Teresa Ribera se cae del guindo
«Es difícilmente explicable que se caiga del guindo ahora, hablando de la necesidad de reinvertir todo lo posible en la transición energética»
Teresa Ribera, ministra para la Transición Energética.
En democracias formales, y la nuestra lo es todavía, el mayor poder coercitivo lo ejercen los ministros de Hacienda. La peculiaridad del modelo fiscal español se basa, no necesariamente por este orden, en la arbitrariedad, en la inestabilidad y en la inseguridad. Y añadiría una cuarta característica que se va abriendo camino con celeridad, que es la complejidad administrativa derivada del proceso autonómico iniciado con la aprobación de la Constitución vigente.
Tenemos un ejemplo clamoroso al que acudir en materia de arbitrariedad. El Gobierno central creó dos prestaciones patrimoniales públicas no tributarias con carácter temporal: el gravamen temporal energético y el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Estarán vigentes este año y el próximo y se evaluará al final de este periodo la conveniencia de su permanencia.
La estrambótica definición de estas figuras las excluye del ámbito de relación jurídica-tributaria y las traslada a lo que sería una norma de política económica general, aunque la gestión, la persecución y el control, se atribuye a la Agencia Tributaria y las eventuales sanciones se rigen por la Ley General Tributaria. Hablando claro, el Gobierno dice que tiene pico como un pato, plumas de pato y andares de pato, pero no es un pato.
Pues bien, doña Teresa Ribera, vicepresidenta tercera (en lo sucesivo V-III) declara que quizás los beneficios extraordinarios que supuestamente motivaron el gravamen temporal, ya no sean beneficios extraordinarios, sino «otra cosa». Lo que olvidó la ministra es que no gravaron los beneficios, sino la facturación.
«Hemos pasado, sin solución de continuidad, de la arbitrariedad a la inestabilidad crónica y a la inseguridad que atañe ya no solo a esas figuras no tributarias de las que hablábamos, sino al entero sistema fiscal español»
En su solapada rectificación, V-III nos cuenta ahora lo que las empresas llevan advirtiéndole desde antes de que las famosas prestaciones patrimoniales existieran: «Que es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético». Y luego, claro, añade la moralina gubernamental de que si hay beneficios extraordinarios veamos como se puede contribuir para evitar que unos ganen mucho y otros paguen más. O sea, que el gravamen que parecía un pato, acabará siendo un pato, o sea, un impuesto comme il faut.
Otra arbitrariedad flagrante ha sido el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas al que, en ningún caso, se le puede atribuir la piadosa decisión del Tribunal Constitucional, en el caso de las energéticas y los bancos. Aquí estamos hablando de una batalla ideológica entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas que han eliminado de facto el Impuesto sobre el Patrimonio (una figura que también nació como temporal y ahí sigue). Por si fuera poca la complejidad administrativa-fiscal nacional y autonómica, resulta paralizante añadir la pugna ideológica y personalista al tablero.
Hemos pasado, sin solución de continuidad, de la arbitrariedad a la inestabilidad crónica y a la inseguridad que atañe ya no solo a esas figuras no tributarias de las que hablábamos, sino al entero sistema fiscal español, en el que se puede obtener un descabellado incremento de ingresos tributarios con el simple hecho de mirar para otro lado y no deflactar la tarifa del IRPF. O condonar deuda a una comunidad autónoma que tiene nada menos que quince impuestos propios.
Es difícilmente explicable que alguien, la V-III por ejemplo, se caiga del guindo ahora, hablando de la necesidad de reinvertir todo lo posible en la transición energética. Le ha faltado aludir a que en las familias y en las empresas hay que tirar hasta donde se pueda de los recursos propios dado que los tipos de interés han sufrido un severo incremento. Sustraer recursos a familias y empresas cuando el Gobierno está dando muestra de incapacidad para gestionar los fondos europeos (esos sí caídos del cielo) nos convierte en una extravagancia de país.
Una extravagancia muy cara.
