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¿Tiene límites la libertad de expresión? Respuesta corta: no

Miguel Ángel Quintana Paz

Muchos me han reprochado un tono excesivamente ditirámbico en mi artículo En defensa de la libertad de expresión hace quince días aquí en The Objective. Abogar en pro de esa libertad está bien, vienen a decirme, pero ¿qué hay de sus razonables limitaciones? “Toda libertad tiene límites”, “tu libertad acaba donde empieza la mía”, “está bien la libertad, pero no el libertinaje” y otros cuantos proverbios de similar jaez solían acompañar tan amables amonestaciones.

Como firme partidario de la libertad de expresión, agradezco que la gente haga uso de ella justo para lo que ese artículo (y Stuart Mill) defendían: para ayudarnos a avanzar en el conocimiento. Pues es cierto que en ese artículo omití la espinosa cuestión de qué límites legítimos podrían imponerse a la libertad de expresión. Y es cierto también que ahí se juega gran parte de este asunto. Pocos hoy en día se atreven a condenar de plano tal libertad; ¡ah!, pero a la hora de definir sus presuntamente razonables límites pueden a menudo dejarla tan recortada como una mujer tras pasar por manos de Jack el Destripador. (Y Jack también pensaba que eso era lo razonable).

Ahora bien, si no abordé el problema de los límites de la libertad de expresión en aquel texto es por lo que el título de este explicita: porque creo que no existen. Uno tiene derecho a dejar que fluyan sus ideas sin importar lo tremendamente feotas que nos parezcan a los demás. De hecho, las ideas más originales son justo aquellas que nadie se ha atrevido a pensar antes, a menudo porque la presión social nos lo impedía. Sería absurdo usar esa presión social, con sus ofendiditos y escandalizaditos, para coartar tales ideas y el progreso que pudieran proporcionarnos (ya sea al apoyarlas, ya sea al aprender a rebatirlas).

Esto parece especialmente importante recordarlo hoy, en que tantos límites espurios se intenta imponer a esta libertad. No ya, por supuesto y como siempre, en los países autoritarios, sino en medio de nuestro democrático Occidente; y no solo por parte del poderoso Estado, sino de más y más gente que se une a la batalla contra la libertad de expresarse… de los demás.

Gente como los directivos de Google, que acaban de despedir a un biólogo, James Damore, por expresar ideas científicas que no les gustan.

O como los universitarios de Middlebury, que atacan al politólogo Charles Murray mientras este intentaba dar una conferencia que al final debió cancelar (y, de paso, le tuercen el cuello a un profesor que le acompañaba pero, curiosamente, era el encargado de oponérsele en el debate).

O como el Estado canadiense, que corta toda financiación científica al psicólogo Jordan Peterson, antiguo profesor de Harvard, justo cuando este cobra fama por opinar contra el proyecto gubernamental de multar a quien no use con cada persona el apelativo que esta elija entre los más de 70 géneros que hoy Facebook reconoce.

O como los casos que semana tras semana reporta The Heterodox Academy, asociación fundada en EE. UU. por Jonathan Haidt, preocupado por la creciente dificultad para expresar en sus universidades ideas que no coincidan con las de la mayoría (en varias disciplinas, el profesorado se adscribe en un 95 % a la izquierda). Una reciente encuesta de esta organización, por ejemplo, apunta a que los estudiantes conservadores y centristas sienten a menudo auténtico pavor a que los profesores les penalicen por dar sus verdaderas opiniones en clase, a diferencia de los izquierdistas: algo que sin duda impide que la universidad sea el espacio de libre debate que debería ser.

En medio de tan umbroso panorama, no viene mal empezar por un contundente “no” ante la pregunta de si estamos legitimados para, repletos de bondad, censurar las opiniones que nos disgustan. Ahora bien, seguramente al lector le están viniendo a las mientes casos en que sí le parece razonable prohibir que se digan ciertas cosas: por ejemplo, negarle el derecho a un gracioso a gritar “¡Fuego!” en un teatro repleto para provocar una aglomeración y, posiblemente, muertos y heridos en la estampida (el ejemplo es del propio John Stuart Mill). O prohibir que un mafioso entre en mi negocio y me explique que, si no le pago cierta cuota mensual, tiene la opinión de que muy probablemente los cristales de mi escaparate se quebrarán pronto (y quizá mi familia sufra algún quebranto más). O impedir que, ante una airada multitud que protesta por el problema X, su cabecilla grite desde el estrado que el culpable de su problema X es un señor que entonces pasaba por allí, y anime a los concurrentes a darle al malhadado el palizón que se merece.

En efecto, en todos esos ejemplos (y varios más) sí que resultaría razonable prohibir al gracioso, al mafioso y al cabecilla que hagan lo que hacen; y castigarlos por su comportamiento. ¿Va esto en contra de lo que he dicho sobre los no-límites de la libertad de expresión? No, porque en todos esos casos no estamos en realidad ante la libre expresión de ideas por parte del graciosillo, del mafioso y del cabecilla. Para aclarar esto un poco más, debo explicarle al lector algunas nociones básicas de filosofía del lenguaje; pero prometo que seré lo más breve posible.

Veamos: el lenguaje sin duda sirve para expresar ideas, y es ahí donde debe fluir carente de límite alguno, sin importar lo muy bondadoso que se nos presente el limitador (que, por cierto, siempre se nos presenta de manera bondadosa, ya sea nombre de la moral, la religión, los Derechos Humanos, la fraternidad universal o la defensa de los débiles). Pero el lenguaje no solo sirve para eso. Como diría uno de los principales filósofos del siglo XX, J. L. Austin, el lenguaje también sirve para “hacer cosas con palabras”.

Creo que con un ejemplo se entenderá mejor esto. Cuando yo le prometo a alguien que mañana iré a instalarle internet en su casa para que pueda disfrutar de The Objective, no solo estoy expresándole una opinión sobre el mundo. Estoy también haciendo algo: comprometerme a ir. Eso que hago (mi compromiso) suena a una buena acción en el caso que acabo de poner (al fin y al cabo, gracias a mí podrá mañana leer nada menos que The Objective).

Pero también podría ser una mala acción. Fijémonos en el caso que adujimos antes del mafioso: cuando él viene a decirme que o le pago o mañana mi escaparate estará roto, tampoco está solo expresando ideas sobre el mundo (como haría, por ejemplo, una pitonisa o un meteorólogo que predijeran que mañana una granizada romperá mi cristal). En realidad, está haciendo algo con sus palabras: está amenazándome. Prohibir sus amenazas no sería, pues, limitar su libertad de expresión: sería limitar su capacidad de hacer otra de las cosas que se puede hacer con el lenguaje, aparte de expresar ideas: amenazar.

J.L. Austin estaba convencido de que muchos de nuestros problemas filosóficos venían de que no habíamos aprendido a distinguir entre estas dos funciones del lenguaje: una para constatar hechos u opiniones sobre el mundo, otra para hacer cosas en el mundo (Austin llamó a esta segunda función “performativa”). De similar manera, creo que muchas dificultades para entender la libertad de expresión provienen también de ahí, de no distinguir entre expresar ideas y hacer otras cosas con el lenguaje: algunas de ellas, perfectamente censurables.

Así, es fácil entender que el graciosete que grita “¡Fuego!” en el teatro para causar pánico no está tampoco “dando su opinión”; ni el que incita a apalizar a un ser humano está solo expresando “cómo opina que estará de dolorido el cuerpo de la víctima dentro de un rato”: están haciendo otra cosa (participar en la acción que creará cuerpos doloridos un rato después de sus gritos). Tampoco el que se pone a gritar en un cine o una conferencia, impidiéndonos a los demás disfrutar de ellos, está “expresando opiniones”: está produciendo ruido. Y hacerle callar no será ir contra su libertad de expresión, sino negarle el derecho a impedirnos a los demás escuchar. O, por poner un ejemplo más, el que se pone a persuadir a una niña de siete años de que mantenga una relación sexual con él, tampoco está “contándole sus ideas”: está insinuándosele, y esta es una acción que podemos perfectamente optar por prohibir.

En suma: cuando usamos el lenguaje para “hacer cosas”, naturalmente muchas de esas cosas que se hacen podrían ser ilegales o incluso punibles. Pero ello no afecta en modo alguno al derecho a usar el lenguaje para expresar opiniones, que debe permanecer ilimitado. Incluso aunque esas opiniones creen luego reacciones de ofensa en la gente: esas reacciones son ya cosa del ofendido (la prueba es que unos se ofenderá y otros no), no es la acción concreta que realizó el que meramente opinó.

Permítame el lector (como no estamos en Canadá, no preciso decir también lectora, lectore, lectoro y lecturu) que concluya este artículo con un pequeño acertijo. Su fin es comprobar si ha comprendido a J. L. Austin sobre el lenguaje “performativo”. Ahí va:

En esta última frase del artículo afirmo que con ella acabo este artículo; ¿hago entonces acaso, amigo lector, un uso performativo del lenguaje al decir que termino cuando de hecho termino?

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España 155

Manuel Arias Maldonado

Foto: FRANCOIS LENOIR
Reuters

Tenemos tiempo -hasta la noche del lunes- para reflexionar sobre el paso sin precedentes que ha dado el gobierno con la activación del artículo 155 de la Constitución: en la vida, en fin de cuentas, siempre hay una primera vez. Pero salga lo que salga a estas alturas del Parlament, difícilmente se detendrá su aplicación, a pesar del carácter disuasorio implícito en la elucidación de las medidas que con él se proponen. Siguen unas notas al respecto.

1. Se ha venido discutiendo sobre si su aplicación está o no justificada, pues se interpreta que jamás hubo declaración de independencia; la última misiva del president vendría a confirmarlo. Sin embargo, el supuesto de hecho es incuestionable: tanto la violación de la Constitución que tuvo lugar en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre como el daño al interés general de España (y por tanto Cataluña) pueden darse por acreditados. Si no hubo declaración de independencia (aunque mal puede “suspenderse” lo que nunca se declaró), ha habido cuando menos amenaza reiterada de declararla; a lo que se suma un estado de excepcionalidad social marcado por la movilización civil y el deterioro económico, con el consiguiente daño para los derechos e intereses de los ciudadanos catalanes.

2. Por supuesto, hemos oído ya muchas cosas: que la aplicación del 155 es “un fracaso de España”; que el artículo en cuestión es puramente ornamental; e incluso que es un artículo inconstitucional. Pero el comprensible malestar que pueda producirnos a todos su aplicación no debería conducirnos a la incongruencia (un artículo inconstitucional dentro de la constitución), los buenos deseos sin concreción de alternativas plausibles (“se podía haber evitado”) o la fuenteovejunización (fracaso de todos). Hemos llegado hasta aquí porque un gobierno autonómico se ha rebelado contra el Estado y, habiendo gozado de numerosas oportunidades para dar marcha atrás, no lo ha hecho. Habría sido deseable que la larga tradición española del amotinamiento no hubiera sido recuperada por el Govern, pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Lo demás son paños calientes.

3. También la idea de que las medidas propuestas configuran un 155 hard pertenece al terreno de los buenos deseos, pues no se ha especificado en ninguna parte qué forma adoptaría un 155 soft. ¿O acaso puede intervenirse la autonomía, para devolverla a la legalidad, manteniendo en sus funciones a quienes la han vulnerado tan gravemente? Otra vez: que una medida nos disguste o abrume no significa que sea injustificada. Tampoco tiene mucho sentido pedir más concreción al artículo 155, pues su formulación ha de ser abierta; solo de ese modo podrá el gobierno de turno dar respuesta a un supuesto de hecho susceptible de adoptar muchas formas. En este caso, el pacto entre los partidos constitucionalistas está concebido para hacer frente a algo muy serio: la apropiación independentista de las instituciones catalanas y el empleo de todos los instrumentos públicos disponibles para la promoción de un fin -la secesión- que no cabe en el orden constitucional. Salta a la vista que ese fin se ha fomentado sin pausa mediante un ejercicio de persuasión colectiva basado en la propagación de una mentira tras otra. Aunque podemos formular el problema de otra manera: ¿de qué otro modo podría entonces el gobierno del Estado, en España o Alemania, desactivar la acción de un poder autonómico en rebeldía?

4. En un sentido puramente político, la respuesta del gobierno encaja con la definición del soberano que proporciona Carl Schmitt: soberano es quien decide en un estado de excepción. En otras palabras: quien ejerce el poder efectivo cuando reina el desorden. En nuestro caso, el Estado acaba de afirmar su poder porque otro poder, el del gobierno autonómico catalán, venía afirmándose como soberano desde los primeros días de septiembre. Sucede que el poder estatal es aquí poder legítimo, pues sus acciones están amparadas por la Constitución y las leyes e incluyen un conjunto de garantías que son propias del Estado de Derecho: entre ellas, la recurribilidad ante el Tribunal Constitucional y el derecho de intervención en el Senado de representantes de la autonomía intervenida. O sea que Schmitt sí, pero menos.

5. Asimismo, se ha cuestionado que el gobierno pueda cesar al president. Pero mal podría cumplir el artículo 155 su finalidad cuando el problema que motiva su aplicación es precisamente la conducta de un presidente autonómico. Es por eso que el texto constitucional habla de “adoptar las medidas necesarias”. O sea: no tendría sentido intervenir el gobierno autonómico manteniendo al primer responsable de su extravío constitucional. Se aduce, sin embargo, que ha sido votado democráticamente. Esto no es del todo cierto en el caso del señor Puigdemont, pero aun si lo fuera el argumento descansa en una concepción algo primitiva -o bastante poco liberal- de la democracia: ¿habría de mantenerse en el poder a cualquier dirigiente elegido por los ciudadanos, haga lo que haga con el poder que los votos le han conferido? Esto no lo admitía ni el iusnaturalismo medieval, que confería informalmente a los súbditos el derecho de rebelión allí donde el príncipe se convirtiera en tirano. Vox populi, vox dei? Ante el auge populista, volvemos siempre a la misma pregunta. Y a la misma respuesta: por supuesto que no. Esa implacable profesora que es la Historia nos ha enseñado de mil formas distintas que no puede sacralizarse la decisión popular. De ahí las cautelas contramayoritarias que distinguen a las democracias liberales: desde la división de poderes al imperio de la ley. Y es que ningún mandato democrático puede justificar un comportamiento destinado a vulnerar de manera grave el orden constitucional. Sea cual sea la cantidad de gente que salga a la calle para gritar lo contrario.

6. Con todo, una cosa es la pregunta sobre la oportunidad del artículo 155 y otra la pregunta sobre su eficacia. ¿Servirá para resolver el explosivo problema que tenemos entre manos? Se trata, me parece, de un debate distinto que no admite conclusiones tajantes; nadie lo sabe. Desde luego, el artículo no fue pensado sino para situaciones como ésta; que la ocasión misma se haya presentado es prueba irrefutable de su necesidad. Si bien se mira, solo cabía una alternativa: seguir esperando a que la situación alcanzase el grado de putrefacción. Pero ni la sociedad española ni la catalana podían seguir de manera indefinida pendientes de la conducta de un govern que ha perseguido -explícita y abiertamente- un objetivo inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Esto hay que recordarlo: se trata de un derecho inexistente para cuya promoción se han capturado las instituciones del autogobierno catalán y una parte nada desdeñable de sus presupuestos públicos. Por supuesto, hay riesgos: desde el posible desorden público al resultado de las futuras elecciones autonómicas. Pero esos riesgos se derivan de la naturaleza misma del fenómeno secesionista y el gobierno, junto con los partidos que lealmente lo apoyan, no tiene más remedio que afrontarlos. Si es posible, con los ciudadanos detrás: porque ciudadanos concernidos somos y no meros observadores externos.

Son días vertiginosos, porque vértigo produce asomarse al abismo. Para algunos, la aplicación del artículo 155 supone de hecho arrojarse al vacío. Puede ser. Pero quizá algún día se vea como el primer paso atrás que evitó la caída: la de todos. Pronto, queramos o no, saldremos de dudas.

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Palabras que valen más que mil imágenes

Carlos Mayoral

Foto: JUAN MEDINA
Reuters

epónimo, ma

adj. cult. Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene un nombre con el que se pasa a denominar un pueblo, una ciudad, una enfermedad, etc.

El otro día, mientras hojeaba el libro ‘50 fotografías con historia’ que edita Signo Editores (recomendadísimo), me dio por pensar en la extraordinaria habilidad que tienen algunos nombres para permanecer en el recuerdo, anclados en una imagen. Algunos, incluso, traspasan el objetivo para colarse en los diccionarios, quedándose para siempre en el imaginario popular. Son los llamados epónimos, y no descarto que por culpa de este contexto que hoy pisamos heredemos un “rajoyesco”, un “puigdemontar”, o vaya usted a saber. Vivimos en un mundo que cada día tiene más capacidad de asimilar epónimos, sobre todo si el que lo inspira es un personaje que transmita surrealismo, absurdez, locura, irracionalidad, insensatez. Así que, mezclando epónimo y contexto, me dispuse a buscarle título a esta columna. Rápido surgió la primera opción, que rezaba: “Política kafkiana”. Si kafkiano es, según la RAE, “Dicho de una situación: Absurda, angustiosa”, pensé yo que con el epónimo bastaba para definir el escenario. No parecía buena idea: sobraban cerca de cuatrocientas noventa palabras para completar las quinientas que me exige el editor para cobrar debidamente por un texto.

Así que intenté avanzar y, fíjense, que se cruzó por mi horizonte el siguiente encabezamiento: “Escenario dantesco”, pero de nuevo el problema se me presentó en forma de concreción. Sólo hay que echarle un ojo a la definición académica: “Que causa espanto”. Asustado por el poder de la palabra, que por sí sola estaba bastando para resumir el sindiós, decidí elegir cualquier otra, que de epónimos está lleno el mundo. Sin tardar me crucé con una nueva posibilidad en el horizonte: “Realidad maquiavélica”. En este caso, el problema era contrario, el titular se mostraba poco concreto. Dado que “El Príncipe” de Maquiavelo es un tratado para gobernantes canallas, no supe bien a cuál de los actores asignar un papel tan predominante. Fíjense que es todo tan rocambolesco, que siguen sobrando decenas de palabras. Por cierto, también hubiera sido una opción utilizar este adjetivo, “rocambolesco”, que según la Academia etiqueta a todo lo exagerado e inverosímil, palabras rabiosamente actuales, y que nos llega gracias a Rocambole, personaje creado por Ponson du Terrail, aquel novelista francés. Intentando no perderme entre escritores decimonónicos comprendí que, como en cualquier pregunta moderna, la respuesta tenía que estar en los clásicos, Así me topé, debo reconocerlo, con el epígrafe perfecto: “Futuro pírrico”. Muy certero este Pirro, que dejó escrito en el diccionario que pírrica es esa victoria que acaba con más daño para el vencedor que para el vencido. Con esta conclusión tan cruel cubrí el número de palabras exigido por el editor. Una cosa quedaba clara: hay palabras e imágenes que valen más que mil columnas.

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Llegó el 155

Melchor Miralles

Foto: Francisco Seco
Reuters

Era inevitable. Ya llegó el 155. Puigdemont y los suyos estarán celebrándolo. Han puesto todo de su parte. Ahora veremos lo que sucede. Es un artículo de la Constitución, como tantos otros, sin desarrollar, y dependerá de la resistencia que apliquen las autoridades, o sea, la Generalitat, que genere incidentes o no. Si cada uno cumple con sus obligaciones no sucederá nada más que seguirá aplicándose cada día la legislación que se han dado los catalanes.

Hay más de uno y de dos entre los independentistas que quiere jaleo, resistencia, más palos, fotos de altercados para ocupar escaparate en la prensa internacional y nacional. El papel de los Mossos d’Esquadra, de los mandos, va a ser esencial.

El Gobierno no tenía otra alternativa. Incluso es probable que haya puesto en marcha la maquinaria con retraso. El 155 no suspende la autonomía catalana, es un artículo que pretende que se cumpla la legalidad vigente. No es un Estado de sitio, excepción o guerra, como algunos quieren hacer ver. Lo que se pretende con su aplicación es que aquellas autoridades autonómicas que no están cumpliendo con sus obligaciones sí lo hagan, es, en definitiva, restablecer la normalidad democrática y garantizar que se respetan las leyes.

Si la Generalitat no desobedece, como viene siendo habitual desde hace tiempo, no pasará nada más en Cataluña que los ciudadanos tendrán garantías de que se cumplen la Constitución y el Estatuto en su territorio. Así de difícil y así de complicado, a la vez. El 155 que ya ha llegado.

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La fe política

Gregorio Luri

Foto: Gonzalo Fuentes
Reuters

Cuando la fe religiosa impregnaba el ambiente, depositábamos pocas esperanzas en la política. Teníamos por evidente que las cosas humanas son sui generis y que el futuro siempre llega con sorpresas. Así que confiábamos en el más allá para culminar la aspiración a la perfección que de vez en cuando nos tienta.

La fe política fue creciendo a expensas de la fe religiosa. La fe, cuando parece ausente, es que se ha ido a vivir a otro sitio, a las ideologías supuestamente laicas, por ejemplo. ¿Qué era Marx, sino un predicador que se dirigía al mundo desde un púlpito de creencias? “Esto es así”, clamaba. Pero cuando alguien de otra fe acudía a ver lo que es así, se encontraba con una jaculatoria.

Con el triunfo de la fe política se impuso la convicción de que para todo problema político hay en algún lugar una solución. Por eso el político que elevamos al poder es el que nos ofrece de manera verosímil las soluciones que no sabe que no tiene y lo bajamos en cuanto intuimos que ha descubierto que en las cuestiones políticas –digan lo que digan los profetas a posteriori- nunca sabemos muy bien ni cómo hemos ido a parar en un atolladero ni, cómo, en el caso en que lo consigamos, hemos logrado salir de él. Sabemos cómo hacerlo mal, pero no sabemos garantizar que nuestras buenas intenciones garanticen buenos resultados.

Para desesperación de los que asistían con una vela encendida al entierro de la historia, el predicador político sigue vivo y coleando. Esto del fin de la historia, dicho sea de paso, era la fe en que las categorías políticas ya no tenían nada que ver con las teológicas, pero estamos asistiendo a la entrega de la credibilidad colectiva a políticos que nos aseguran que están en condiciones de conseguir que todo lo que nos va mal nos vaya no ya bien, sino estupendamente y que, además, se muestran dispuestos a cualquier sacrificio por nuestro bien (¿no es esto, exactamente, el populismo?).

La fe, lejos de ser una muleta en la conciencia de los débiles, es la confianza ciega que los fuertes depositan en lo que admiran, sin darse cuenta de que lo admiran porque lo ilumina su fe. La fe precede al ver. De hecho, eso que vemos como mundo no es sino lo que nuestros dioses nos entregan a cambio de la fe que depositamos como ofrenda en sus altares.

Hoy por hoy, a los que vivimos en Cataluña nos separa el mundo que vemos: nos separan los hechos, lo obvio, las evidencias, las perogrulladas. Nos separa, radicalmente, nuestra manera de pensar sintiendo.

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