España desafía al FMI con su anuncio de alargar el descuento a la gasolina durante 2023
El Fondo pide que no se apliquen bajadas de impuestos ni se den subsidios generalizados. También aboga por ayudas directas para los más vulnerables
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. | Jorge Gil (Europa Press)
El Gobierno se plantea extender la bonificación de los carburantes más allá del 31 de diciembre y es algo que no gusta al Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo recomienda que no se apliquen bajadas de impuestos ni se pongan en marcha subsidios generalizados, como ocurre con el descuento de 20 céntimos por litro que se resposta de gasolina y diésel.
El Fondo aboga por que se ayude directamente a las familias más vulnerables, ya sea con subsidios puntuales o ampliando de forma temporal el presupuesto de los programas sociales. En su opinión, las ayudas generalizadas son injustas porque benefician a los hogares con mayor poder adquisitivo. «Los hogares de ingresos más altos tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos», apunta.
En este sentido, argumenta que «las señales de precios son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten e inducir una respuesta de la demanda, en la que los precios altos animen a las personas a ser más eficientes energéticamente». También considera que las cuentas de los países no pueden permitirse dar ayudas generalizadas ante la elevada deuda a causa de las medidas extraordinarias que se han puesto en marcha por la pandemia.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha sido la encargada de anunciar que el Ejecutivo podría seguir aplicando el descuento el año que viene, en el que habrá elecciones generales, así como autonómicas y municipales. No obstante, no ha aclarado si será otra prórroga más o se reconvertirá la medida. Fuentes del Ministerio de Hacienda consultada por THE OBJECTIVE tampoco han resuelto la duda. «En su debido momento se valorarán las opciones», manifiestan.
La gasolina también divide al Gobierno
La rebaja, en vigor desde el 1 de abril, también ha creado polémica en el seno del Gobierno por la manera en la que se aplica. Unidas Podemos viene defendiendo que se modifique el decreto de los carburantes para adaptarlo a la realidad social y económica de los usuarios. Esto supondría que se hiciera un descuento progresivo en función de la renta. Hasta ahora es lineal e igual para todos los usuarios.
El litro de gasolina de 95 cuesta actualmente 1.797 euros de media, mientras que el litro de diésel se eleva a 1,808 euros. Pese a que estos precios están casi intactos en comparación a cómo terminaron la semana pasada, desde que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania el combustible ha subido casi de manera sistemática y ha llegado incluso a romper la barrera de los dos euros por litro, ‘comiéndose’ el descuento de los 20 céntimos.
Por otro lado, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha sugerido tanto eliminar la bonificación general al precio de los carburantes como las rebajas de los impuestos sobre la electricidad, al tiempo que se redirigen los recursos ahorrados hacia medidas de apoyo a rentas bajas y medias, incluyendo una reducción transitoria de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de renta y la reflactación de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada.
En concreto, considera que estas medidas tienden a estimular la demanda de energía y a ralentizar el ajuste de empresas y familias ante la nueva situación. Además, un estudio de Esade, en el que se analizan los datos diarios de precios de la gasolina y del diésel desde finales de 2021 y hasta mediados de junio de las más de 11.000 gasolineras españolas, refleja que la entrada en vigor de la bonificación supuso un incremento de precios que «no se puede explicar con la evolución que han seguido sus principales componentes, la cotización de los productos petrolíferos y el tipo de cambio».
«Las gasolineras que han capturado una mayor parte de la bonificación han sido las independientes y, en menor medida, las distribuidoras minoristas que forman parte de la red de las grandes compañías», asegura. Durante las dos primeras semanas de aplicación, todos los productos vieron caídas de sus precios sin descuento de entre un 1% y un 2%. Según Esade, a partir del 15 de abril y hasta el 10 de mayo, los precios volvieron a su tendencia ascendente, con una subida particularmente fuerte en el gasóleo tipo A y la gasolina 95, situando el rango de precios entre 1,9 y 2 euros por litro.
Esto choca con la conclusión de la CNMC. El organismo que preside Cani Fernández afirma que las estaciones de servicio no se están apropiando de la bonificación y subraya que el descuento se está trasladando al consumidor. Destaca así que el encarecimiento de los precios en las gasolineras está ligado al alza de la cotización de los productos refinados en los mercados internacionales.
De su lado, el margen bruto de distribución de la gasolina 95 y el diésel, definido como la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de referencia, se sitúa «muy por encima» de los niveles prepandemia y cerca de la cifra récord de 26 céntimos de 2020. Está en una media de 25 céntimos por litro, mientras que entre 2011 y 2018 estaba entre los 14 y 19 céntimos, respectivamente.
El 40% de estaciones, independientes
Actualmente, existen estaciones de servicio en España divididas entre instalaciones independientes, sin contrato de exclusividad de suministro con un operador al por mayor de productos petrolíferos; instalaciones abanderadas, integradas en la red de distribución de operadores al por mayor con gestión de un distribuidor minorista, y gasolineras de operadores al por mayor.
Según los últimos datos disponibles, las primeras suponen un 40% del mercado, mientras que los otros dos grupos completan el 60% restante. Dentro de este último destaca Repsol, operador con mayor presencia en el mercado con un 25% de las instalaciones de suministro. Le siguen Cepsa, con un 12,5%, y BP, con un 6,6%. En conjunto, estas tres compañías suman más del 40% de las estaciones de servicio.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES) se queja de que muchas de sus gasolineras asociadas no han cobrado aún las cantidades que han tenido que adelantar para atender el descuento. Su presidente, Nacho Rabadán, asegura a este diario que las 4.000 gasolineras integradas en la patronal han tenido que adelantar una media de 35.000 euros para hacer efectiva la rebaja.
También resalta que los empresarios se han visto obligados a pedir créditos para poder adelantar la bonificación, hacer frente a unos gastos informáticos de 3.000 euros por estación para adecuar la emisión de las facturas y asumir los gastos de personal extra necesario para cubrir la demanda creada.
