Los inversores pierden interés en España por la creciente inseguridad jurídica

España ha dejado de ser un destino atractivo para la inversión extranjera en momentos en los que la economía pierde fuelle y necesita más que nunca el empuje del capital foráneo. Diferentes firmas y bancos de inversión que desde nuestro país asesoran a empresas multinacionales confirman a THE OBJECTIVE el deterioro de las expectativas de los inversores.

Una pérdida de interés que ha ido en aumento en los últimos meses tras confirmarse una serie de decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez que -creen- son contrarias al espíritu inversor y atentan contra la seguridad jurídica que las empresas extranjeras buscan en los países donde desembarcan.

Estas firmas de inversión aseguran a este diario que iniciativas como el hachazo a las eléctricas, los cambios que se quieren realizar en la normativa laboral o los crecientes impuestos a las empresas tecnológicas, sumados a decisiones como ampliar la acción de oro del Gobierno sobre empresas estratégicas o el aumento de los costes energéticos por la aceleración de la transición ecológica han hecho insostenible el desembarco de capital extranjero.

Si a esto además se suma la situación económica que deja a España a la cola de la recuperación europea con crecientes índices de inflación, un PIB muy por debajo de lo pronosticado por el propio Ejecutivo y el evidente retraso en el reparto de los Fondos Europeos, las perspectivas no son nada halagüeñas para los intereses de los inversores.

Estas fuentes incluso van más allá y aseguran a este diario que esta situación ha generado que muchas grandes compañías hayan paralizado proyectos que hace un año esperaban poner en marcha en nuestro país. Proyectos en el ámbito de la manufactura, la industria y el desarrollo de materias primas, por poner algunos ejemplos.

Preocupación de Barclays y S&P

Y es que los inversores han perdido el apetito que hace un año existía por nuestra economía tras acabar los confinamientos. «Había ganas y mucho capital», dice un directivo de un banco de inversión, pero advierte que esa ola se ha acabado por las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

El último dato anualizado indica que la inversión extranjera directa en España mostró un 2020 con cierta estabilidad en comparación con 2019, ya que se elevó ligeramente hasta los 7.800 millones de euros, comparado con los 7.600 millones de un año antes, según el informe del Banco de España.

El bajón se ha comenzado a notar a partir del segundo trimestre de este 2021 y se reflejará en las próximas estadísticas oficiales

Una cifras que contrastaron con la caída del 38% a nivel mundial y que estuvieron impulsadas por el tirón del último trimestre. Sin embargo, el bajón se ha comenzado a notar a partir del segundo trimestre de este 2021 según las fuentes consultadas, algo que se reflejará en las próximas estadísticas oficiales.

Un informe publicado por Barclays esta semana confirma estos temores. En su análisis actualizado sobre el mercado energético avisó de que los vaivenes regulatorios en el sector eléctrico no han acabado en España y que éstos llevan a situar al país como el mercado europeo con más riesgo de fuga de inversiones.

En esta misma línea, a finales de septiembre S&P, la mayor agencia de rating financiero en el mundo, advirtió del riesgo de que las empresas se lleven inversiones fuera de España por la incertidumbre que genera la reforma energética que está llevando a cabo el Gobierno en España para frenar la escalada de los precios de la electricidad.

Reforma Laboral

Es precisamente esta guerra del Gobierno de Pedro Sánchez contra las empresas energéticas la que se lleva buena parte de las críticas de los inversores. En octubre se anunció un hachazo fiscal de 2.600 millones de euros a las empresas para intentar controlar el precio de la luz, aunque después de múltiples reuniones con el sector se logró revertir esta medida.

En cualquier caso, el hecho de que en sin previo aviso se pueda cambiar una legislación para obligar a los privados a costear medidas sociales es una coyuntura que inquieta a los inversores y que aleja cualquier interés por desembarcar en España.

En este mismo sentido encontramos la reforma laboral. El Ejecutivo mantiene una lucha interna entre con sus propios socios de Gobierno sin lograr cerrar un acuerdo con los sindicatos y menos con la patronal CEOE. El equipo de Pedro Sánchez se ha comprometido a la derogación de los aspectos considerados más lesivos de la reforma laboral de 2012 entre los que quiere eliminar la temporalidad y hacer mas rígido el mercado laboral. 

Pedro Sánchez se empeña en hacer guiños a las empresas tecnológicas extranjeras, la realidad es que sus últimas decisiones no hacen más que ahuyentarlas

El Gobierno ha propuesto contratos temporales ocasionales de hasta tres meses, con topes para este tipo de contratación según el tamaño de las empresas, una situación que no gusta a las empresas y que lógicamente encarece los costes de querer montar una sociedad en España o intentar poner en marcha un gran proyecto.

Un tercer elemento que afecta directamente a la inseguridad jurídica a la que se refieren los inversores es la situación de las empresas tecnológicas. Pese a que Pedro Sánchez se empeña en hacer guiños a las empresas tecnológicas extranjeras, la realidad es que sus últimas decisiones no hacen más que ahuyentarlas.

Cerco a las tecnológicas

A la ‘tasa Google‘ que desde este año grava los servicios digitales -y que solo ha recaudado 92 de los 750 millones de euros previstos- se ha sumado una serie de decisiones que afectan a las plataformas audiovisuales como Netflix o HBO. Hablamos de su incorporación a la tasa RTVE o la obligación de producir un 6% de su catálogo en catalán. Medidas que encarecen sus costes de operar en España.

En esta misma línea encontramos la ley rider que ha obligado a contratar directamente a los repartidores de plataformas como Glovo o Uber Eats, aumentando en 100 millones de euros sus costes, solo en cotizaciones. Una medida que ha generado que Deliveroo, el segundo actor del mercado, haya tomado la decisión de abandonar España desde este 29 de noviembre.

Pero hay otras decisiones estratégicas que también preocupan. Una de ellas es la extensión del plazo de la acción de oro del Gobierno, que le permite mantener el veto sobre la inversión de empresas europeas en empresas estratégicas hasta diciembre de 2023. Esta medida es vista por los bancos de inversión como un atentado a la libre competencia en Europa y, aseguran, es un mal precedente que politiza este tipo de movimientos en los que siempre debería regir un criterio técnico.

Muchos bancos de inversión han desaconsejado a multinacionales con intereses en estos sectores invertir en España

Otra decisión cuestionada es el esfuerzo por acelerar la transición ecológica que agrega costes estructurales a los procesos industriales, en medio de una crisis de precios, de suministros y de costes de la energía. Se critica que España vaya incluso mucho mas allá que Europa en sus decisiones para penalizar el coche de combustión y muchas industrias con este tipo de combustibles.

Se considera que esto afecta a otros sectores y pone freno al desarrollo a posibles inversiones en industrias como automoción, siderurgia o manufacturas. Precisamente muchos bancos de inversión han desaconsejado a multinacionales con intereses en estos sectores invertir en España en estos momentos.

Deterioro macroeconómico

A esto hay que sumar el deterioro económico. Hace dos semanas la Comisión Europea se posicionó junto a otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Airef o el Banco de España y enfrió las proyecciones macroeconómicas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Bruselas estima que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español será este año de un 4,6% y un 5,5% en 2022, casi dos puntos menos de lo que proyecta el Ejecutivo para este año (del 6,5%) y punto y medio (7%) el próximo. España pasa de liderar la recuperación a situarse en el vagón de cola.

Y los motivos tiene que ver con «los cuellos de botella del lado de la oferta, los precios galopantes de la energía, que están teniendo un impacto fuerte sobre la economía, y un consumo doméstico menos dinámico». España se enfrentará a unos meses muy complicados por los nuevos brotes de covid, aunque con una red de seguridad mucho menor que el resto de sus homólogos europeos.

En este sentido, los fondos Next Generation -el gran dinamizador de la recuperación- están perdiendo fuelle. Este periódico ya informó de que las grandes empresas no hay recibido todavía ningún euro de los 26.000 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado de este año y que el Ejecutivo negocia a contrarreloj con Bruselas para desbloquearlos, lo que ha generado descontento entre las compañías que esperaban contar con estos recursos al comenzar 2022.

En este sentido, hay especial preocupación con el PERTE del coche eléctrico, que espera repartir 4.300 millones de euros de inversión pública. Un proyecto que se presentó a Bruselas hace tres semanas y que todavía no tiene el aprobado oficial de la Comisión Europea. La idea es poder lanzar las principales convocatorias a finales de año, aunque en el sector se duda de los tiempos y los plazos.