Estas son las multas de tráfico más caras que te puede poner la DGT
En función de la gravedad de la infracción cometida, las sanciones alcanzaran una cifra u otra
Agente de la Guardia Civil en un control.
Las multas de tráfico son muy distintas entre sí, principalmente porque entran en juego diferentes factores. Hay infracciones de cien euros pero también las hay de más de mil. En función de la gravedad y de otros aspectos a tener en cuenta, la sanción alcanzará una cifra u otra.
Lo importante es estar al tanto de las infracciones que podríamos llegar a cometer y asegurarnos de no incumplir la ley de Tráfico bajo ningún concepto. De esta manera nos aseguraremos de no tener que soltar ni un solo euro.
Las multas más caras de la DGT
Una de las multas más caras de tráfico tiene que ver con el seguro del vehículo, más bien con la falta de una póliza. No tener el correspondiente seguro contratado para el vehículo que estamos conduciendo nos costará una multa de 3.000 euros, aunque está cifra variará en función del tipo de vehículo. En el caso concreto de los turismos, la sanción será de 1.500 euros.
Otra multa que puede ascender a los 1.500 euros está relacionada con no contestar al requerimiento de la DGT cuando esta quiera identificar al conductor que ha cometido una infracción para quitarle los puntos correspondientes. En ocasiones cuando llega por correo una multa, Tráfico pide saber quién era el conductor del vehículo en el momento de cometer la infracción, para no detraer puntos al permiso equivocado. Si no damos respuesta a este requerimiento, podremos enfrentarnos a multas entre los 600 y 1.500 euros.
Multa de 6.000 euros
Hay otra multa que, desde que cambiaron la ley de Tráfico, se considera una de las más caras del listado. Aunque ya lo era de antes, ahora se han endurecido las condiciones relacionadas con esta infracción, que no es otra que la de llevar dispositivos que avisan e inhiben el efecto de los radares de velocidad.
Los inhibidores de radar siempre han sido ilegales. Tenerlos y usarlos está sancionado con multas de hasta 6.000 euros. El caso de los detectores de radares móviles, ahora está prohibido tanto usarlos como llevarlos en el vehículo, aunque no estén conectados. La multa es de mínimo 500 euros. Lo que si está permitido son los avisadores al estilo Google Maps, Waze y similares.
Multas por consumir alcohol y drogas
Otra de las infracciones que también puede resultar en una sanción superior a los 1.000 euros e incluso ser considerada como delito de seguridad vial es el consumo de alcohol y drogas mientras se conduce.
Si se supera el límite permitido de alcoholemia, la multa puede ascender a 1.000 euros, mientras que en el caso de las drogas, siempre será esa la sanción. En caso de superar los límites de 0,60 mg/l o 1,2 g/l, se estaría cometiendo un delito de seguridad vial, que conlleva una pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 6 a 12 meses.
Multas que no tienen descuento por pronto pago
En algunas de las multas de la DGT si hacemos uso del pronto pago podremos ahorrarnos parte del dinero. Esto quiere decir que si abonamos la sanción en los primeros 20 días, esta se reducirá a la mitad.
Sin embargo, algunas de las multas que nos puede aplicar la DGT no cuentan con la posibilidad de utilizar este «procedimiento sancionador abreviado». Es el caso de las infracciones graves, que son, al mismo tiempo, las más caras.
En estos tres casos, la cuantía económica de las sanciones no podrá reducirse al 50%:
- Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cualquier otro dispositivo que pueda interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.
- No identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido.
- Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado.
