España da los primeros pasos para blindarse contra el yihadismo con el registro de pasajeros

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica sobre registro de pasajeros, una herramienta que permitirá cruzar los datos de millones de viajeros con las bases de datos policiales a fin de controlar los movimientos y entradas en territorio europeo de posibles sospechosos terroristas. Así da los primeros pasos para blindar sus fronteras contra el yihadismo.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo trata de trasponer al ordenamiento jurídico la directiva comunitaria que el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2016 y que obligará a las aerolíneas a dar a las autoridades de cada país tanto los datos de los pasajeros como de la tripulación y de cualquier otra persona que viaje a bordo de la aeronave, con origen o destino en la UE. El objetivo no es otro que intercambiarlos con otros estados miembros, terceros estados y Europol para prevenir, detectar e investigar posibles actos terroristas y grupos de crimen organizado, informa Efe.

Los datos incluyen información personal como son el nombre de los pasajeros, fecha de vuelo, itinerario, asientos, equipaje, información de contacto, agencia y comprenden todos los vuelos de entrada, salida o que hagan escala en España.

El registro garantizará la protección de datos de carácter personal y estará bajo la tutela de la Unidad de Información de Pasajeros, dependiente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que está integrada por 250 agentes de policía y guardia civil. Un sistema informático tratará estos datos, que serán cruzados con las bases policiales del CITCO y quedarán almacenados durante seis meses, según explicó hace dos semanas el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Pasado ese tiempo los datos «pasarán a opaco y en cinco años se borrarán», añadió el ministro, que indicó que todo el sistema será vigilado periódicamente por la Agencia de Protección de Datos. El titular de Interior considera que un registro como el PNR habría permitido identificar los movimientos del imán de Ripoll (Girona), cerebro de la célula que atentó en Cataluña el pasado verano.

Las autoridades competentes para solicitar o recibir dichos datos serán la Policía Nacional, la Guardia Civil, la DAVA, los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal y las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco. El anteproyecto de Ley pasa ahora al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen.