Sanidad tenía 600 millones de mascarillas cuando aprobó el megacontrato de Illa
La dotación de la reserva era tan grande que ni el ministerio ni las comunidades hicieron uso del acuerdo marco
La Reserva Estratégica Nacional, constituida por el Ingesa al inicio de la pandemia para gestionar el reparto de material sanitario, contaba con casi 600 millones de mascarillas justo cuando entró el vigor el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que el entonces responsable del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 con el supuesto objetivo de intentar poner orden y centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas y ministerios.
En una respuesta del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a través del Portal de Transparencia, tras una pregunta de este medio, se indica que cuando entró en vigor el Acuerdo Marco, la reserva covid-19 contaba con casi 600 millones de mascarillas: 513.700.081 quirúrgicas y 65.061.086 FFP2. Además, del documento, firmado por la directora del Ingesa, Belén Hernando Galán, se desprende que esta reserva también contaba con 1.989.005 batas/buzos, 419.735 gafas, 102.953 geles hidroalcohólicos, 5.333.000 guantes, 39.000 kits test covid, 10 productores de oxígeno, 937.200 hisopos, 1.340 respiradores, 1.525.950 test anticuerpos y 4.560.755 test antígenos.
Sanidad reconoció que el departamento de Illa nunca usó el megacontrato porque ya se había abastecido a dedo antes, como adelantó THE OBJECTIVE. Ahora, esta nueva información viene a confirmar que cuando salió el acuerdo marco no había escasez de mascarillas en aquellos momentos, ya que la reserva contaba con millones de unidades en stock compradas mediante contratos de emergencia (con un sobreprecio de 0,38 euros) y por eso casi ninguna administración hizo uso del megacontrato (ni el Ingesa ni las comunidades autónomas hicieron uso de él. Según los cálculos de empresas del sector, apenas se ejecutó un 6% del total de los 2.500 millones de euros del acuerdo marco). De hecho, como contó en exclusiva este medio, 156 millones de estas mascarillas han caducado al no haberle podido dar salida alguna.
Material del Ingesa antes del megacontrato
De esta forma, la dotación inicial de la Reserva Estratégica era tan grande que no solo hizo innecesario que se volviera a dotar durante la ejecución del Acuerdo Marco, sino que además se utilizó para suministrar material sanitario a gran parte de las entidades adheridas, comunidades autónomas y ministerios del Gobierno central, haciendo también innecesario que éstas adquirieran nuevo material y, por tanto, provocaron el fracaso del megacontrato de Illa.
Entre las pruebas admitidas por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional tras una demanda de una de las empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco, la Consejería de Salud de Aragón informó por correo electrónico que apenas estaban utilizando el contrato porque el Ingesa les seguía suministrando mascarillas de manera constante. «Dado que el material 976 nos lo sigue suministrando el Ingesa y tenemos stock para cubrir tres meses, no estimamos realizar ningún pedido en este año», señalaba el responsable de la Consejería el 4 de noviembre de 2022.
En este sentido, según se desprende también de la respuesta del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a través del Portal de Transparencia, el material comprado por el Ingesa antes de la entrada en vigor del acuerdo marco y que fue distribuido a las comunidades autónomas, asciende a: 60.204.662 de mascarillas FFP2, 3.020.354 de mascarillas FFP3 y 174.446.200 de mascarillas quirúrgicas. Además, también compró miles de batas, buzos, gafas, y guantes, así como respiradores y test de anticuerpos y antígenos. «Parte de ese material se distribuyó a las Comunidades Autónomas según las necesidades solicitadas por ellas, y parte se quedó para dotar la reserva covid-19», reconoce la actual directora del Ingesa, Belén Hernando, en el escrito.
Abuso de las adjudicaciones a dedo
Esta situación dejó en la estacada a decenas de empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco que siguen sin haber utilizado ni distribuido sus mascarillas cuatro años después del estallido de la pandemia. A pesar de cumplir con los requisitos, estas empresas quedaron, según la demanda que estudia la Audiencia Nacional, en una situación de indefensión al haber tenido que acometer inversiones muy importantes en instalaciones, logística y material previamente adquirido a sus proveedores. Kaelis fue una de las compañías seleccionadas en uno de los distintos lotes que formaban el acuerdo marco de Illa pero, según su demanda, acabó perdiendo 2,6 millones de euros invertidos porque ninguna administración le acabó comprando sus productos.
De esta forma, el abuso de las adjudicaciones a dedo al inicio de la pandemia y los retrasos en el suministro de misteriosos proveedores investigados por la Justicia en distintas causas, como los casos Koldo y Hong-Kong Travis Asia, podrían estar detrás del fiasco del megacontrato sanitario de Illa. Así, estos 600 millones de mascarillas almacenados en la Reserva Estratégica Nacional justo cuando entró en vigor el acuerdo marco podrían ser un dato clave para una futura demanda por presunta estafa o fraude contra Sanidad a la que se podrían adherir otras de las compañías.