Déficit fiscal 2023: un mal resultado se presenta como un éxito

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la misma que reveló datos confidenciales de un contribuyente, gravísima irregularidad aún no aclarada, presentó días atrás el resultado de las cuentas públicas de 2023. Es imposible presentar con mayor triunfalismo unos datos tan pobres.

El déficit de las Administraciones Públicas equivalió a 3,7% del PIB. Fue el 16º año consecutivo con déficit (la suma de esos déficits da 104 puntos del PIB; una media de 6,5% anual). Fue, también, el 16º año en que todos los intereses de la deuda pública se pagaron con más deuda: una conducta financiera que conduce directamente a la ruina.

El desequilibrio fiscal se redujo por tercer año consecutivo (10,1% en 2020, 6,7% en 2021 y 4,7% en 2022). Pero, ¿cómo se logró esa reducción? Aumentando los ingresos más que los gastos. Es decir, sableando al sector privado: entre 2020 y 2023, en números redondos, los recursos de las AA.PP. aumentaron € 150.000 millones (+32%), mientras que los gastos (sin contar intereses), crecieron € 81.000 millones (+15%). 

Los recursos no financieros de las AA.PP. superaron, por tercer año consecutivo, el 42% del PIB. Nunca había ocurrido en la historia de España. Nunca, ningún gobierno, tuvo tantos recursos a su disposición. Pero ni así el sanchismo-leninismo es capaz de equilibrar las cuentas. Porque lo suyo no es la gestión, ni el progreso, ni el bien común. Lo suyo es mantenerse en el poder como sea, y ese “como sea” se traduce en un creciente gasto a costa del bolsillo y la libertad del sector privado.

Como es difícil captar el significado de esas grandes cifras, doy un ejemplo: esos € 150.000 millones que el gobierno de Sánchez nos confisca de más, con relación a los niveles de confiscación de 2020, equivalen a € 8.500 anuales por cada ocupado en el sector privado. Es infantil pensar que tamaña factura la pagan solo “los ricos”: no existe tanta riqueza para una confiscación adicional semejante cada año. Esos € 150.000 millones equivalen al valor en bolsa de 16 empresas del IBEX 35: tres bancos (Sabadell, Unicaja y Bankinter), tres energéticas (Repsol, Naturgy y Solaria), cuatro empresas de construcción y servicios (ACS, Ferrovial, Sacyr y Acciona) y seis de otros sectores (Telefónica, Mapfre, IAG, Acerinox, Meliá y Rovi).

El dinero no les alcanza porque, por cuarto año consecutivo, el gasto público (sin intereses) superó el 43% del PIB. En el bienio 2022-2023, el gasto no financiero de las AA.PP. equivalió al 44,2% del PIB. Como referencia, téngase en cuenta que, durante los 13 años de gobierno de Felipe González, el mismo promedió 36,6%. La diferencia de 7,6 puntos porcentuales (44,2% menos 36,6%) equivale, en valores actuales, a unos € 110.000 millones. Pedro Sánchez gasta anualmente € 110.000 millones más que un gobierno (el de González) que ya había disparado el gasto.

Pese, entonces, a que la reducción del déficit se hizo abusando de los contribuyentes y sin contención en el gasto, la ministra Montero (la que reveló datos confidenciales) saca pecho. Saca pecho mientras aparecen casos de presuntas mordidas, comisiones, subvenciones indebidas y negligencia.

El gobierno se jacta de haber bajado la deuda pública, como proporción del PIB, desde 125,3% a 107,7% en tres años. ¿Cómo es posible, si en ese período el déficit sumó 15 puntos del PIB? Es otra forma por la cual la inflación favorece al gobierno, pero empobrece al sector privado: la subida de los precios “engorda” el PIB y reduce el valor real de la deuda pública, a tal punto, que permite tener déficit y al mismo tiempo bajar el peso de la misma. 

De no mediar la inflación del período (+14,9%), la deuda pública equivaldría a 123,8% del PIB (solo habría bajado 1,5 puntos). Los 16,1 puntos del PIB adicionales que bajó la deuda pública son una expropiación a los tenedores de títulos públicos (nuestros planes de pensiones, por ejemplo), que cobrarán sus acreencias en euros depreciados. Para evitar este tipo de estafa, promovida por el BCE, los títulos públicos deberían ajustarse según la variación del IPC. 

Los Programas de Estabilidad, que cada año se envían a Bruselas, son la mejor vara para evaluar las cuentas públicas de 2023. En el Programa de 2019, la misma ministra Montero (la que reveló datos confidenciales) prometió equilibrio fiscal para 2022. Ahora quiere que la felicitemos porque el déficit de 2024 alcance el 3%. 

Dirán que la pandemia alteró los planes. Respondo que, ya en 2022, cinco países de la UE, con la misma pandemia, tuvieron superávit fiscal (Dinamarca, Chipre, Irlanda, Suecia y Croacia), y otros seis tuvieron desequilibrios no mayores al 1% del PIB (Holanda, Portugal, Luxemburgo, Finlandia, Lituania y Estonia). 

Vergüenza ajena.