo de seguridad, España es el contingente policial extranjero que mayor número de efectivos aporta, con 313 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Varios riesgos confluyen para intentar alterar el normal desarrollo de los Juegos, que concentran el denodado esfuerzo de los servicios policiales y de seguridad franceses, principalmente para evitar acciones terroristas que tendrían un gran impacto mundial, sin olvidar las protestas callejeras con actos de violencia y sabotajes por movimientos y activistas radicales.
La amenaza del terrorismo yihadista afecta de forma especial a Francia porque continúa siendo uno de los estados europeos que afronta uno de los niveles más altos de este importante desafío. Acentuado, además, por la evolución del conflicto israelí-palestino, como se acredita con la detención el pasado 21 de junio de un joven de 19 años acusado de pertenencia a organización terrorista y de idear un atentado coincidiendo con la cita olímpica. El detenido declaró que se veía como un combatiente del islam actuando en nombre del pueblo palestino en el contexto del conflicto con Israel. Semanas antes, los servicios de inteligencia franceses apresaban a un joven checheno de apenas 18 años, acusado de preparar un atentado terrorista durante los Juegos Olímpicos en las inmediaciones del estadio de fútbol de Saint-Étienne. Dicho sujeto había llegado a Francia en 2023 y era solicitante de asilo.
En las últimas operaciones antiterroristas practicadas por los servicios franceses se repite el perfil de los detenidos. Se trata de individuos muy jóvenes, sin antecedentes en los archivos policiales, y sin que consten referencias de radicalización previa; que por otro lado alcanzan en un período de tiempo singularmente breve. Emplean canales cifrados de mensajería para su adoctrinamiento y evocación de actos violentos, y si bien no se les localizan armas para cometer sus ataques, las fuerzas de seguridad actúan con celeridad y sin demora para evitar que lleguen a materializar sus propósitos.
Si bien hasta ahora el mensaje a la población francesa de sus autoridades era de tranquilidad y de que no se había manifestado ninguna amenaza terrorista concreta, las últimas detenciones vienen a contradecir esos mensajes destinados a no generar ninguna alarma en la sociedad.
Los servicios de información franceses tienen identificados, en el Fichero de Señalamientos para la Prevención de la Radicalización de Carácter Terrorista, a más de 5.000 personas que considera radicalizadas y que constituyen una seria amenaza para la seguridad interior. La mayoría de ellos tienen menos de 30 años. El año pasado terminó con 462 personas radicalizadas en prisión.
Otro elemento perturbador que puede tener consecuencias en el normal desarrollo de los Juegos Olímpicos es la repercusión que el conflicto de Israel con el grupo terrorista Hamás está teniendo en la sociedad francesa. Tras los bombardeos sobre un campo de desplazados en Ráfah, a finales del pasado mes de mayo, se produjeron violentas manifestaciones de protesta en París y otras ciudades francesas que desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, provocando importantes daños materiales en las vías públicas y locales comerciales. No hay que dejar de reseñar que en Francia conviven la comunidad judía y la comunidad musulmana más numerosa de la Unión Europea.
La tensión generada por el conflicto está motivando un refuerzo de la seguridad en los centros judíos y también elevando el nivel de riesgo terrorista que pesa sobre Francia, sin olvidar la división que produce en la sociedad y que ya se está trasladando a la vida cotidiana con episodios de violencia. El Gobierno francés está tratando de evitar que la tensión existente por el conflicto no se traslade a la sociedad francesa y así no sufrir las perniciosas consecuencias que supone la polarización social por el conflicto. No es descartable que grupos o movimientos propalestinos o individuos radicalizados intenten buscar protagonismo durante la celebración de los Juegos, obstaculizando el normal desarrollo de las pruebas deportivas para conseguir la indudable repercusión mediática de sus acciones.
Otro factor que puede influir en el devenir normal del desarrollo de los Juegos Olímpicos viene condicionado por la posición que está manteniendo Francia por la agresión de Rusia a Ucrania, manifestando el presidente Macron su postura favorable a que el armamento francés enviado a Ucrania pueda ser utilizado ofensivamente contra Rusia, y la posibilidad de enviar instructores militares franceses a territorio ucraniano. Así, hay que destacar en este contexto la estrategia que Rusia emplea contra los países, entre los que se encuentra Francia, que por sus posicionamientos en este conflicto fueron definidos como «hostiles» a sus intereses.
Dentro de la táctica empleada, una primera fase consistía en campañas de desinformación para sembrar la confusión y crear tensiones en el debate público francés, fomentando la polarización de la sociedad. Así, el país galo viene siendo objeto de ataques por medio de campañas reputacionales, como la red de bots empleados en la plataforma X (antes Twitter) que publican miles de posts que contribuyen a enrarecer el debate público en asuntos como el antisemitismo, de especial sensibilidad en la sociedad francesa.
En el marco de esta campaña de injerencia rusa hay que situar también la acción del pasado 1 de junio, cuando cinco féretros aparecieron frente a la torre Eiffel cubiertos con la bandera francesa y la frase «soldados franceses muertos en Ucrania». Pese a los intentos de la Fiscalía de París de atribuir a estos hechos un carácter delictivo, imputando a las tres personas identificadas, que reconocieron haber recibido una contraprestación económica por realizar la acción, finalmente no se les pudo atribuir a sus autores ningún ilícito penal más allá del justo reproche social. Otro aspecto de esta estrategia de injerencia rusa son las acciones de sabotaje que han tenido lugar en diferentes ciudades europeas como Londres, Praga y Varsovia y a la que Francia no es inmune.
El pasado 7 de junio se detuvo en París a un ciudadano ruso-ucraniano que resultó herido cuando manipulaba sustancias explosivas en la habitación del hotel en que se alojaba que pretendía realizar un atentado en una tienda de un centro comercial del norte de París. La evidente falta de pericia del detenido no resta importancia al suceso, que se enmarca en la costumbre rusa de combinar acciones complejas con otras menos complicadas y hasta incompetentes. Por otro lado, no es en absoluto descartable que ante la cercanía de los Juegos y la trascendencia mediática que indudablemente representan, estas acciones de injerencia rusa contra la imagen de Francia se incrementen sensiblemente.
También hay que considerar el crimen organizado que en su modalidad del narcotráfico está impactando en la sociedad francesa con una magnitud que hasta ahora era desconocida, desencadenando un estallido de violencia que significa ya una seria amenaza para la seguridad interior del país. Si antes era un fenómeno que afectaba principalmente a determinados barrios de grandes núcleos urbanos, actualmente las redes criminales del narcotráfico se han extendido también a las urbes medianas y pequeñas y a zonas rurales debido a la gran cantidad de cocaína que llega fundamentalmente al Puerto de Le Havre, procedente de sus territorios de ultramar en Guyana y Antillas.
Además, los principales grupos criminales muestran una gran versatilidad y tienen una alta capacidad para adaptarse, diversificando sus modus operandi, ampliando y reconfigurando las rutas del narcotráfico continuamente. Son cada vez más jerarquizados y violentos, infiltrándose en la economía nacional a través de negocios legales. La policía francesa estima que el mercado francés del tráfico de drogas representa un volumen de negocios nacional de 3.300 millones de euros.
De forma paralela, la violencia criminal vinculada al narcotráfico se ha incrementado exponencialmente, y los ajustes de cuentas entre bandas por disputas relacionadas con el tráfico de estupefacientes se han ensanchado incluso a pequeñas localidades rurales donde este fenómeno delincuencial era prácticamente desconocido. En 2023 las víctimas por ajustes de cuentas se incrementaron un 38% respecto al año anterior, con 418 fallecidos. Además, las escenas de violencia vividas por algunos ciudadanos provocan que ciertos sectores de la sociedad empiecen a usar el término de «narcoterrorismo» al entender que las bandas criminales persiguen crear un clima de miedo e inseguridad constante para el conjunto de la población en determinadas zonas.
Otro aspecto de la debilidad de las instituciones, que es aprovechada por las redes criminales, es la falta de control que se ejerce sobre los líderes del narcotráfico en las prisiones. Uno de los ejemplos más recientes fue el episodio de la fuga, el pasado mes de mayo, de un peligroso narcotraficante, que huyó tras el asalto mortal a un furgón penitenciario en el que murieron dos agentes; en su celda se encontraron hasta nueve teléfonos móviles con los que había planificado el plan de ataque y su fuga.
Otro riesgo que hay que añadir, y que ya ha sido advertido en la presentación el pasado mes de mayo del informe de la Comisión de investigación del Senado sobre el impacto del narcotráfico en Francia, es la corrupción de los agentes públicos y privados. A pesar de estar actualmente en unos niveles incipientes, no se puede subestimar como está sucediendo en la actualidad.
Cuestión importante también por destacar en clave interna y que no se puede soslayar es la tensión social que se está viviendo en el país, que tiene su explicación en varios factores que contribuyen a una polarización creciente, y que las recientes elecciones celebradas en Francia han puesto de manifiesto. La pérdida de poder adquisitivo que progresivamente está sufriendo la población francesa en estos últimos años, y el tratamiento que se está dando a la inmigración son los asuntos que los franceses sitúan como sus principales preocupaciones según los últimos estudios demoscópicos.
Ejemplo de la división existente es que, desde el pasado 11 de junio, se han sucedido convocatorias de actos y concentraciones contra el partido de Marine Le Pen, emplazadas por movimientos y colectivos de izquierda. En la semana previa a la celebración de la primera vuelta el Ministerio del Interior cifró en 250.000 personas la asistencia a las 182 concentraciones celebradas, siendo en París con 75.000 la más numerosa y donde se produjeron más incidentes, aunque sin llegar afortunadamente al nivel de violencia que se esperaba.
Esta tensión se evidencia también en las agresiones o acciones de intimidación sufridas por 511 candidatos desde el inicio de la campaña de las elecciones convocadas por el presidente Macron tras su fiasco en las elecciones europeas del 9 de junio.
La noche del pasado domingo, 7 de julio, las autoridades gubernativas establecieron un dispositivo integrado por 30.000 policías y gendarmes, de ellos 5.000 en París y su área metropolitana, con el objetivo de hacer frente a posibles enfrentamientos entre grupos ultras de diferente adscripción ideológica, especialmente acciones de protestas violentas de la ultraizquierda. Estas no llegaron a producirse finalmente por el triunfo del Frente Popular, en contra de los vaticinios de las encuestas que daban como ganador al partido de Le Pen. El abandono voluntario de decenas de candidatos del centro macronista y de la izquierda para favorecer al Frente Popular frente al Reagrupamiento Nacional. El mensaje de miedo transmitido, por los resultados de la primera vuelta, caló finalmente en la sociedad para desmentir las encuestas preelectorales que daban como ganador a este último partido.
Debe destacarse también que los colectivos de izquierda radical y movimientos antisistema están intentando absorber a otras corrientes y grupos sociales que han demostrado una mayor capacidad de movilización en causas como el ecologismo, el cual los más extremistas no han podido capitalizar hasta el momento. Si bien hasta ahora limitan su estrategia a acciones de desobediencia civil sin afectar a la convivencia diaria, está emergiendo una parte que es proclive a realizar acciones de violencia, que por ahora se limitan a acciones de sabotaje contra infraestructuras, que no se consideran de etiología violenta por no dirigirse contra las personas. Es en este ambiente, más beneficioso para sus intereses, que se está creando donde los radicales de izquierda y grupos antisistema están encontrando un campo de acción para hacer llegar su mensaje.
Por tanto, es muy factible que durante la celebración de los Juegos, y sumado al resultado electoral, aprovechen para realizar acciones de protesta; que, si bien no tendrán un carácter terrorista, si alterarán la normal convivencia ciudadana.
A este panorama descrito hay que añadir el aumento de la pobreza y de la exclusión social, que va generando progresivamente un sentimiento profundo de frustración en amplios sectores de la población, que antes no se encontraban en esa situación, y que no pueden cubrir y satisfacer sus necesidades más elementales porque los sistemas de protección social no alcanzan con sus recursos a la creciente demanda existente. No es una hipótesis descabellada que esta nueva situación pueda hacer emerger movimientos sociales de protesta o servir de base para reacciones colectivas violentas ante sucesos que no tengan una relación directa con su situación.
Para finalizar, los resultados de la segunda vuelta dejan una Asamblea dividida en tres grandes bloques que dificultará la gobernabilidad del país, siendo una incógnita como responderá a la crisis de los servicios públicos y a las expectativas de los franceses en materia de inmigración y seguridad. Tampoco se puede excluir que se convoquen anticipadamente elecciones a presidente de la República, previstas inicialmente para 2027.
El contexto internacional, con la guerra de Ucrania y la evolución del conflicto israelí-palestino, elevan la amenaza del terrorismo yihadista de tal grado que Francia continúa siendo uno de los países europeos que se enfrenta a uno de los niveles más altos de la intimidación terrorista.
A nivel más interno, la extensión del impacto del narcotráfico a todo el territorio francés es ya un hecho con un aumento muy significativo de la violencia criminal, asociada a este fenómeno por el enfrentamiento entre organizaciones criminales para obtener posiciones de dominio en sus actividades criminales.
Para hacer frente a esta amenaza con mayores garantías de éxito, es imprescindible la incorporación de los servicios de inteligencia a la lucha contra la criminalidad organizada. Francia no ha decidido todavía cual es el papel que tiene que desempeñar en su combate, y es evidente la amenaza que supone para la seguridad interior la existencia de estas violentas organizaciones criminales, siendo además la vocación natural de los servicios de inteligencia luchar contra las amenazas a los intereses fundamentales de la nación que supone este tipo de criminalidad.
También es necesario definir y establecer un marco legal que evite las dificultades actuales en el acceso a los datos de conexión que emplean los narcotraficantes en el uso de las nuevas tecnologías y las redes cifradas.
En el ámbito penitenciario, es necesario implementar un régimen específico para el control de los narcotraficantes que les impida seguir dirigiendo sus actividades en prisión con la impunidad que tienen en la actualidad.
Por último, resaltar el papel fundamental que tiene la cooperación policial internacional para que los Juegos Olímpicos puedan celebrarse con normalidad. Asimismo, son imprescindibles los intercambios de información e inteligencia entre los servicios policiales sobre posibles desplazamientos de activistas de movimientos antisistema y de extremistas radicales, para detectarlos a tiempo y evitar acciones de protesta callejera, violencia y sabotaje. En este aspecto de la cooperación policial entre los países, España mantiene con Francia un nivel especialmente destacable en relación con el terrorismo, la radicalización y la delincuencia organizada transnacional y que será de gran utilidad para prevenir actos que empañen la celebración de los Juegos.
