Un millar de eutanasias después

Da un poco de pudor poner nombre, apellido y foto a esta joven catalana, de 25 años, que ha visto cumplida más de 600 días después la eutanasia que había solicitado contra la postura del padre, con quien apenas tenía contacto, y de una asociación de abogados cristianos, que frenaron y lucharon hasta el último minuto por el visto bueno, en 2022, de un informe médico y pronunciamiento judicial conforme a la LORE (Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia) en vigor en España desde junio de 2021. Una norma, por cierto, bastante garantista, pero mucho más restrictiva que la de naciones de nuestro entorno como Países Bajos y Bélgica. Llegaron hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Que me dejen morir en paz, porque no puedo más», se sinceró días antes en un programa de éxito de una cadena de televisión.

Siempre quedará la duda de si se sintió forzada a recurrir a ese medio de comunicación para publicitar su caso como un gesto de desconfianza e impotencia ante la batalla sin cuartel del padre y la asociación cristiana, que recurrieron —lógico, por otra parte— a todas las instancias posibles. Retrasaron casi dos años la aceptación de los tres filtros que establece la LORE: un primer informe de un médico, un segundo de otro facultativo sin conocimiento del solicitante y un tercero y final de una comisión de médicos, juristas y expertos en bioética. Todo ello con gran quebranto psíquico de la solicitante. ¿Puede un familiar, un padre o una madre, frenar el deseo de un hijo o una hija de una muerte asistida? Esa laguna jurídica que existe en la ley va a tratar de resolverla dictando jurisprudencia el Tribunal Supremo el próximo mayo.

Seguramente esta muchacha no hubiese querido el ruido mediático y el debate social que suscitó su decisión. Hubiese preferido haber fallecido, como era su deseo, de un modo silencioso y digno. En la soledad de su habitación en el centro de acogida con la asistencia médica y sin la presencia de la familia, como así ocurrió. Sin embargo, todo se disparó en los últimos meses por la resistencia del padre o el aprovechamiento político de personas como Santiago Abascal, el líder de Vox, quien ya ha acusado al Gobierno de ser responsable del fallecimiento por haber sido supuestamente violada por un grupo de menas (menores extranjeros no acompañados) en el centro de acogida donde residía, cuando, según su propia confesión, el acoso y la presunta violación sucedieron en una discoteca por tres jóvenes. Sucedió días antes de que intentara suicidarse, en 2022, desde una quinta planta. No lo denunció porque su cabeza en ese momento estaba muy lejos de las normas sociales y no hallaba razones para seguir viviendo. El resultado de todo el drama ya es sabido. El intento causó la parálisis de sus extremidades inferiores, afectó a su médula espinal y la dejó prácticamente en silla de ruedas y con dolores físicos y psíquicos muy fuertes. Su nivel de discapacidad llegó a un 75%, porque, además, se agravaron sus problemas psicológicos anteriores: trastorno límite de personalidad, paranoias, ideas suicidas y depresión.

En su momento, no hubiese llamado la atención que una veinteañera, en un acto de depresión profunda y extrema desesperación, se hubiese quitado la vida arrojándose al vacío desde un balcón. Tal vez motivos no le faltaban, a juzgar por el cuadro psíquico que mostraba, viniendo de una familia de extracción bastante humilde, desestructurada, con padre y madre separados cuando ella tenía apenas 13 años. Habría sido un número más en la lista de suicidios en este país. Quizá un par de líneas por aquello de que había tenido mala suerte por no lograr su deseo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 3953 personas murieron por suicidio en 2024 en España. Un descenso en comparación con años anteriores. Sin embargo, ha aumentado en la población juvenil. El número de muertes por suicidio en adolescentes menores de 20 años alcanzó los 90 en 2024, la cifra más alta para este segmento desde el 2000. 

¿Y en el caso de recurrir a la ley de eutanasia? Según datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente, más de 2.400 personas se acogieron a la LORE desde 2021 a 2024, pero se aceptó a menos de la mitad (1.100). La mayor parte eran ancianos con enfermedades terminales o casi terminales. La barcelonesa es la tercera española más joven en recibir una muerte asistida desde la aprobación de la ley. En 2024 hubo una decena de casos de menores de 30 años.

Casos como este reabren no pocas vías de debate, algunas estériles, otras complejas desde el punto de vista de la ética, pero todas parecen olvidar la premisa de que quienes recurren a la muerte asistida no lo hacen por capricho, por debilidad o porque no han sabido o podido solucionar su problema de no querer sufrir más y, en definitiva, de no desear vivir más. Son situaciones de soledad infinita, de dolor grande y nula esperanza.

Es absurdo cargar culpas al Estado, la sociedad o la propia familia. No es solo el origen social de los peticionarios. Son pocos en nuestro país los que al final cambian de opinión y se echan para atrás. En el debate entra, por supuesto, la enfermedad, pero también las emociones, el estado anímico y las patologías psíquicas. No se debería olvidar que, por encima de ideologías o creencias religiosas, habría que aceptar el principio ético según el cual el individuo es el único dueño de su cuerpo y de su mente y tiene el derecho y la libertad a interrumpir su existencia respetando la ley. No es al revés, que sean la sociedad o la familia quienes lo impidan. Los límites los marca la legislación en esta acción como en el resto de acciones humanas.

En principio, la vigente normativa española se centra más en la población mayor, que recurre a ese extremo por causa de una enfermedad irreversible o casi, y por el dolor que todo ello comporta sin atisbar una recuperación. La LORE no debería ser considerada una única vía de escape físico resultado de una enfermedad. 

No se da luz verde a leyes como la del aborto o la eutanasia como una especie de barra libre, como sostienen sus detractores. En el caso de la primera, no anima a interrumpir el embarazo por puro capricho o egoísmo, sino en determinadas circunstancias que afecten a la salud física y psíquica de la mujer. E igualmente en la de la eutanasia no es un facilitador para acelerar la muerte. Si se llega a ello, si se solicita, es porque quien lo busca ya no puede más, sin importar la edad.

La muerte de esta joven trae a la mente el caso dramático de Ramón Sampedro, tetrapléjico desde hacía casi 30 años por una caída al zambullirse en el mar. Tuvo que poner fin a su vida clandestinamente en 1998 con ayuda de amigos. O el de esa funcionaria madrileña, enferma terminal de esclerosis múltiple, a la que su marido ayudó a morir en 2019. Grabó sus últimas palabras salvo el momento de la muerte, al igual que sucedió con Sampedro. En el caso de este, encontró la resistencia de su familia, salvo la de un sobrino. Todo ello quedó maravillosamente reflejado en Mar adentro, la película de Alejandro Amenábar ganadora de un Óscar en 2005. El de la funcionaria fue muy cruel. El esposo fue acusado en un principio de violencia de género y más tarde de cooperar al suicidio de su mujer. Todo ello quedó archivado dos años más tarde, coincidiendo con la promulgación de la LORE.

Debe de ser muy duro vivir en sufrimiento, pero igualmente morir debido a la vida.