Las regiones tumban el plan de salud mental de Sanidad rechazado también por los psiquiatras

Las comunidades autónomas tumban el Plan de Acción sobre salud mental elaborado por el Ministerio de Sanidad por mayoría absoluta y tras las el rechazado del mismo por las sociedades científicas, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento, así como a una disminución en el número de profesionales, entre otras cuestiones. Así lo han confirmado a este medio desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tras la reunión del Consejo Interterritorial. No obstante, el Plan de Acción a nivel nacional para la prevención del suicidio sí ha salido adelante.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, solo Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra han apoyado el citado plan sobre salud mental, que aboga por una «humanización» del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor «prescripción social» a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil. No obstante, el documento, para sorpresa de las sociedades científicas, propone disminuir en un 10% el número de profesionales de salud mental.

Así lo denuncian desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), que en una carta enviada a la comisaria de Salud Mental del Ministerio, Belén González, señalan: «En la única línea sobre el aumento de profesionales, no sólo no
se produce este incremento, si no que el indicador que promueven (90%) supone un decremento del 10% en estos profesionales, toda vez que este último año se ha ofertado el 100 % de las plazas de psiquiatría infanto-juvenil, el 98% de las de psiquiatría y el 99% de psicología clínica». Desde la Sepsm solicitan así eliminar a sus representantes del documento final al no sentirse representados.

Esta cuestión también ha sido denunciada por la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (Aepnya): «Es prioritario dotar el 100% de las plazas de profesionales acreditadas y evaluar las necesidades de profesionales. En este documento no se refleja que actualmente se están dotando el 100 % de las plazas que se acreditan. El Plan establece el indicador de cubrir al 90 % las plazas, lo que supone de facto permitir reducir las plazas de recursos humanos. Cumplir el objetivo sin más sería un retroceso en lugar de un avance respecto a la situación actual. Creemos que debería plantearse el objetivo de que el 100 % de las plazas acreditadas para la formación de personal se doten presupuestariamente», indican en una misiva enviada al departamento de Mónica García, también consultada por este medio.

Ambas sociedades, junto con el Consejo General de Psiquiatría de España también apuntan que el borrador del texto final nunca fue remitido a estas entidades para consulta pública y poder realizar las aportaciones necesarias, con lo cual manifiestan «su total desacuerdo con el mismo». Además, señalan que se sigue apelando a «una realidad asistencial de hace décadas», cuando se inició el proceso de desinstitucionalización «tan celebrado por los profesionales que trabajamos en el campo». De esta forma, aseguran que algunos de los objetivos planteados ya están en marcha y lo que falta «son recursos para que se pueda culminar su realización», como la potenciación de la salud mental o la desinstitucionalización.

«Actualmente, por desgracia, muchos de los pacientes con trastorno mental grave están institucionalizados en sus domicilios, a cargo de sus padres, o en la calle, por falta de recursos alternativos, en lugar de tener más oportunidades de las existentes de participar de la sociedad con apoyos y acudiendo a recursos comunitarios de apoyo y atención, o incluso con alternativas residenciales que no supongan una exclusión de la comunidad», explican en su misiva desde Aepnya, que agregan que, de la misma manera, «se insiste en impulsar alternativas a la contención mecánica, estableciendo como indicador la realización de guías y su difusión, cuando ya existen múltiples guías y lo que hace falta es la formación y capacitación y, ante todo, los recursos humanos necesarios para poder implementar las alternativas».

Además, las tres instituciones solicitan la sustitución del término «desprescripción» por «uso racional de psicofármacos». «Hemos podido comprobar que en el documento final se mantiene el término inicial, con el consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo», señalan desde la Sepsm.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ve «incomprensible» que el PP «en contra del criterio de sus propios técnicos», haya votado en contra de este documento. Además, García asegura que en el texto no se contempla la reducción en el número de profesionales de la salud mental, desmintiendo así a las sociedades científicas, y apelando a su argumento más recurrido en las últimas semanas: «A veces la gente tiene problemas de comprensión lectora».