El TC aplaza la decisión sobre el recurso contra la investidura de Puigdemont

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad dar al Gobierno de Mariano Rajoy, al Parlamento de Cataluña y a las demás partes personadas un plazo de 10 días para que se pronuncien sobre la posible pérdida de objeto del procedimiento sobre la investidura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, informa el TC en un comunicado. El Tribunal Constitucional ha decidido abrir este plazo como consecuencia de la publicación, este mismo martes, en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, de sendas resoluciones del Presidente del Parlamento de Cataluña que han dejado sin efecto las dos que fueron recurridas. Así, el TC ha aplazado tomar una decisión que se esperaba para este martes.

En concreto, se trata de una resolución fechada el 5 de marzo con la que el Presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, designa como candidato a presidir la Generalitat a Jordi Sánchez y una segunda resolución, dictada este martes, que fija para el próximo lunes, 12 de marzo, la celebración del debate de investidura en la Cámara autonómica.

El Tribunal acuerda, asimismo, mantener las medidas cautelares dictadas el pasado 27 de enero mientras se decide si se ha producido o no la pérdida de objeto del procedimiento. El auto dictado en esa ocasión, y confirmado por el propio Pleno del Tribunal el día 30 de enero, suspendió cautelarmente las resoluciones dirigidas a investir a Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat, pero, posteriormente, el propio Puigdemont renunció «provisionalmente» a ser investido.

Asimismo, aquel auto del TC advertía de que la eventual investidura de Puigdemont no podría llevarse a cabo ni a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario y que, en todo caso, debía contar con autorización judicial si, llegado el momento, el candidato hubiera seguido bajo orden de busca y captura. El Tribunal también prohibía delegar el voto en otros parlamentarios a los miembros de la Cámara autonómica sobre los que pesara orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.