Sánchez cedió a las presiones de Netflix por el riesgo de huida de los inversores

Netflix y las plataformas audiovisuales como HBO, Disney+ o Amazon Prime Video serán uno de los grandes ganadores de la Ley General Audiovisual que se enviará esta semana al Congreso de los Diputados. Una normativa que rebaja radicalmente la presión fiscal que originalmente iba a pesar sobre estos servicios de streaming, según los anuncios que el propio Ejecutivo realizó hace unos meses.

La cara más visible de esta situación ha sido la retirada a estas plataformas de la obligación de producir el 6% de su catálogo en catalán, pero hay otras decisiones que van en esta misma línea. Este diario ya contó el retraso de un año en la aplicación de la tasa de RTVE a estas compañías y también se ha caído de la Ley Audiovisual la normativa que les hubiese obligado a revertir los derechos de autor de los productores.

Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, este cambio se explica por las presiones que estas plataformas han ejercido en el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, representantes de asuntos públicos de Netflix y Disney llevan varias semanas visitando Moncloa para intentar suavizar la regulación.

Han sido semanas duras y con conversaciones que se han producido mucho antes de que estallara la polémica por el catalán. Conversaciones discretas y al más alto nivel incluso con la participación del propio presidente de Gobierno y en donde ha predominado el tono cordial.

Las plataformas han explicado que realizan grandes inversiones en el sector audiovisual y que en el resto de Europa no existe una presión fiscal como la que se planteó originalmente en nuestro país. No hablaron de abandonar España, pero sí de la incompatibilidad comunitaria de ciertas decisiones.

Nuevo caso Deliveroo

En este sentido, este diario ya publicó que Netflix y las plataformas tenían sobre las mesa informes que decían que era fácilmente recurriese ante Bruselas la obligación de producir en catalán que se había pactado con ERC.

Unas presiones que han surtido efecto ante el temor del Gobierno de que se genere una fuga de inversiones y una mala percepción de nuestro país ante los ojos del capital foráneo. Como ya contó este diario, los inversores extranjeros miran con preocupación a nuestro país por la creciente inseguridad jurídica que generan decisiones como elevar la carga fiscal a las empresas extranjeras.

En el caso de las grandes plataformas ya hemos visto el precedente del Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales -y que solo ha recaudado 92 de los 750 millones de euros previstos- que ha sido ampliamente resistido por Google o Facebook. Por tanto, elevar los impuestos a Netflix y sus homólogos habría sido la puntilla a un sector que desconfía de las recientes decisiones de Moncloa.

En el Gobierno quisieron además evitar otro caso Deliveroo, que se marchó de España por el impacto de la nueva Ley rider en sus cuentas. Esta norma impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha obligado a contratar directamente a los repartidores de plataformas como Glovo o Uber Eats, aumentando en 100 millones de euros sus costes, solo en cotizaciones. 

Sánchez y su equipo temen también que una normativa demasiado onerosa para Netflix y estas plataformas pueda poner en peligro los planes para crear un Hub Audiovisual en España. El Gobierno ha anunciado más de 1.600 millones de euros de inversión, además de subvenciones, exenciones y préstamos para que estos gigantes se instalen en nuestro país y lo utilicen de puerta de entrada y puente entre Latinoamérica y Europa.

Discurso ambiguo

En cualquier caso, el discurso de Moncloa de hace unos meses viene siendo bastante ambiguo. Por un lado, invitaba a estas plataformas a instalarse en España y por otro, afirmaba públicamente que su objetivo era lograr que tributasen en España por su actividad efectiva en nuestro país.

Netflix y HBO tienen sus sociedades matrices en Países Bajos y Holanda y en España solo tienen compañías filiales que no facturan toda su actividad real. Sin embargo, Netflix se comprometió a que desde el 1 de enero de este 2021 todos sus ingresos en España serán declarados localmente.

Siguiendo con el ejemplo de Netflix, el último dato que es que Los Gatos Entretenimiento (filial de Netflix en España) ingresó por sus servicios 11,8 millones en 202 y logró un beneficio de 650.000 euros. Se estima que la compañía no tiene menos de cuatro millones de abonados en nuestro país, lo que elevaría su facturación como mínimo a unos 30 millones de euros, solo por suscripciones.

En medio de este debate, el Gobierno prometió a las operadoras de telecomunicaciones en junio de este año que estas plataformas pagarían la tasa RTVE correspondiente al 1,5% de sus ingresos operativos. Una medida justificada en que los operadores deberían compartir estas obligaciones como sus homónimos locales.

Sin embargo, como publicó THE OBJECTIVE este miércoles, no tendrían que pagar hasta el año 2023. Según la Ley a la que ha tenido acceso este diario, las grandes plataformas se eximen de este pago doce meses más (hasta el 31 de diciembre de 2023) y RTVE gana tiempo ante una normativa que le quitaba 90 millones de euros de financiación.

Ley de Telecomunicaciones

En este sentido se enmarca además la polémica por el catalán. El Gobierno lleva más de un mes negociando esta cuota con ERC, un tiempo en el que también ha hablado con Netflix y con Bruselas. De todas estas reuniones, se concluyó que no era pertinente incluir a las empresas extranjeras en esta cuota del 6%, pese a que estuvo sobre la mesa durante gran parte de las conversaciones.

Pero hay un tercer caso en el que Netflix y las plataformas han impuesto su criterio. Originalmente la Ley General Audiovisual iba a incluir una cláusula que protegiese a los productores españoles ante los gigantes audiovisuales y que les devolvieres los derechos de sus series al cabo de un tiempo.

El objetivo era defender a las compañías locales que generasen los contenidos, específicamente programas de televisión y series; y hubiese obligado a Netflix, HBO o Disney+ a compartir los derechos de autor tras la adquisición de las series. Sin embargo, esta normativa se cayó finalmente de la Ley.

Hay un cuarto elemento que ha favorecido a los gigantes digitales, pero que está incluido en la Ley de Telecomunicaciones. En ella, el Ejecutivo descartó cobrar un nuevo tributo a Google, Facebook, Amazon y las grandes tecnológicas, al no incluirles en la tasa de Telecomunicaciones. Esto pese a que en la redacción original de la norma sí se incluían. Desde el gobierno se indicó que el impacto era tan bajo en estas empresas que consideraron pertinente retirarlo.