Paul Hanna

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Patrimonio Nacional da luz verde a la primera exhumación judicial de restos humanos en el Valle de los Caídos
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El juez José Manuel Delgado, titular del juzgado de primera instancia de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, dictó el pasado mayo un auto por el que se autoriza la exhumación de los restos de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Alatabás, originarios de Calatayud, que fueron asesinados por los nacionales en la Guerra Civil. En un primer momento, sus cuerpos fueron a parar a una fosa común del municipio aragonés pero posteriormente fueron trasladados al Valle de los Caídos, donde permanecen desde entonces.
Sus familiares solicitaron la recuperación de los restos y el juez atendió su petición argumentando que tienen derecho a darles una «digna sepultura», estableciendo así una decisión sin precedentes. Patrimonio Nacional, de quien depende la gestión del Valle de los Caídos, aseguró desde el primer momento que acataría la decisión judicial y este martes ha anunciado que dará luz verde a la exhumación en cuanto reciba la documentación oficial pertinente.

El CNI cuela a una espía como traductora en la Audiencia Nacional y la descubren
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Los indicios no han podido probarse aún, a la espera de que un informe de Microsoft demuestre que la traductora robaba información sensible de los equipos informáticos. La investigación comenzó con una denuncia en 2012, según informa Europa Press, y lleva más de un año parada el juzgado de Plaza de Castilla a la espera de que la empresa norteamericana aporte pruebas en su informe de que la traductora burló los protocolos de seguridad de varios ordenadores de la Audiencia Nacional. El juzgado ha pedido a la Fiscalía que declare la complejidad excepcional del caso y evite así el archivo de la causa.

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El informe, con 256 calles, propone la eliminación de todos los militares franquistas que intervinieron en la guerra, pero es la vertiente de intelectuales la que ha generado la polémica. Entre ellos, Pla, Dalí, Mihura o Jardiel Poncela. Según Carmena, «ninguna de esas calles están inmersas en pautas que hacen referencia a la Ley de Memoria Histórica». Los expertos aseguran que se han limitado a proponer los nombres en función de criterios históricos, y que la decisión final no les corresponde.

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