Belarra quiere cerrar periódicos
«Esta señora quiere imponer una dictadura atroz y por ello es preciso enchironarla a la mayor brevedad posible»
Ione Belarra. | Agencias
Alucina, vecina. El pasote llega a los cielos. La cultura de la cancelación lo es ya de la destrucción. Los polarizados rechazan enemigos y adversarios, quieren muertos. Solo un mensaje, sin crítica, y entre las gradas aplausos y mucho mogollón diciendo sí con la cabeza. Belarra lleva a la Cámara baja un plan, boceto de ley, para controlar y señalar a periodistas, medios de comunicación, empresarios del sector, accionistas, empleados y todo el que pase por ahí, ocasionalmente, a vender cacahuetes, helados o traer un paquete con vituallas de Glovo. La producción y difusión de contenidos debe pasar el corte de Belarra. Alucina, vecina. Siglo XXI. Vaya flipe. Una ley de señalamiento y paredón express.
Los papelajos de Belarra son claros: la norma reclamará responsabilidades, bien económicas o editoriales, con todo aquel que no aplauda y navegue a corriente, río arriba. La norma reclama escrutinio público de los contenidos y exige fiscalización de todo aquel que esté en la picota: cuánta pasta tiene, cuántas propiedades, cuánto gana aquí y allá, cuánto gasta en el mercado, qué come y bebe. El regalo va con lazo trenzado: la ley llama a la necesidad de conocer los intereses económicos de las personas que desempeñan funciones de dirección, administración o creación de contenidos en estos medios, de manera análoga a como sucede con los altos cargos de la Administración. Todos deben hacer una declaración de intereses que, sospechamos, acabará en declaración de bienes, donde todas las participaciones en cualquier tipo de sociedad debe ir pareja a la actividad desarrollada por la misma y, si sus acciones superan el diez por ciento, deben airearse todos los contratos que dichas empresas firmaron o no con la Administración. El ojo del Gran Hermano vigilará en alcobas y despachos, cuchitriles y barras mojadas, calles desiertas y madrugadas con las claritas del alba junto a las primeras farolas. El personal deberá contar si recibe más de un ingreso por parte de los medios de comunicación y cuántos en total. El Ministerio de Presidencia ofrecerá publicidad y acceso a todas las listas. Los bienes patrimoniales deben recitarse en verso y prosa, sin pausas ni prisas, al natural.
Alucina, vecina. El pasote lleva a un estado intervencionista en todo el monedero del currito de la prensa, del jefe al último mono, del dueño al que pasa la escoba y la gamuza. Lo acojonante, sí, es que el dogal es idéntico para el último escalafón, obreros y colaboradores de la palabra hablada, escrita, audiovisual, digital y hasta privada, del tú a tú donde nosotros también escucharemos al macró o chulo de barra ocasional. Belarra lo dijo en La Hora de TVE, sin despeinarse, sin parpadear, sin arrebolarse ni quebrarse la voz: “Quiero saber qué intereses económicos tienen Antonio García Ferreras o Pablo Motos”. La hostia. Mete miedo el duelo. Una ministra que habla de controlar o vigilar los intereses, en plena democracia y libertad, de un empresario que arriesga su capital y crea empleo, pero que ahora parece cuanto menos sometido a un Gran Hermano tipo al de la novelita de Orwell, que a su vez premia y castiga, permite y niega. ¿Pero qué coño es esto? También habla, sin bajar el tono, de revisar licencias en TDT y señal radiofónica, y peinar todas las mañanas con la lupa del día a titulares de medios de prensa escrita o digitales de información general y, reincide, en todo aquel accionista con más del diez por ciento en cartera de paquete accionarial. La poética final suena a cuento: todo para combatir bulos y noticias falsas.
Belarra descarrila, mientras su partido se disuelve, su periódico acabó en ruina (Última hora) e incluso Roures dejó de prestar el caballete y los pinceles a Iglesias, su jefe, porque salía carísimo. Belarra y su proposición de ley roza los regímenes totalitarios (Cuba, Venezuela, etc) donde el periodismo es propaganda. Eso de fichar a accionistas es para meterla en la cárcel. Eso de entrar en las cuentas de presentadores de medios de comunicación es para denunciarlo en la Europa jurídica más dura y feroz. Eso de querer saber los ahorros y despilfarros de los curritos de la prensa es para que el Rey tome partido. La receta del convento para los dulces es simple y no puede ser más peligrosa: “Amarrar a los jueces y cerrar periódicos”. Estamos, por ahí, a un paso del precipicio donde la democracia real peligra.
Habla Belarra de la falta de pluralidad, de la falta de transparencia en las propiedades de los medios, de la impunidad de los bulos. Lo dice a ráfagas y mordiscos, pero quiere también regular la propiedad de un medio de comunicación privado, a partes iguales con Papá Estado. El queso del espacio audiovisual cortado por ella en tres trocitos iguales: medios públicos, medios privados, medios comunitarios (regla de los tres tercios). Ningún otro capital ajeno (banco, fondo de inversión, empresa) en dicho cotarro. Arriba del todo de la pirámide, la mesa de todos los Grandes Hermanos, el llamado: Consejo del Derecho a la Información. Los encargados de poner sanciones. Los encargados de repartir la publicidad institucional. Los encargados de medir el accionariado en las empresas. Los encargados de dictar la multa a los perjudicados o victimas por bulos. La intervención, brutal y salvaje, a cara de perro, en todos los medios privados. Esta señora quiere imponer una dictadura atroz y por ello es preciso enchironarla a la mayor brevedad posible.
