El estrés de la ministra de Hacienda solo se cura con un buen descanso

El Gobierno tiene por delante serios compromisos económicos en los próximos seis meses, aunque da señales de que no le preocupan ni le ocupan, a pesar de su importancia crítica para los ciudadanos. Por un lado, se ha saltado a la torera la exigencia constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente año. La idea que ha lanzado el Ejecutivo, y algunos han hecho propia, de que basta con prorrogar los presupuestos del año anterior es rotundamente falsa.

La Constitución prevé la prórroga automática de los presupuestos anteriores «hasta la aprobación de los nuevos», lo que en absoluto elimina la exigencia de presentar unos nuevos presupuestos a lo largo del ejercicio (Art. 134.3 CE). La interpretación pro domo sua del Gobierno nos lleva al absurdo de que los próximos PGE los podría presentar cuando le dé la gana, ya que la fecha para presentarlos depende de la expiración del presupuesto anterior. Esa expiración no es posible porque no hay tal Presupuesto.

Nos hemos acostumbrado a los tejemanejes de este Gobierno, dueño y señor del decreto ley, pero en Bruselas se hila mucho más fino. Y también en septiembre el Ejecutivo, como todos los europeos y muy especialmente los de la zona euro, debe presentar, sin triquiñuelas ni aplazamientos, sus programas presupuestarios a cuatro o siete años, que es lo que exige el acuerdo para el restablecimiento de las normas fiscales europeas.

La pregunta surge de manera irreprimible. ¿Si la señora ministra de Hacienda ha sido incapaz de hacer unos presupuestos para este año, cómo se las va a arreglar para hacer los PGE de 2025 y los programas presupuestarios a cuatro o siete años que nos pide la UE antes de que acabe septiembre?

Uno de los problemas de este Gobierno es su extraña composición y su aún más estrafalario reparto de funciones. Hay ministros que pueden seguir siéndolo con mirar por la ventana de su despacho. Otros tienen sobre sus espaldas no ya un ministerio tradicional, sino dos ministerios separados. Y en el colmo de la torpeza y de su justificada desconfianza, el señor Sánchez une en una misma persona la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Hacienda y la vicesecretaría general de este PSOE.

Por si le faltaba poco a la estresada ministra, los socios independentistas del Gobierno (con estos amigos, para qué quiere uno enemigos) le someten a un cerco feroz para que cometa el error irreversible de aceptar una negociación sobre la financiación de un sistema de cupo particular para Cataluña. (Los excesos verbales y gestuales de la señora Montero quizás son producto del surmenage implacable al que la someten su jefe y sus pedigüeños irredentos).

Tengo la sensación de que a la señora Montero, en estos momentos, le ocupa y preocupa más la batalla política en la que ha involucrado a funcionarios, que tienen el deber constitucional «de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones», que los numerosos atascos de su Departamento. O dicho de otra manera, que le interesa y divierte más la vicesecretaría general de este PSOE que el Ministerio.

Es por esta razón (además de la amistad que les une) por la que el señor Sánchez debería descargar de tanta responsabilidad a la señora Montero y nombrar a alguien para el Ministerio de Hacienda, sin otras responsabilidades y compromisos. No lo digo por compasión. Lo digo por una cuestión práctica

En septiembre, con proyecto o sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, nos pedirán desde Bruselas que les contemos qué vamos a hacer con el déficit público y con la deuda pública. ¿Qué credibilidad vamos merecer si no hemos sido capaces de hacer un Presupuesto para 2024? En septiembre, sin el manto protector del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni, el Gobierno español corre el enorme riesgo de que Europa no crea sus fabulaciones, se cabree y tome el timón de nuestra economía.

Y entonces, nos vamos a enterar.